Así es el complejo de minería ilegal en Tolima que financiaba a disidencias con 2.300 millones de pesos al mes

En un operativo conjunto, las autoridades intervinieron un sofisticado complejo de minería ilegal en Tolima que producía 6.000 gramos de oro mensuales y generaba para las disidencias ingresos cercanos a los 2.300 millones de pesos cada mes. Esta estructura, ubicada en las márgenes de la quebrada Polecito en el municipio de Ataco, era uno de los principales motores de financiamiento para el frente Ismael Ruiz, facción residual de las antiguas FARC.

Las operaciones ilícitas incluían deforestación, contaminación de aguas y un uso intensivo de maquinaria pesada, con impactos ambientales considerados muy graves por los organismos de control.

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El operativo fue resultado de una acción coordinada entre el Ejército Nacional, la Policía Nacional, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Corporación Autónoma Regional del Tolima (Cortolima). El mayor César Humberto González, comandante del Batallón de Despliegue Rápido número 13, precisó que la intervención permitió la captura en flagrancia de seis personas, quienes fueron sorprendidas mientras extraían oro con retroexcavadoras y clasificadoras sin autorización ambiental ni técnica.

Las indagaciones establecieron que del total de las ganancias, aproximadamente 230 millones de pesos iban directamente a las finanzas del grupo armado Frente Ismael Ruiz. Este grupo ejercía actividades de intimidación, extorsión y amenazas sobre comerciantes, campesinos y transportadores de Ataco, Planadas, Rioblanco y Chaparral. La maquinaria decomisada estaba avaluada en más de 1.120 millones de pesos, y los implicados fueron puestos a disposición de la Fiscalía por explotación ilícita de yacimientos mineros y otros delitos medioambientales.

La infraestructura intervenida abarcaba un área de aproximadamente 350 metros cuadrados, donde se realizaban excavaciones a cielo abierto en al menos dos puntos diferentes dentro del municipio. Personal de Cortolima constató que la operación usaba dos retroexcavadoras, una clasificadora tipo canalón y una piscina de lavado de mineral, lo que provocaba vertimientos directos sobre la quebrada Polecito y alteraciones significativas del ecosistema acuático. Especialistas explicaron que la afectación incluía pérdida total de cobertura vegetal, erosión severa del suelo y emisiones persistentes de material particulado.

La coordinadora de control y vigilancia de Cortolima, Zulyana Sánchez, afirmó que la recuperación de la zona podría requerir hasta 30 años, dada la magnitud del daño ambiental. Esto debido a que, la remoción con maquinaria pesada y el vertimiento de residuos han generado impactos graves sobre la biodiversidad, el aire y la calidad del agua que abastece los acueductos rurales y la irrigación agrícola. Controladores ambientales de la entidad verificaron alteraciones en el relieve natural, así como la pérdida de especies vegetales nativas y modificación del paisaje de forma irreversible.

Los propietarios del predio y los responsables de la maquinaria quedaron vinculados tanto a un proceso administrativo sancionatorio por parte de Cortolima como a un proceso penal adelantado por la Fiscalía General de la Nación. Los procedimientos legales buscan sancionar los daños ambientales y el aprovechamiento ilícito de recursos naturales.

La operación contó con la presencia de los soldados del Batallón de Despliegue Rápido N.° 13 y la supervisión de técnicos ambientales, quienes trabajaron para asegurar la detención de los implicados y el decomiso inmediato de toda la maquinaria. Las fuerzas de seguridad advirtieron que golpean de manera significativa las finanzas de los grupos armados al margen de la ley y, al mismo tiempo, contienen la destrucción de recursos renovables esenciales para la región.

Se estima que la estructura criminal lograba extraer oro con maquinaria de gran porte, afectando la fuente hídrica y aumentando el riesgo de sedimentación, contaminación y pérdida de fauna marina y ribereña. Los reportes oficiales recalcan que la amenaza sobre los recursos afecta directamente a la seguridad alimentaria y sanitaria de las comunidades rurales, cuyas actividades agrícolas y de consumo dependen de la quebrada Polecito y otras fuentes vecinas.

Las autoridades anunciaron que continuarán las labores de control, vigilancia y judicialización en el sur del Tolima, a fin de prevenir que estructuras similares se restablezcan.