Juliana Guerrero y su hermana se habrían apoderado del Ministerio de la Igualdad: ‘Me paran la contratación’

No paran los escándalos en el Gobierno Petro, después de que se conocieran los movimientos que sufrirá el Ministerio de la Igualdad en medio de las críticas por la baja ejecución presupuestal en una de las carteras con mayores recursos.

De hecho, esa crisis ha dejado en evidencia la profundización de las luchas internas y la concentración de poder en torno a Juliana Guerrero y Verónica Guerrero, dos funcionarias cuyas acciones y conexiones han reconfigurado el rumbo del despacho más joven del Gobierno nacional.

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Según una investigación publicada por la revista Cambio, en el centro de la polémica se encuentra la gestión de millonarios recursos públicos asignados a la cartera, así como la toma de control de áreas estratégicas y la forma en que las hermanas Guerrero habrían logrado afianzar su influencia, incluso ante la mirada protectora de altas esferas del Ejecutivo.

De hecho, el viernes 1 de agosto, apenas ocho horas después del nombramiento de Juan Carlos Florián como ministro de la Igualdad, las hermanas Guerrero hicieron una entrada decisiva en la sede ministerial, convocando una reunión de urgencia que desveló el verdadero alcance de su autoridad.

Funcionarios presentes confirmaron al medio que, desde ese momento, toda decisión sobre contratación y operatividad recaería en manos de las Guerrero, quienes fueron identificadas como responsables del empalme y garantes de la contratación interna.

El carácter extraordinario de esta maniobra quedó respaldado por una grabación de audio obtenida por Cambio. En la grabación, la voz de Verónica Guerrero instruye: “Solicitar que ningún contrato laboral sale, ningún contrato, ninguna OPS (Orden de Prestación de Servicios), ni nada de contratación [...] hay que dejar la salvedad que todo se para”.

El hecho adquiere una dimensión aún más compleja porque se emitieron estas directrices sin que hubiera finalizado legalmente la gestión del ministro anterior o fuese oficial el nombramiento de su hermana.

Durante esa reunión también participaron Jurgen de Jesús Guerra Arrieta, exfuncionario del Ministerio, junto a asesores del nuevo ministro. Testimonios internos aseguraron que el ambiente fue percibido como amenazante y que las indicaciones de las Guerrero resultaron taxativas: ninguno de los procesos de contratación avanzaría sin su consentimiento.

En los días previos y posteriores a la reunión, se multiplicaron encuentros informales en cafés cercanos al ministerio, prueba, a juicio de los testigos, del tejido de alianzas que sostiene el poder de ambas funcionarias.

El poderío de las hermanas Guerrero no surgió de la noche a la mañana. Juliana y Verónica ya contaban con experiencia en el funcionamiento interno del ministerio y relaciones directas con actores clave como Ricardo Suárez Belmonte, hasta junio de este año director de Fonigualdad, el bolo financiero de la entidad.

Esta relación se remonta a la Universidad Popular del Cesar, donde Juliana fue alumna y Suárez vicerrector administrativo. Trasladados ambos a Bogotá, participaron juntos en el empalme de juventudes y compartieron domicilios, afianzando una alianza central para el funcionamiento interno del fondo y sus millonarios movimientos de recursos.

Las alertas institucionales se encendieron cuando Suárez, según documentos en poder de Cambio, modificó el reglamento operativo de Fonigualdad ampliando indebidamente sus facultades, autorizándose a crear cuentas, mover presupuesto y flexibilizar requisitos para la contratación directa.

Estos cambios, hicieron de Suárez una figura fundamental en el esquema de gobernabilidad de las Guerrero dentro de la entidad. Su salida del fondo fue uno de los detonantes del reproche público del presidente Gustavo Petro al entonces ministro Carlos Rosero, en un Consejo de Ministros fechado el 15 de julio de 2025: “Lo que hay es una pelea interna. Usted me está echando los funcionarios que en la Bogotá Humana demostraron su lucha”, expresó el mandatario al defender a los aliados de las ahora ascendentes funcionarias.

Pero la reorganización no terminó ahí. Mientras se gestaba el relevo ministerial y se cocinaba el cambio de dirección, Juliana Guerrero aceleraba su ascenso hacia el cargo de viceministra de Juventudes.

Para ello, desde febrero de 2025, ejerce como secretaria del ministro, y el manual de funciones del organismo comenzó a ser modificado con el objetivo de permitir que la experiencia laboral suplante el título profesional exigido actualmente. De concretarse estos cambios, Juliana tendría bajo su control el programa Jóvenes en Paz, uno de los principales destinatarios de recursos y políticas de la cartera.

La importancia estratégica del Viceministerio de Juventudes radica en la administración de sumas millonarias, como el contrato anterior de 173.511 millones de pesos y la meta de triplicar el número de beneficiarios hasta llegar a 100.000 jóvenes, según la instrucción presidencial.

Según fuentes citadas por Cambio, existen “preocupaciones porque la adjudicación del millonario contrato se haría justo después de que Juliana Guerrero llegue como viceministra”, lo que ha incrementado las sospechas en torno a la transparencia del proceso.

Por otra parte, la capacidad de gestión de la cartera genera dudas de peso: la Contraloría reportó que, pese a que Fonigualdad recibió en 2024 un giro de 1,3 billones de pesos, el porcentaje de inversión ejecutada por el Ministerio apenas alcanzó el 1,55 por ciento. El bloqueo institucional y las dilaciones en la asignación de recursos han sido atribuidos, en parte, a estas luchas de poder y a los intereses cruzados de los distintos grupos internos ligados a las Guerrero.