El decreto 0858 de 2025, expedido por el Gobierno nacional y firmado por el presidente Gustavo Petro, junto al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, marca el inicio del nuevo Modelo de Salud Preventivo, Predictivo y Resolutivo.
Esta medida, que entró en vigor con su publicación, reorganiza de forma inmediata el modelo de prestación de servicios de salud en Colombia.
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La decisión, sin embargo, ha generado una oleada de críticas y advertencias en el sector, especialmente por parte de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi), gremio que agrupa a las principales EPS del país.
Ana María Vesga, presidenta ejecutiva de la Asociación, explicó en diversas entrevistas que el decreto materializa, por vía administrativa, buena parte de los cambios contemplados en la reforma a la salud que todavía se tramita en el Congreso.
Vesga advirtió que “muchos de esos cambios eran de rango de ley, que no podían modificarse por decreto”, dijo la directiva en entrevista con La W.
Según la dirigente gremial, se realizaron advertencias preventivas desde abril, momento en que el proyecto fue anunciado, y distintos sectores señalaron los riesgos jurídicos de transformar el modelo de aseguramiento y atención sin pasar por el Legislativo.
A pesar de las críticas, Vesga reconoció que, mientras el decreto tenga fuerza de ley y no reciba demandas, “no hay opción distinta a adherirse”, aunque anunció que ya se revisan las acciones judiciales que serían procedentes ante la Corte Constitucional y los juzgados administrativos para demandar la norma.
El nuevo decreto redefine de manera sustancial el papel de las Entidades Promotoras de Salud (EPS). La gestión financiera del sistema ahora queda a cargo exclusivamente de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres), que centraliza pagos, auditorías y financiación. Las EPS, aunque mantienen su existencia, pierden potestad sobre los recursos y su rol se restringe a funciones administrativas y operativas, alejadas de la gestión financiera.
Entre las 24 nuevas funciones asignadas a las EPS por el decreto se encuentran la administración del riesgo en salud (sin el componente financiero), la articulación de servicios, la representación de los afiliados ante prestadores y autoridades, la realización de nuevas afiliaciones y la coordinación con entidades territoriales en la organización de redes de atención.
Estas redes, conocidas como Redes Integrales e Integradas Territoriales de Salud (Riits), incluyen prestadores públicos, privados y mixtos, y están llamadas a garantizar continuidad e integralidad en la atención.
Vesga enfatizó que, aunque las EPS siguen siendo responsables ante los usuarios, ya no cuentan con las herramientas para garantizar el acceso efectivo a servicios y que están “desprovistas de herramientas esenciales para atender a su población”, dijo la presidenta de Acemi en entrevista con Blu Radio.
Subrayó el riesgo de que la desfinanciación aumente bajo el nuevo esquema, en un contexto donde la Unidad de Pago por Capitación (UPC) ya registra siniestralidad superior al 110% y las EPS no pueden incrementar cuotas o tarifas.
El decreto otorga a las entidades territoriales (Alcaldías y Gobernaciones) un protagonismo inédito. Ahora serán responsables en gran medida de la organización de las redes de prestación y de la referencia y contrarreferencia de pacientes, funciones que hasta ahora desempeñaban las EPS.
La supervisión y control de este nuevo modelo recaerá en la Superintendencia Nacional de Salud, aunque desde Acemi se advierte que los mecanismos de vigilancia no han sido fortalecidos acorde al cambio funcional.
Un aspecto central es el papel de los Centros de Atención Primaria en Salud (Caps), que serán la puerta de entrada obligatoria para los usuarios al sistema.
Los Caps brindarán servicios de baja y mediana complejidad bajo un enfoque territorial, preventivo y comunitario. El acceso a servicios especializados, de mayor complejidad, dependerá de la autorización directa y centralizada a través de la Superintendencia.
La Adres por su parte, asume la función de único pagador y entra a ejecutar funciones de contratación y auditoría, en una transformación de su misión original que Acemi considera riesgosa. Según Vesga, este cambio implica una “mezcla de funciones que amenaza la gobernanza del sistema”, dijo en Blu Radio.
Ana María Vesga señaló que el decreto 0858 no soluciona los problemas actuales del sistema, especialmente en temas críticos como el acceso a medicamentos y servicios médicos. “Desde luego que no”, fue su respuesta al ser consultada, en La FM de RCN, sobre la capacidad del nuevo modelo para resolver los cuellos de botella en citas con especialistas y el desabastecimiento de fármacos, fenómenos que persisten desde hace años.
El modelo preventivo y predictivo, agregó Vesga, se financiará “con los mismos recursos del aseguramiento”, presupuesto que considera insuficiente para responder a las nuevas y viejas exigencias del sistema.
Además, no existen en la norma mecanismos claros para evitar el cierre de servicios vitales como neonatología, pediatría y urgencias, problemáticas que ya han comenzado a evidenciarse en varias regiones del país.
La presidenta de Acemi también recordó el antecedente del plan piloto con el magisterio, que, según su balance, terminó en colapso y podría anticipar graves complicaciones en la implementación del decreto o de la eventual reforma en el Congreso.
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