Abogado de la familia de Miguel Uribe Turbay denunció a la Segunda Marquetalia y al ‘Zarco Aldineve’

El abogado Víctor Mosquera, apoderado de la familia de Miguel Uribe Turbay confirmó a que radicó ante la Fiscalía General de la Nación una denuncia penal contra José Manuel Sierra Sabogal, alias Zarco Aldinever, y contra la disidencia de las Farc conocida como Segunda Marquetalia, por el magnicidio del senador y precandidato presidencial.

La familia reconoció los avances obtenidos por la Fiscalía General de la Nación, destacando que “la reciente diligencia de adición de imputaciones y las seis capturas logradas son avances significativos que, décadas atrás, habrían sido impensables”. El equipo de defensa resaltó la coordinación con el ente investigador, que ha incluido reuniones semanales para fortalecer el proceso. Sin embargo, advirtieron que el reto pendiente es identificar y judicializar a los determinadores del magnicidio.

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“Este crimen se cometió por motivos políticos”: Defensa de Miguel Uribe Turbay

El atentado contra Miguel Uribe Turbay ocurrió el sábado 7 de junio de 2025 en la localidad de Fontibón, Bogotá, cuando participaba de un acto de campaña. Recibió tres disparos, dos de ellos en la cabeza, que lo dejaron en estado crítico. Tras ser atendido inicialmente en la clínica Medicentro, fue remitido a la Fundación Santa Fe, donde permaneció más de dos meses bajo intensos cuidados médicos y múltiples intervenciones quirúrgicas. Finalmente, falleció en la madrugada del lunes 11 de agosto.

Dada la magnitud del crimen, el abogado explicó que la familia insiste en elevar el caso a la categoría de crimen de lesa humanidad: “La familia de Miguel Uribe Turbay pide justicia y esa justicia se materializa elevando este hecho atroz a un crimen grave bajo los estándares del derecho internacional penal. Es decir, el crimen de lesa humanidad. Está claro que este crimen se cometió por motivos políticos, fue sistemático y se atentó y cegó la vida de uno de los principales candidatos de la oposición a ocupar la presidencia de Colombia”.

Mosquera detalló que la denuncia busca que la Fiscalía no solo investigue los señalamientos hechos por el ministro de Defensa y el director de la Policía, sino que amplíe la investigación a todos los involucrados. “(...) que esto se extienda frente a los autores materiales y las demás personas que han estado involucradas en este hecho atroz”, precisó.

Asimismo, Mosquera advirtió que no se permitirá que el proceso se vea contaminado por hipótesis sin respaldo formal. “Nosotros estamos a favor de que se revisen todas las líneas lógicas de investigación. Lo que estamos es en contra de la obstaculización del proceso o que se den teorías en medios, pero que no se soporten ante los organismos competentes, es decir, de la Fiscalía General de la Nación”.

Y agregó: “Por eso solicitamos a la Policía, al Ministerio de Defensa y a quien tenga pruebas reales de quién está detrás de este horrendo crimen, lo remitan a la Fiscalía General de la Nación para que sea esta quien conduzca la investigación”.

Rechazo a declaraciones revictimizantes

La familia subrayó que Colombia no enfrentaba un crimen de lesa humanidad con estas características desde hace más de tres décadas y que el Estado tiene la obligación de aprender de los errores del pasado para evitar su repetición. Según el comunicado emitido por el abogado de Miguel Uribe Turbay, este proceso debe investigarse con el más alto rigor, corrigiendo las falencias que marcaron casos similares.

Además, rechazaron “de manera contundente” las declaraciones revictimizantes del jefe de Despacho del presidente Gustavo Petro, Alfredo Saade, que en los últimos dos meses insinuó que el senador “estaba caminando en Santa Fe” y comparó el atentado con “el riesgo de montar bicicleta”.

La familia calificó estas afirmaciones, y otras provenientes del propio presidente, como “inaceptables y contrarias al respeto que las autoridades deben a las víctimas”.

El mensaje final del equipo legal fue claro: no se trata de buscar venganza, sino de obtener verdad, justicia y garantías de no repetición. “Este caso marcará un precedente en la defensa de la vida, la democracia y el Estado de Derecho en Colombia”, concluyeron.