Paola Holguín arremetió contra el fallo culposo de Álvaro Uribe: “Una sentencia escrita con los ojos vendados”

Durante la sesión plenaria del Senado celebrada el martes 29 de julio, la senadora y precandidata presidencial Paola Holguín, perteneciente al Centro Democrático, intervino con un discurso en el que expresó su absoluto desacuerdo frente a la decisión judicial que culpó al expresidente Álvaro Uribe Vélez por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal. Su intervención no fue un simple pronunciamiento político; fue un acto de defensa y de denuncia, cargado de convicciones que apuntan a una supuesta instrumentalización de la justicia con fines ideológicos.

Holguín comenzó su discurso apelando a los fundamentos que, según ella, caracterizaron la trayectoria del uribismo, basado en el respeto por las instituciones y la ley. No obstante, advirtió que ese respeto no equivale a la resignación frente a lo que denominó una “sentencia torcida, atiborrada de inconsistencias técnicas y prejuicios personales”. La senadora fue enfática en afirmar que, a su juicio, el fallo de la jueza Sandra Heredia no responde a una rigurosa evaluación jurídica, sino a una motivación ideológica disfrazada de legalismo.

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Lo que para algunos fue una victoria judicial histórica, para Holguín constituyó “una de las expresiones más inquietantes de la decadencia de la justicia en Colombia”. A lo largo de su intervención, se refirió a la decisión como una pieza viciada por “una proclama personal que se erige como sentencia”, y expresó su alarma por la manera en que se manejaron las pruebas y los testimonios.

Según ella, hubo una evidente manipulación de las fuentes de prueba, que incluyó la validación de interceptaciones ilegales y conversaciones privadas entre Álvaro Uribe y su defensa, lo cual consideró una afrenta directa al debido proceso.

Uno de los momentos más incisivos de su discurso fue cuando se refirió al condenado Juan Guillermo Monsalve, exparamilitar y testigo clave del proceso. Paola Holguín cuestionó la exaltación que la jueza hizo de este individuo, que calificó como un “criminal con antecedentes abismales” y cuyo testimonio, según ella, debió ser descartado por carecer de solidez, porque fue grabado bajo condiciones dudosas y con signos claros de alteración digital.

En cambio, resaltó que se desestimaron testimonios de otros actores fundamentales del caso solo por un cambio de versión, con lo que, a su parecer, se configuró una doble vara probatoria.

El tono de Paola Holguín se tornó aún más severo al denunciar la incongruencia entre el trato que recibió la defensa del expresidente Uribe y la indulgencia que, en su opinión, se tuvo con otros líderes políticos del continente, algunos de ellos incluso con condenas internacionales por corrupción o violaciones graves a los derechos humanos.

Nombró casos como el de Cristina Fernández de Kirchner (expresidenta de Argentina), Evo Morales (expresidente de Bolivia) y Pedro Castillo (expresidente de Perú), en un intento por señalar que ciertos sectores políticos colombianos toleraron y hasta celebraron conductas gravemente cuestionables en otros países, mientras promueven un linchamiento mediático y jurídico contra Uribe, de acuerdo con su intervención en Plenaria.

Para la legisladora, este proceso no se puede desligar de una situación política más amplia: “Aquí no se trata solo de Álvaro Uribe, se trata de una vendetta institucionalizada contra todo lo que representa su legado político: la seguridad democrática, la defensa del orden, el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas y la lucha contra el narcotráfico”.

También lanzó críticas duras contra aquellos que, desde su perspectiva, usufructuó políticamente de este caso: “Quienes hoy levantan la voz para celebrar esta condena como si se tratara de una redención nacional, son los mismos que han justificado alianzas con grupos armados, que han pactado con narcotraficantes y que han hecho del Estado un instrumento para el canje de votos por impunidad”.

Igualmente, Paola Holguín acusó a personajes como al senador Iván Cepeda, al ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, y otros “herederos” de la extinta guerrilla del M-19 de haber manipulado el sistema judicial desde adentro, tejiendo una red de poder que —según ella— logró incrustarse en las altas cortes, los medios y ciertas ONG internacionales. Acusó también al Gobierno actual de permitir esa cooptación progresiva de las instituciones, y de encubrir este fenómeno con una retórica de paz y reconciliación que “en la práctica ha resultado ser un ardid para legitimar la impunidad de criminales reincidentes”.

En un tono desafiante, Holguín advirtió que la batalla está lejos de terminar, pues recordó que la decisión judicial no es definitiva y que aún queda por resolverse en segunda instancia ante el Tribunal Superior de Bogotá, solo si tras la sentencia definitiva que se conocerá el 1 de agosto, el abogado del expresidente, Jaima Granados, decide apelar a la decisión.