Un decreto expedido por el Gobierno para adelantar el cobro del impuesto de renta mantiene en vilo uno de los programas bandera de articulación entre el sector privado y las comunidades más vulnerables: las obras por impuestos.
La norma, adoptada a finales de mayo de este año, genera preocupación entre gremios y expertos, quienes advierten que la medida podría afectar la viabilidad de nuevos proyectos en 2026.
La situación tiene origen en el Decreto 0572, firmado por el presidente Gustavo Petro y el ministro de Hacienda, Germán Ávila Plazas, el pasado 28 de mayo. Con esta disposición, el Ejecutivo modificó las tarifas de autorretención del impuesto de renta, con el propósito de reforzar las finanzas públicas.
El Ministerio de Hacienda presentó la medida como una estrategia para asegurar flujo de recursos, mejorar el recaudo y controlar la evasión tributaria, en medio de un panorama de caja ajustada que, según cálculos del grupo de Investigaciones Económicas del Banco de Bogotá, registraba un déficit de $6,5 billones hacia finales de junio, uno de los más bajos de los últimos cinco años.
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Sin embargo, el anuncio de la norma desató inquietud en diversos sectores productivos.
El Colombiano reportó que agremiaciones como la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) y la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif) alertaron sobre el riesgo de comprometer la liquidez de las compañías y generar complicaciones futuras para el fisco.
Según la Andi, presidida por Bruce Mac Master, la medida carecería de sustento técnico suficiente y podría derivar en efectos contraproducentes tanto para la Nación como para las empresas, que se verían forzadas a adelantar pagos que originalmente debían ejecutarse en 2026.
En la práctica, la autorretención anticipa el pago de obligaciones fiscales, de modo que las empresas empiecen a cubrir en 2025 el impuesto de renta correspondiente a 2026.
Para el Ejecutivo, esto representa un alivio a corto plazo que permitiría movilizar alrededor de $7,8 billones, de acuerdo con estimaciones iniciales.
No obstante, varias voces del sector privado sostienen que esta solución inmediata podría traducirse en menores ingresos para la próxima administración.
Uno de los impactos colaterales que empieza a ganar relevancia es el efecto de este adelanto en el esquema de obras por impuestos, un mecanismo contemplado en la legislación desde 2016.
Esta figura permite a empresas ejecutar proyectos sociales o de infraestructura en municipios priorizados —principalmente aquellos afectados por el conflicto armado o incluidos en planes de desarrollo territorial— a cambio de descontar hasta la mitad de su obligación por impuesto de renta.
El propósito es canalizar inversión privada hacia sectores como educación, salud, vías y servicios públicos, fomentando la presencia del Estado en zonas con altas necesidades.
En departamentos como Antioquia, donde esta herramienta ha tenido amplio desarrollo, existe preocupación por la forma en que la autorretención podría reducir la disponibilidad de recursos para nuevos proyectos.
Expertos consultados por El Colombiano señalan que al tener que anticipar pagos al fisco, muchas empresas podrían ver limitada su capacidad para participar en iniciativas bajo este esquema, o incluso desistir de estructurarlas.
Se teme que la experiencia de 2023, cuando algunas compañías se vieron obligadas a tramitar devoluciones de saldos a favor ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) debido a pagos excedentes, se repita o se agrave.
El mecanismo de obras por impuestos requiere que las compañías presenten proyectos viables y los ejecuten bajo lineamientos específicos, como localización en municipios Zomac (Zonas Más Afectadas por el Conflicto Armado) o territorios priorizados en los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (Pdet). La ejecución de estas iniciativas permite a las empresas acreditar el valor invertido como parte del pago de su impuesto de renta, pero si la obligación ya ha sido cubierta por anticipado, la viabilidad de nuevos proyectos se vuelve incierta.
En el sector privado la expectativa se centra en dos posibles vías de alivio: por un lado, que las demandas de nulidad presentadas contra el decreto prosperen ante la justicia; por otro, que el Ministerio de Hacienda evalúe ajustes normativos que permitan blindar el mecanismo de obras por impuestos frente al efecto adverso del adelanto de recaudo.
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