La Procuraduría le puso la lupa a la construcción del Proyecto Hidroeléctrico Ituango, Hidroituango

La Procuraduría General de la Nación adelantó una vigilancia preventiva sobre el Proyecto Hidroeléctrico Ituango (Hidroituango), por instrucciones del procurador general, Gregorio Eljach Pacheco. El organismo de control realizó una inspección al proyecto con el propósito de velar por la correcta gestión del riesgo de desastres, el ordenamiento territorial y fomentar diálogos para la gobernanza.

La acción se justificó en los esfuerzos de la institución por garantizar que la obra, vital para el sistema energético de Antioquia y las comunidades aledañas, avance bajo estrictos estándares de legalidad, transparencia y sostenibilidad.

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Durante dos días, la Procuraduría Delegada para la Gestión y Gobernanza Territorial encabezó un equipo encargado de realizar un seguimiento detallado a las diferentes áreas técnicas, ambientales y sociales del proyecto. En las reuniones estuvieron presentes directivos de Empresas Públicas de Medellín (EPM), responsables de la obra, y representantes comunitarios de los municipios de Valdivia, Briceño, Toledo e Ituango, ubicados en la zona de influencia directa del megavolumen hidroeléctrico.

Las actividades incluyeron la recepción de reportes oficiales consolidados y la verificación en campo de la implementación de medidas de mitigación y prevención de riesgos. De hecho, uno de los énfasis de la inspección consistió en constatar el avance de los compromisos adoptados por EPM con las comunidades, específicamente en temas de seguridad, obra civil, manejo ambiental y social, así como en el seguimiento a los acuerdos con autoridades territoriales y nacionales.

A lo largo de la vigilancia preventiva iniciada por la Procuraduría, se han remitido 33 oficios con requerimientos a actores claves del proyecto. A esto se le suma, la participación del ente de control en dos sesiones del Comité Departamental de Gestión del Riesgo de Antioquia, que agrupa a las máximas autoridades departamentales y operativas en el área.

Desde el arranque de la vigilancia, la Procuraduría suma más de 20 reuniones multiactor, junto con ocho visitas directas a Hidroituango, cada una con el fin de ratificar el seguimiento constante sobre el cumplimiento normativo, técnico y social por parte de los ejecutores del proyecto. Además del cumplimiento de las normativas, las acciones buscan consolidar la transparencia, la protección de los derechos de las comunidades impactadas y el acceso oportuno a la información pública relevante por parte de los ciudadanos.

Logros de la inspección

Uno de los logros destacados en este proceso corresponde a la verificación de la operación de las cuatro turbinas del complejo hidroeléctrico y la instalación de sistemas de instrumentación tecnológica avanzada. Estos dispositivos permiten la detección de cualquier situación que pudiera desencadenar amenazas o incidentes, proporcionando así herramientas para la gestión activa de los riesgos inherentes a una obra de esta magnitud.

El acompañamiento preventivo ejercido por medio de las acciones se presenta como un instrumento para anticipar y prevenir conflictos, promover el cumplimiento de los acuerdos y asegurar un adecuado relacionamiento entre empresa, Estado y comunidades implicadas.

El proceso de vigilancia incluye espacios de diálogo directo con habitantes de los municipios en el área de influencia, quienes exponen preocupaciones y aportes frente a los efectos de la obra sobre el territorio y sus actividades cotidianas. De este modo, el ente de control busca incidir de manera constructiva para que el proceso de implementación de medidas compensatorias y preventivas se realice conforme a la legalidad vigente y bajo criterios de equidad y respeto por los derechos fundamentales.

El acompañamiento de la Procuraduría al Proyecto Hidroituango se concibe como un proceso de garantía, por parte de la entidad, de que las obras públicas de gran escala en el país se desarrollen bajo condiciones de seguridad, sostenibilidad y cumplimiento efectivo de la normativa ambiental y social, en beneficio del progreso nacional y la protección del entorno de las comunidades afectadas.