En medio de tensiones diplomáticas entre Colombia y Perú, un juez peruano ordenó la detención preliminar por siete días de los ciudadanos colombianos Jhon Wilington Amias López y Carlos Fernando Sánchez Ortegón, que fueron arrestados el martes 12 de agosto en el distrito de Santa Rosa de Loreto, en la zona de triple frontera entre Colombia, Perú y Brasil.
Ambos hombres, contratistas topográficos, fueron detenidos por presuntamente realizar trabajos de medición de forma irregular en territorio que las autoridades peruanas consideran de su soberanía.
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El juez César Vela, del Juzgado de Paz Letrado de Ramón Castilla, emitió la medida alegando que su presencia es necesaria mientras se adelantan las diligencias preliminares de una investigación por el presunto delito de atentado contra la soberanía nacional, que en Perú puede estar relacionado con actos encaminados a someter al país a dominación extranjera.
“Se evidencia de manera objetiva que los imputados, en caso de ser hallados responsables del ilícito penal que se les atribuye, podrían huir del accionar de la justicia”, dijo el magistrado durante la audiencia virtual. La detención se extenderá hasta el 19 de agosto, mientras avanza la recopilación de pruebas por parte de la Fiscalía peruana.
Según se conoció, los colombianos estaban realizando labores técnicas con equipos GPS cuando fueron sorprendidos por las autoridades. Según la versión de los detenidos, fueron enviados por el Gobierno colombiano para realizar mediciones, sin saber que requerían un permiso especial para operar en territorio peruano.
“Solo nos enviaron a tomar mediciones, no sabíamos que era necesario un permiso especial”, declaró uno de los topógrafos a medios locales, restando intencionalidad política a sus acciones.
Sin embargo, para el Gobierno del Perú, estos hechos no son aislados ni inocentes. En un comunicado del 13 de agosto, la Cancillería expresó su “más firme y enérgico rechazo a las recientes declaraciones del presidente Gustavo Petro, que pretenden desconocer la soberanía peruana sobre la isla Chinería”, y denunció una “sucesión de actos de provocación” por parte de ciudadanos colombianos en la zona fronteriza.
El caso escaló a nivel diplomático, luego de que Petro calificara la detención como un “secuestro ilegal”. A través de su cuenta en la red social X, Petro cuestionó la legitimidad de la acción peruana y puso sobre la mesa una vieja disputa fronteriza.
“La detención de los contratistas colombianos en la isla de Santa Rosa es ilegal. Es un secuestro. Colombia considera que la isla de Santa Rosa no ha sido adjudicada de acuerdo con el Protocolo de Río de Janeiro”, publicó el mandatario.
El presidente hizo referencia al tratado de 1922 entre Colombia y Perú, que definió la frontera amazónica y le otorgó a Colombia acceso al río Amazonas a través del llamado Trapecio Amazónico, donde se encuentra la ciudad de Leticia. Sin embargo, Colombia sostiene que Santa Rosa, al ser una isla fluvial formada posteriormente, no quedó claramente asignada en el tratado.
Por su parte, el gobierno peruano afirma que Santa Rosa de Loreto forma parte de la isla Chinería, bajo soberanía peruana desde 1929, y que la línea fronteriza fue claramente demarcada y reconocida internacionalmente.
Es preciso mencionar que, la localidad de Santa Rosa se encuentra en un punto geográfico clave: la confluencia del Amazonas donde se encuentran Leticia (Colombia), Tabatinga (Brasil) y Santa Rosa (Perú), en lo que se conoce como la triple frontera. El área, además de su valor estratégico, ha sido históricamente vulnerable a disputas territoriales y movimientos irregulares.
En cuanto a los colombianos detenidos, aunque no se ha detallado la posible duración del proceso, las autoridades del Perú indicaron que se llevarán a cabo “una serie de diligencias pertinentes” en el marco del procedimiento penal.
Pronunciamiento de la Cancillería colombina
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia manifestó su preocupación por la detención de los dos colombianos, surgida en el río Amazonas, resaltando que la única asignación territorial se hizo en 1929. Según el comunicado, la detención fue llevada a cabo por autoridades peruanas instaladas de manera unilateral, cuya legitimidad Colombia no reconoce en ese territorio.
La Cancillería informó que los ciudadanos estaban realizando trabajos técnicos vinculados a la expansión del muelle Victoria Regia de Leticia y no acciones relacionadas con reclamos territoriales. Por eso, Colombia rechazó las acusaciones de atentado contra la integridad de Perú e instó a liberar de inmediato a los detenidos.
El Gobierno colombiano, a través de su consulado en Iquitos, está interviniendo para asegurar que se respeten los derechos procesales de los connacionales y sus condiciones de detención, de acuerdo a acuerdos internacionales. Finalmente, Colombia reafirmó su intención de tratar el tema con Perú mediante canales diplomáticos, señalando los lazos históricos entre ambos países.
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