La Defensoría del Pueblo lanzó una alerta urgente sobre la grave situación humanitaria que enfrentan más de 5.000 personas en las zonas rurales de los municipios de Santa Rosa del Sur y Montecristo, en el departamento de Bolívar, a raíz del paro armado declarado por el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y la presencia del Clan del Golfo.
Según el pronunciamiento oficial divulgado a través de su cuenta de X (antes Twitter), la entidad detalló que los pobladores de los corregimientos de La Marizosa, San Lucas, Canelos, Villa Flor, Fátima y Buena Vista llevan aproximadamente doce días confinados. Durante este periodo, se ha reportado que las comunidades carecen de acceso a alimentos, combustibles y transporte, lo que agrava las condiciones de vulnerabilidad.
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La situación se complica aún más con la denuncia del secuestro de cuatro personas, presuntamente retenidas por los grupos armados ilegales que operan en la región. Frente a este escenario, la Defensoría hizo un llamado contundente a los actores armados: “Instamos a los grupos armados ilegales para que cesen inmediatamente toda conducta que ponga en riesgo la vida, la integridad de la población civil, sus bienes y afecte su movilidad”.
La magnitud de esta emergencia humanitaria exige una respuesta inmediata y coordinada por parte del Gobierno Nacional, encabezado por la Unidad para las Víctimas, así como de las entidades y autoridades territoriales. El propósito es articular con urgencia la atención humanitaria, garantizar el abastecimiento de alimentos y medicamentos, y restablecer la libertad de movimiento de las comunidades.
De acuerdo con los testimonios recogidos por la Defensoría del Pueblo, el confinamiento forzado ha generado temor y desabastecimiento, pues las familias se ven obligadas a permanecer en sus viviendas ante el riesgo de desplazamiento forzado o represalias. Muchos pobladores temen por su seguridad debido a los enfrentamientos que se han venido registrando entre los grupos armados que disputan el control territorial.
La entidad de control recordó que esta situación vulnera derechos fundamentales y representa una clara violación al Derecho Internacional Humanitario (DIH), que establece la obligación de proteger a la población civil en el marco del conflicto armado interno.
En su comunicado, la Defensoría expresó su respaldo al reclamo de la población del municipio de Santa Rosa del Sur por el respeto a la vida y la dignidad humana, reiterando su compromiso de seguir adelantando acciones de acompañamiento y gestión para mitigar el impacto de esta crisis.
Por su parte, organizaciones sociales y líderes comunitarios han pedido con urgencia el establecimiento de corredores humanitarios que permitan el ingreso de ayuda alimentaria y sanitaria a las zonas afectadas. De no tomarse medidas inmediatas, existe el riesgo de un empeoramiento de la emergencia, que podría desencadenar desplazamientos masivos hacia cabeceras municipales u otros departamentos.
El departamento de Bolívar, históricamente golpeado por el conflicto armado y la presencia de grupos al margen de la ley, vuelve a enfrentar un episodio crítico que evidencia la necesidad de acciones sostenidas de prevención, protección y atención integral a las comunidades rurales.
La Defensoría hizo un llamado a las instituciones competentes, como la Procuraduría General de la Nación, el Ministerio del Interior, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y la Fuerza Pública, a coordinar esfuerzos para atender de manera prioritaria a las más de 5.000 personas confinadas que permanecen expuestas a la inseguridad alimentaria, falta de atención en salud y amenazas a su integridad.
En este contexto, la entidad enfatizó que seguirá trabajando en la promoción y protección de los derechos humanos en Bolívar y en otras regiones del país que sufren el impacto del accionar de grupos armados ilegales. Asimismo, hizo un llamado a la solidaridad nacional e internacional para acompañar la respuesta humanitaria que se requiere con carácter de urgencia.
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