Las autoridades españolas confirmaron la captura de Catherin Román González, una mujer colombiana que durante años se hizo pasar por médica en diversas clínicas y hospitales del país, incluyendo la Clínica de la Policía Nacional y el Hospital Materno Infantil de Soledad, en el Atlántico.
La falsa doctora, que firmó más de 655 atenciones médicas, recetó medicamentos, diagnosticó enfermedades y suscribió actas de defunción durante la pandemia, fue detenida en Catarroja, Valencia, gracias a una orden de captura internacional emitida por Colombia y una circular roja de Interpol.
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Román, de 37 años, se convirtió en una de las mujeres más buscadas por las autoridades nacionales tras descubrirse que no solo usurpó una identidad para ejercer la medicina sin estudios, sino que también fue víctima de un engaño mayor: compró o utilizó documentos falsos proporcionados por otra mujer, que tampoco era médica. La estafadora fue, irónicamente, estafada.
De acuerdo con la investigación liderada por la Dijín y la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía, Catherin Román usó los documentos de Mayra Alejandra Zapata, supuestamente una médica con experiencia, para acceder a contratos laborales en plena crisis sanitaria por el covid-19.
Ambas mujeres eran amigas, y según confesó Román, pensaba que el título era legítimo. Pero las autoridades descubrieron que Zapata también falsificó constancias, diplomas y certificaciones, sin estar registrada en el Registro Único Nacional de Talento Humano en Salud (Rethus), el sistema que valida las credenciales profesionales del personal médico en Colombia.
Román no solo suplantó a Zapata. Ella firmó diagnósticos de pacientes —incluidos menores de edad—, atendió urgencias, prescribió tratamientos y firmó actas de defunción. Todo esto sin tener ninguna formación médica, ni conocimientos para desempeñar esas labores.
Contratos por más de $200 millones
Gracias a ese montaje, Román logró vincularse laboralmente con la Policía Nacional y con varias entidades públicas de salud en el departamento del Atlántico. De hecho, durante su tiempo en la Unidad Prestadora de Salud (Upres) del Atlántico, firmó más de 20 contratos y recibió alrededor de $163 millones de forma fraudulenta, según las autoridades.
En total, se calcula que el monto de sus estafas supera los $200 millones, sin contar los riesgos médicos y legales que implicó su actuación profesional sin licencia.
“Logró de manera fraudulenta y con dolo, timar los procesos de contratación, recibir millonarios pagos e incrementar su patrimonio de manera injustificada”, detallaron fuentes del proceso judicial.
Con base en lo revelado por una auditoría interna de la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional, se detectaron inconsistencias en las hojas de vida y certificaciones presentadas por Román, lo que encendió las alarmas.
Al cotejar los datos de Mayra Alejandra Zapata Gómez, descubrieron que, en realidad, quien ejercía funciones en la Clínica de la Policía no era ella, sino Román, una mujer cartagenera sin formación médica que había asumido su identidad.
El hallazgo derivó en la captura de Zapata Gómez y otros implicados, pero Román ya había salido del país.
Huida y captura en España
Una vez estalló el escándalo en 2023, Román huyó del país junto con su esposo e hijo. De acuerdo con las autoridades, se instaló en Valencia, España, y durante más de un año cambió de domicilio con frecuencia para evadir la acción de las autoridades.
Sin embargo, gracias a una investigación articulada entre la Policía Nacional de Colombia, Interpol y el Grupo de Fugitivos de la Policía Nacional española, Román fue ubicada y detenida en Catarroja, una localidad cercana a Valencia.
Ahora se encuentra bajo custodia, en espera de que la Audiencia Nacional española defina su situación jurídica y proceda con los trámites de extradición a Colombia, donde será imputada formalmente por los delitos de enriquecimiento ilícito de particulares, falsedad personal y ejercicio ilícito de profesión.
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