El Gobierno de Ecuador, bajo el mando del presidente Daniel Noboa, intensificó las deportaciones de ciudadanos colombianos que cumplían condena en cárceles de ese país.
El martes 29 de julio, la llegada de 210 personas al puente internacional de Rumichaca, principal paso fronterizo entre ambos países, eleva a cerca de ochocientos el total de deportados en los últimos días.
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La información fue confirmada por Fredy Gámez, secretario de Gobierno de Nariño, quien coordinó la articulación de varias instituciones colombianas para la recepción y atención de los compatriotas.
La medida adoptada por Ecuador generó reacciones inmediatas en autoridades locales y nacionales de Colombia.
Según Gámez, la primera ola de deportaciones se produjo el pasado fin de semana, sin aviso previo de las autoridades ecuatorianas ni coordinación con los organismos colombianos responsables.
Desde entonces, la Cancillería, Migración Colombia y la Gobernación de Nariño han activado un protocolo de emergencia para verificar antecedentes judiciales, atender necesidades humanitarias y facilitar el retorno de los deportados a sus lugares de origen.
“Con relación a los primeros deportados de la deportación masiva por parte de la República de Ecuador, se realizó en una acción unilateral en la cual no tuvimos conocimiento desde la Cancillería, desde el Consulado, desde el Departamento de Nariño. Nos enteramos ya por información que salió desde las cárceles de Ecuador hacia cárceles acá en Colombia”, explicó Gámez en entrevista con Blu Radio.
De los cerca de seiscientos colombianos que llegaron entre jueves y viernes, solo once presentaban órdenes de captura vigentes en Colombia. Según el funcionario, estos individuos quedaron de inmediato a disposición de las autoridades judiciales, mientras que el resto fue trasladado en buses hacia sus departamentos de origen o aquellas ciudades donde cuentan con redes de apoyo familiar.
Las rutas de traslado establecidas incluyen los trayectos Rumichaca-Pasto, Pasto-Cali y Cali-Bogotá. En cada terminal, el Departamento de Prosperidad Social facilita el acceso a tiquetes para que los deportados puedan llegar a los municipios correspondientes.
El Gobierno nacional, a través de la Cancillería, Migración Colombia, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría, permanece en el punto fronterizo para monitorear el proceso e intervenir en caso de requerirse atención adicional.
Para la jornada de este martes, la información anticipada por el Cónsul de Colombia en Ecuador permitió a las autoridades locales activar el llamado Puesto de Mando Unificado.
El secretario Gámez aseguró que el operativo se encuentra listo para recibir a los primeros setenta colombianos y gestionar la llegada del total anunciado de 210 ciudadanos. El protocolo prevé acciones de atención en salud, alimentación y transporte, así como la verificación de antecedentes tanto en bases de datos colombianas como ecuatorianas.
Sobre la seguridad en la región, Gámez aclaró que la coordinación con la Policía y el Ejército permitió identificar y trasladar a todos los deportados a sus destinos, evitando su permanencia prolongada en Ipiales. Aún así, la presencia de personas con trajes naranjas, distintivos del sistema penitenciario ecuatoriano, generó una percepción de alarma en la población local.
Las autoridades reiteraron el respeto a los derechos fundamentales de los connacionales, aunque muchos de ellos fueron condenados por delitos cometidos en Ecuador.
Los delitos más frecuentes, según lo reportado por el ministro del Interior ecuatoriano, incluyen robo, tráfico ilícito de sustancias y delitos contra la propiedad. Los ahora deportados enfrentarán una prohibición de ingreso a Ecuador durante los próximos cuarenta años.
“Al día de hoy nos informaron previamente y por eso se hizo todo el protocolo para la atención. Está la Cancillería, Migración, Policía Judicial, Ejército, así como las Secretarías de Gobierno”, sostuvo Gámez durante la entrevista. Agregó que el Instituto Departamental de Salud atiende los casos médicos y que la articulación con el Ministerio Público garantiza el seguimiento de cada uno de los casos.
Respecto al impacto social de la medida, el secretario reveló que muchos de los deportados narraron condiciones de estigmatización y maltrato en las cárceles ecuatorianas.
Algunos sostienen que fueron víctimas de montajes y detenciones arbitrarias, mientras que otros aceptaron haber sido condenados por delitos relacionados con microtráfico y hurto. Las historias personales, en gran parte, dan cuenta de las difíciles circunstancias de los migrantes colombianos en el Ecuador.
La decisión de Ecuador de agilizar las deportaciones responde tanto a una política penitenciaria interna como a la presión por fortalecer la seguridad y combatir la delincuencia organizada transnacional en la frontera.
En una reunión reciente entre la canciller ecuatoriana, Gabriela Sommerfeld, y representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, ambas partes reafirmaron la importancia de facilitar el traslado de los ciudadanos privados de la libertad y coordinar el proceso conforme a los estándares internacionales de derechos humanos.
Los gobiernos de Ecuador y Colombia mantienen un diálogo constante para abordar cuestiones migratorias y de seguridad binacional. Temas como la lucha contra el narcotráfico, la minería ilegal y otros delitos transfronterizos forman parte de la agenda bilateral.
En la frontera, la reacción social y las necesidades logísticas siguen siendo un desafío para las instituciones colombianas, que deben responder no solo a la emergencia humanitaria, sino también a la protección de derechos y la seguridad de la región.
La magnitud de estas deportaciones representa un reto adicional para la gobernabilidad local, especialmente en departamentos fronterizos como Nariño, históricamente afectados por la violencia y la movilidad humana.
La expectativa de nuevas deportaciones en los próximos días mantiene en alerta a las autoridades. El gobierno departamental anunció que continuará coordinando con el nivel nacional cada fase del proceso para garantizar el respeto a los derechos humanos y la prevención de posibles alteraciones al orden público.
Mientras tanto, los deportados aguardan en el puente de Rumichaca el ingreso a su territorio, a la espera de retomar su vida en Colombia tras su paso por el sistema penitenciario ecuatoriano.
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