Armada Nacional podría asumir funciones de policía judicial: así lo plantea nuevo proyecto de ley del Gobierno

Ante el Congreso de la República, los ministros de Justicia, Eduardo Montealegre, y de Defensa, Pedro Sánchez, radicaron el proyecto de ley que crea el Procedimiento Especial de Interdicción Marítima (Peimar), una norma que busca dotar a la Armada Nacional de un marco legal innovador para combatir el crimen organizado en altamar y blindar jurídicamente las operaciones contra fenómenos como el narcotráfico, la trata de personas, la pesca ilegal, la piratería y el contrabando.

La iniciativa contempla la asignación de funciones de policía judicial especiales y restringidas al Cuerpo de Guardacostas, con el fin de que pueda realizar capturas, inspecciones, manejo de evidencia y audiencias virtuales desde las unidades navales, sin necesidad de suspender operaciones ni regresar de inmediato a puerto.

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Según el ministro de Justicia, “con este proyecto tenemos una innovación importante porque se le otorga facultades de policía judicial ordinaria a la Armada Nacional para evitar delitos de narcotráfico y hacer operativos en situaciones de flagrancia y cuasi flagrancia, o cuando exista alguna evidencia que le permita a la Armada inferir que se está cometiendo ese delito”.

De acuerdo con la cartera del Gobierno, Colombia cuenta con un extenso territorio marítimo: cerca del 40% del total nacional corresponde a sus mares, por donde transita el 98% del comercio exterior y el 85% del tráfico marítimo del canal de Panamá. Estas condiciones hacen que el país esté expuesto a delitos de alcance transnacional que requieren respuestas inmediatas y coordinadas.

El Peimar, según el proyecto, se diseñó para responder a esta realidad, pues establece que las capturas realizadas a más de 24 millas náuticas deberán legalizarse en un máximo de 36 horas, y se garantizará el respeto de los derechos fundamentales mediante audiencias concentradas virtuales con jueces de control de garantías. De esta manera, se cumple con los estándares internacionales en derechos humanos y se evita interrumpir las misiones de patrullaje y control marítimo.

El texto legislativo establece además un esquema de tres fases: la señal de detener máquinas, la visita e inspección de la nave, y el sostenimiento de la operación naval cuando existan incautaciones o capturas. Con esto, la Armada podrá mantener su presencia en las áreas asignadas sin comprometer la seguridad nacional ni la cadena de custodia de las pruebas.

La propuesta también articula a la Armada con la Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial, con el fin de coordinar el manejo de evidencias y la certificación del personal de guardacostas en funciones de policía judicial. Así, se buscará evitar vacíos legales que en el pasado han debilitado procesos penales derivados de operaciones marítimas.

Contexto: de la jurisprudencia a la política antidrogas

La iniciativa responde a vacíos normativos señalados por la Corte Constitucional en fallos como la sentencia C-239 de 2012, que definió los límites de la interdicción marítima y subrayó la necesidad de garantizar el habeas corpus y el respeto al debido proceso en capturas realizadas en altamar.

En ese sentido, el proyecto también se inscribe dentro de la Nueva Política Antidrogas 2023-2033, que prioriza la judicialización de los eslabones más fuertes de la cadena del narcotráfico. Según datos oficiales, cerca del 80% de la cocaína que sale de Suramérica lo hace por vía marítima, lo que convierte a este escenario en un frente estratégico.

Entre 2019 y 2024, la Armada reportó la incautación de más de 572.000 kilogramos de cocaína, 99.000 kilogramos de marihuana y 636 armas de fuego. Además, rescató a 411 personas víctimas de trata o migración irregular y decomisó mercancía de contrabando por un valor superior a 68 mil millones de pesos. Estas cifras reflejan la magnitud del reto y la urgencia de fortalecer jurídicamente las operaciones.

De ser acogido el proyecto en el Congreso; la Armada deberá incorporar las capacidades tecnológicas y entrenar a su personal para aplicar el Peimar con plenas garantías legales y respeto por los derechos humanos.