El relato entregado por Samuel Zuleta Márquez a las autoridades, en el que admite haber asesinado a Francisco Luis Correa dentro de la cárcel La Picota, pone sobre la mesa nuevas dudas en la investigación por el homicidio del fiscal paraguayo Marcelo Pecci.
Según el informe de la revista Semana, Zuleta recalcó en su confesión: “Deseo aclarar enfáticamente que no he recibido órdenes y ninguna compensación monetaria por este hecho, ni de parte de ningún grupo armado (ELN, grupos paramilitares), ni de ninguna persona, incluyendo al señor Pipe Tuluá”.
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Al momento de su muerte, Francisco Luis Correa se encontraba comenzando a cumplir una condena de 27 años de prisión por su participación en la planificación y ejecución del asesinato del fiscal Pecci en Cartagena.
Correa había firmado un acuerdo con la Fiscalía aceptando cargos, lo que le aseguraba una rebaja en su pena. Sin embargo, en medio de una supuesta riña motivada por problemas de convivencia en la prisión, Zuleta lo atacó con el filo de un cuchillo.
El homicida, en su declaración manuscrita al Inpec, aseguró: “Los hechos que resultaron en la muerte del señor Francisco Luis Correa ocurrieron tras una diferencia que sostuvimos él y yo. Lamentablemente, mi estado de embriaguez en ese momento contribuyó a que esta situación se saliera de control”.
A pesar de que el pabellón donde ocurrió el crimen debía estar libre de licor, Zuleta explicó que actuó impulsivamente, tras llenarse de rabia y perder el control.
La versión ofrecida por Zuleta sostiene que no recibió órdenes ni dinero por cometer el asesinato, aspecto que llama la atención al tratarse de la muerte de un hombre considerado clave para esclarecer quiénes ordenaron el homicidio de Marcelo Pecci.
Francisco Luis Correa, quien reconoció haber liderado la organización criminal responsable del plan, terminó apuñalado bajo custodia estatal, lo que ha generado alarma y suspicacias entre las víctimas y observadores del caso.
Según Semana, los familiares y allegados de Marcelo Pecci han exigido a la Fiscalía que profundice en la investigación de este nuevo capítulo, argumentando que Correa era una pieza fundamental para llegar hasta los autores intelectuales detrás del asesinato del fiscal paraguayo.
La declaración de Zuleta, presentada veinte días después del crimen y en circunstancias poco claras, fue aceptada rápidamente por las autoridades sin mayor indagación, lo que provocó que no se discutieran ni verificaran posibles inconsistencias.
Tras la confesión, solo se imputaron cargos y se llamó a juicio a Zuleta. Para las víctimas del crimen de Pecci, las dudas sobre el homicidio de Correa y su impacto en la búsqueda de los responsables de mayor jerarquía siguen sin ser atendidas.
Según la publicación, la Fiscalía optó por un trámite expeditivo, sin abrir un proceso exhaustivo para esclarecer lo ocurrido en la celda de La Picota donde terminó la vida del principal testigo del caso Pecci.
La confesión de Zuleta permanece, hasta hoy, como la única explicación admitida oficialmente en el expediente, mientras las incógnitas persisten respecto al verdadero trasfondo del crimen.
Fiscalía de Colombia niega beneficios a condenados por asesinato de Marcelo Pecci
Los condenados por el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci ofrecieron a la Fiscalía de Colombia información sobre los autores intelectuales y materiales del crimen, conocido como el caso de la “junta del narcotráfico de Dubái”.
Andrés Felipe Pérez Hoyos, Ramón Emilio Pérez Hoyos y Margareth Lizeth Chacón propusieron colaborar a cambio de beneficios judiciales, detallando la estructura criminal, vías de contacto y el origen de los fondos.
La propuesta se formalizó el 13 de marzo de 2025 e incluía datos sobre los financiadores y la función de Francisco Luis Correa Galeano, señalado como sicario y asesinado posteriormente en prisión. La defensa de los sentenciados argumentó que dar a conocer la verdad es un derecho de las víctimas.
La Fiscalía, mediante resolución del 12 de junio de 2025, negó esta colaboración apoyándose en el artículo 416 de la Ley 600 de 2000, el cual prohíbe acumular beneficios judiciales. Los involucrados ya cumplían una condena de 306,9 meses de prisión, tras obtener una reducción del 45% por aceptar cargos. Así, la Fiscalía determinó que no procede otra rebaja, cerrando la posibilidad de negociar penas a cambio de testimonios. El caso de Pecci aún tiene puntos sin esclarecer sobre los autores intelectuales y los detalles de la red criminal.
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