Colfecar, el gremio de transportadores de carga advirtió sobre una escalada de ataques, robos y bloqueos en las principales rutas nacionales.
Reclaman soluciones estructurales y critican el uso ineficaz de los recursos asignados a la seguridad vial.
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Una jornada que Colfecar definió como un “día negro” en la historia reciente del transporte de carga en Colombia encendió las alertas del sector y volvió a poner a prueba la capacidad de respuesta del Estado frente a la crisis de seguridad en las vías del país.
El 30 de julio, una cadena de hechos violentos impactó simultáneamente a varias regiones: hurtos flagrantes, ataques armados y bloqueos paralizaron la movilidad y afectaron la logística nacional.
La Federación Colombiana de Transportadores de Carga y su Logística (Colfecar) elevó la voz ante lo que denominó un “deterioro inaceptable del orden público”, al advertir que la inseguridad y la acción de grupos criminales han superado la capacidad institucional y ponen en jaque el abastecimiento nacional. “La logística del país no puede funcionar con miedo”, sostuvo el gremio en un enérgico comunicado oficial.
La presidenta de Colfecar, Nidia Hernández, fue enfática: “El 30 de julio fue un día negro en materia de seguridad: hurtos, ataques terroristas que continúan y bloqueos simultáneos en distintas regiones del país”.
Esto, según la directiva, confirma una “alarmante escalada de violencia que no podemos normalizar ni permitir que se convierta en paisaje cotidiano”.
Los ataques de ese día no fueron incidentes aislados. Al contrario, se inscriben en una preocupante tendencia de repetición de hechos graves en los mismos corredores y puntos críticos de la red vial nacional. Las consecuencias impactan de manera directa la cadena de suministro y los derechos fundamentales de cientos de usuarios que dependen del transporte carretero.
En El Bordo, Cauca, una tractomula cargada con café fue robada a plena luz del día. Según Colfecar, los delincuentes actuaron mientras las autoridades eran alertadas en tiempo real.
Se trata de un punto que, aseguran, ya había sido escenario de robos recientes, y en el que persiste la impunidad: “Aún seguimos esperando con indignación apoyo por parte del Ministerio del Interior y la Defensoría del Pueblo”, reclamó el gremio, recordando que otro vehículo de carga robado hace más de 100 días permanece en un resguardo indígena, sin que la Policía ni el Ejército hayan logrado acceder para su recuperación.
En Antioquia, la gravedad aumentó. En Paulinas, un bus de transporte intermunicipal fue atacado con ráfagas de fusil. El saldo: dos civiles heridos y la instalación de un cilindro presuntamente cargado con explosivos, lo que obligó al cierre forzado de la Troncal de Occidente, vía vital para la conexión del occidente y norte del país.
Simultáneamente, en Cesar, Bolívar y Atlántico, se presentaron nuevos bloqueos urbanos en los mismos puntos críticos de siempre. Estas interrupciones, según Colfecar, restringen la movilidad y afectan gravemente la operación de la cadena de suministro.
“Estos bloqueos vulneran los derechos fundamentales de los usuarios de las vías y se han vuelto parte del paisaje sin que haya una respuesta efectiva del Estado”, advirtió González Hernández.
La inseguridad en las vías de Colombia no es un fenómeno reciente, pero la escala y simultaneidad de los ataques preocupa al sector.
Colfecar señaló que, a pesar de las labores de la Fuerza Pública, la situación ha rebasado la capacidad de respuesta estatal. “La situación ha desbordado las capacidades institucionales, mientras los transportadores seguimos siendo víctimas de los mismos actores criminales, en los mismos corredores viales, sin que se implementen soluciones estructurales y sostenibles”, subrayó el pronunciamiento.
Otro punto de fuerte crítica fue el estancamiento de los recursos estatales dedicados a la seguridad vial. Colfecar denunció que, aunque el Programa de Seguridad en Carreteras Nacionales (Pscn), gestionado por Invías, duplicó su tarifa por vehículo en peaje a $500 en enero de este año —con una proyección anual de $172.814 millones—, los fondos no se han traducido en mejoras visibles: las inversiones siguen detenidas en trámites administrativos y no hay resultados en la dotación de patrullas blindadas, centros de monitoreo móviles ni helicópteros para responder a la escalada de violencia.
“El recaudo está, pero los recursos siguen estancados. No se ven avances en soluciones tecnológicas o en una presencia real de las autoridades en las vías”, recalcó el gremio.
La organización gremial reconoció los esfuerzos de los soldados y policías, pero advirtió que la respuesta actual resulta insuficiente frente al fortalecimiento de grupos armados ilegales, organización de bloqueos, uso de tecnologías como drones y el incremento de actos armados contra la población civil y las empresas del sector.
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