
Un nuevo escollo amenaza con bloquear la entrada en vigencia de la nueva reforma pensional, tras una intensa discusión jurídica al interior de la Cámara de Representantes. Durante la jornada del miércoles 30 de julio, no se pudo establecer el cuórum necesario para votar el acta correspondiente a la sesión donde se anunció el inicio del último debate del proyecto, según informó el propio órgano legislativo; en una situación que dejaría en vilo el futuro de la iniciativa.
El problema radica en cómo se llevó a cabo la sesión del 27 de junio de 2025, con la que se debía empezar a subsanar los vicios de procedimiento que encontró la Sala Plena de la Corte Constitucional, que devolvió al legislativo la proposición, con el fin de que fuera corregido el trámite. Según varias voces de la oposición, esa reunión no cumplió con los procedimientos exigidos por la ley, por lo que incluso el orden del día de la sesión en mención carecería de validez.
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“Pretenden que la plenaria de la Cámara vote un acta de una sesión que fue abiertamente ilegal y contraria a la ley. Es la sesión en la que el presidente de la Cámara, el mismo día que convoca, anuncia la discusión de la reforma pensional, pero olvidó que había que votar el orden del día donde uno de los puntos era el anuncio de proyectos”, indicó el representante Julio César Triana, de Cambio Radical, en declaraciones recogidas por Blu Radio.
Aprobación de la sesión que subsanaría errores de trámite de la reforma pensional está en vilo
Y agregó que, al no existir cuórum decisorio para aprobar este ítem, se hizo el anuncio sin que existiera la votación de ese orden del día. Una afirmación que rechazó el que oficiaba en ese entonces como presidente de la corporación, Jaime Raúl Salamanca de Alianza Verde, que denunció maniobras dilatorias. “Quieren a toda costa dilatar la aplicación de la reforma pensional. Que el país lo sepa. Dejen de mentirle al país”, reclamó el congresista boyacense.

Sin embargo, a la visión de Triana se sumó la del representante Andrés Forero, del Centro Democrático. “Una de las actas que está solicitando la Corte Constitucional no puede ser aprobada, toda vez que el día 27 de junio no hubo sesión propiamente dicha porque no se aprobó orden del día y, a pesar de eso, se anunció el proyecto que permitió la sesión del día siguiente”, dijo, y advirtió que los congresistas ausentes ya no pueden participar en la votación solicitada.
Esto, sin duda, complicaría el cumplimiento de la exigencia de los magistrados de la Corte Constitucional, en pro de que se declare resueltos los inconvenientes en su tránsito por el legislativo. Y es que a pesar de lo que sería esa grave omisión, se anunció el proyecto de reforma pensional, lo que permitió que la discusión se programara para el día siguiente: sin que se cumpliera, según la oposición, lo que se exige para haber llevado la discusión del articulado.

En respuesta a este punto, desde el Pacto Histórico, el representante Heráclito Landínez defendió la actuación de la mayoría y aseguró al citado medio que si bien se aprobó el acta de la sesión en la que se “subsanó el error de procedimiento solicitado”, falta que se avale la votación del acta correspondiente al anuncio de la discusión: trámite que espera se lleve a cabo en la próxima sesión plenaria para completar los documentos requeridos por el alto tribunal.
En este orden de ideas, el debate sobre la legalidad y validez de las sesiones y actas no es un asunto menor. La Corte Constitucional ha solicitado expresamente la aprobación de ciertos documentos para poder pronunciarse sobre la constitucionalidad de la reforma pensional; entre ellos el acta del 27 de julio, que todavía no se legaliza y que podría poner en jaque una de las tres grandes proposiciones del presidente de la República, Gustavo Petro.
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