Judicializan a seis presuntos integrantes de red dedicada a captar menores con falsas ofertas de empleo para explotación sexual

La Fiscalía General de la Nación informó que en un establecimiento nocturno de Piedecuesta, en Santander, una red delictiva explotaba sexualmente a menores de edad en situación de vulnerabilidad que eran contactadas y atraídas a través de redes sociales con ofrecimiento laborales y altas remuneraciones económicas.

Según el ente acusador, niñas y adolescentes que creyeron en las ofertas y acudieron al lugar fueron alojadas en el sitio e inducidas a ejercer actos de tipo sexual a cambio de pagos que oscilaban entre los 40.000 y 50.000 pesos.

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Sin embargo, el dinero en realidad no lo recibían porque debían destinarlo para cubrir multas que les imponía la organización ilegal por proporcionarles hospedaje, alimentación, entre otros conceptos.

En el curso de la investigación se conoció que, para evadir los controles de las autoridades y evitar ser detectadas, las menores de edad recibían documentos de identidad nuevos en los que aparecían como mujeres mayores de 18 años.

Seis de los presuntos involucrados en esta actividad ilícita fueron capturados y presentados ante un juez de control de garantías.

Se trata de Jeison Eduardo Morales Moreno, Marisol Carrillo Villamizar, Carlos Antonio Ruiz Crespo, Yosbelys Carolina Alvarado Rodríguez, Johnny Alexánder Lucena Díaz y Sergio Luis Andrade Retamoza.

Un fiscal de la Seccional Norte de Santander, destacada para la lucha contra la trata de personas, les imputó los delitos de trata de personas y proxenetismo con menor de edad. Adicionalmente, a los dos últimos procesados les formuló cargos por concierto para delinquir y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

La Fiscalía precisó que estas seis personas deberán cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario.

Recientemente, el ente acusador informó que fue judicializado un implicado por almacenar y distribuir fotografías y videos de niños y adolescentes en actos sexuales.

Gracias a una advertencia de agencias de seguridad estadounidenses, las autoridades colombianas lograron identificar y llevar antes la justicia a un individuo en Casanare por la posesión y distribución de material sexual que involucra a menores de edad.

La persona procesada corresponde a Miguel Ángel Rodríguez Rodríguez, quien, según indicó la Fiscalía General de la Nación, habría empleado medios digitales para difundir imágenes y videos explícitos en los que aparecen menores.

El inicio de la investigación se dio tras una alerta de la Agencia de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos (HSI), la cual detectó publicaciones y envío de dicho material desde una cuenta asociada a un usuario colombiano radicado en el oriente del país.

El organismo judicial detalló que las tareas investigativas, en colaboración con la Dijín de la Policía Nacional, lograron determinar que Rodríguez Rodríguez operaba desde una vivienda en Villanueva, Casanare. La información reunida permitió establecer que el 10 de enero de 2025, el implicado habría almacenado 17 archivos en una nube privada y posteriormente compartió el acceso con contactos en varios países, facilitando así la visualización del contenido.

Durante las audiencias, la Fiscalía resaltó: “(...) No fue en una sola oportunidad que esta persona tuvo acceso a esa información, a ese material pornográfico, si no fue en diferentes horas y en más de 17 veces, que de acuerdo a esas imágenes, que fueron descritas y posteriormente fueron visualizadas en esta sala de audiencias, pues obviamente se puede considerar que ese actuar delictivo del señor Miguel Rodríguez Rodríguez, pues se ha venido presentando de una manera repetitiva. Esto hace que se constituya esa continuación de la actividad delictiva con ese material de tipo pornográfico donde se hallan involucrados niños, especialmente niñas, o sea de sexo femenino, con edades que corresponden a menos de 18 años”.

Frente a lo sucedido, una fiscal de la Seccional Casanare formuló cargos por pornografía con menor de 18 años y utilización ilícita de equipos de comunicación, aunque el acusado no admitió responsabilidad. Mientras se desarrolla el proceso, un juez de control dispuso su reclusión preventiva en centro penitenciario.

Durante el operativo de captura, las autoridades incautaron dispositivos electrónicos que ahora están bajo análisis forense. Las autoridades instaron a denunciar hechos similares y advirtieron sobre la severidad de este tipo de delitos, destacando la necesidad de colaboración internacional y participación ciudadana para combatir la explotación sexual infantil en línea.