El debate sobre el Presupuesto General de la Nación para 2026 arrancó en las comisiones económicas del Congreso con un monto inicial de 557 billones de pesos.
Durante la sesión, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, explicó que esa cifra representa un aumento del 5,9 % frente a la apropiación de 2025.
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Según el funcionario, gran parte de ese valor está destinado a cubrir gastos que no pueden modificarse, como las transferencias del Sistema General de Participaciones, los intereses de la deuda, la nómina del sector judicial, las pensiones, la salud y los salarios de la Fuerza Pública.
De acuerdo con la proyección oficial, los compromisos inflexibles equivaldrán al 93,7 % del presupuesto en 2025 y al 91,4 % en 2026. Esto significa que solo un pequeño margen quedará disponible para inversión y programas nuevos. No obstante, las cuentas del Ministerio de Hacienda señalan que de los 557 billones planteados para 2026, únicamente habría certeza sobre 530 billones, por lo que se necesitaría una nueva ley de financiamiento para completar los 26,3 billones restantes.
La iniciativa tributaria que acompañaría el presupuesto incluiría cambios en el IVA para bienes y servicios consumidos por personas de altos ingresos, así como modificaciones en los impuestos al consumo de tabaco y licores. También contemplaría ajustes para aumentar la progresividad en renta y patrimonio, además de mayores gravámenes ambientales y de salud pública, conocidos como “impuestos verdes” y “saludables”.
En representación de la Contraloría, Alejandro José Ovalle, director de Estudios Macroeconómicos de la Delegada de Economía y Finanzas Públicas, intervino en el debate y subrayó que el presupuesto del próximo año, al igual que el de 2025, se discute en medio de un amplio margen de incertidumbre. Recordó que el de este año ya enfrentaba un faltante de 12 billones de pesos, mientras que el de 2026 presenta un desbalance superior a los 26 billones. “Esto nos debe llevar a reflexionar sobre la capacidad de hacer una buena planeación en el gasto del Estado”, advirtió el funcionario.
Ovalle añadió que el proyecto contempla un crecimiento de los ingresos de apenas 3,3 % anual, siempre que se apruebe la reforma tributaria. Sin esa ley, el incremento proyectado sería del 8,4 %, cifra que no coincide con el ritmo esperado de la economía, estimado en 2,7 % para 2025 y 3 % en 2026. Según la Contraloría, durante la primera mitad de 2025 el Producto Interno Bruto avanzó 2,4 %, por lo que alcanzar la meta oficial requerirá un repunte considerable en la inversión.
Otro punto señalado por el organismo de control es la falta de coherencia entre el presupuesto y el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP), presentado dos meses atrás. En dicho documento se proyectaba que los ingresos tributarios pasarían de 281,4 billones en 2025 a 321,6 billones en 2026, lo que implicaría un aumento del 14,3 %. Sin embargo, en el proyecto de ley radicado en el Congreso se estipula que los ingresos por impuestos serían de 307,3 billones en 2025 y de 301,8 billones en 2026, lo que en realidad representaría una caída del 1,8 %.
“Ese desfase no permite tener certeza para determinar si el presupuesto es o no consistente. Además, en esas cuentas no está claro el efecto del incremento de las autorretenciones decretadas en mayo de 2025″, indicó Ovalle.
A la incertidumbre se suma el aumento de 52 % en la proyección de deuda externa, que pasaría de 37 a 57 billones de pesos. En contraste, los “otros recursos de capital” disminuirían 5,7 %, al pasar de 144,5 billones a 136,3 billones. Según la Contraloría, estos dos rubros, sumados a los ingresos de la reforma tributaria aún no tramitada, generan un nivel de riesgo en el financiamiento del presupuesto por 34,5 billones de pesos.
De esa suma, 26,3 billones corresponden a la expectativa de la nueva ley de financiamiento y 8,2 billones al descenso de los recursos de capital. Para el ente de control, esta situación refleja un escenario de fragilidad en la planeación de las finanzas públicas y un reto adicional para el Congreso, que deberá evaluar las cuentas con rigurosidad durante los debates.
Mientras avanza la discusión legislativa, el Ministerio de Hacienda insiste en que el presupuesto busca mantener la sostenibilidad fiscal y garantizar recursos para el gasto social, a pesar de las limitaciones que impone la rigidez del gasto público. La Contraloría, en cambio, recalca que el proceso debe acompañarse de mayor coherencia técnica entre las proyecciones económicas y el plan de gastos del Estado, con el fin de evitar vacíos que dificulten el cumplimiento de las metas fiscales en 2025 y 2026.
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