“Que no quede la idea de que se pueden financiar ilegales y no pasa nada”: víctimas tras condena a Chiquita Brands

La decisión judicial que sacude al sector bananero colombiano no solo marca un hito legal, también reabrió viejas heridas en las comunidades del Urabá antioqueño, donde el conflicto armado dejó profundas cicatrices. El Juzgado Sexto Penal del Circuito Especializado de Antioquia condenó a siete altos directivos de la multinacional Chiquita Brands por haber financiado a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), declarando que su conducta se enmarca dentro del delito de concierto para delinquir agravado. La pena impuesta es de once años y tres meses de prisión, junto a una multa que asciende a 13.876 millones de pesos.

Entre los condenados figuran Reinaldo Elías Escobar de la Hoz, John Paul Olivo, Charles Dennis Keiser, Álvaro Acevedo, José Luis Valverde, Víctor Julio Buitrago y Fuad Alberto Giacoman Hasbún. La resolución representa la primera condena en Colombia contra directivos de la empresa, aunque en Estados Unidos ya habían enfrentado procesos por la misma causa. En contraste, tres exdirectivos de Banacol —Javier Ochoa Velásquez, Víctor Manuel Henríquez Velásquez y Jorge Alberto Cadavid Marín— fueron absueltos debido a que, según el juzgado, no se hallaron pruebas suficientes para desvirtuar su presunción de inocencia.

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Este fallo llega después de una larga espera y de una batalla jurídica sostenida por organizaciones de derechos humanos como la Fundación Forjando Futuros, que desde hace años documenta casos de despojo de tierras y violencia paramilitar en la región. Esta fundación había solicitado a la Fiscalía General de la Nación y a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) evitar que el caso prescribiera, algo que podía ocurrir el 17 de septiembre. El llamado surtió efecto.

Gerardo Vega, abogado de la fundación, calificó el fallo como un precedente indispensable para evitar que se repita la historia. “Son 11 años que condenan a estas personas, más una suma de 13.876 millones de pesos, para que no quede la idea de que cualquier empresa puede venir acá a financiar grupos ilegales, cometer desastres, masacres, desplazamientos, despojos de tierras y no pasa nada”, declaró. Para Vega, esta decisión es clave no solo por su carga simbólica sino por el mensaje que envía a actores económicos nacionales e internacionales.

“Por muy internacional que sean, por muy inversionistas, el primer antecedente me parece supremamente importante para Colombia, esta decisión judicial es el primer mensaje y condena a personas que estuvieron obligadas en esa financiación a grupos paramilitares”, enfatizó.

Las acusaciones contra Chiquita Brands no son nuevas. En el pasado, la compañía aceptó ante autoridades estadounidenses haber hecho pagos a las AUC por más de 1,7 millones de dólares, y recibió sanciones en ese país. No obstante, hasta ahora Colombia no había emitido un fallo condenatorio firme dentro de su propia jurisdicción.

De acuerdo con los documentos presentados por Forjando Futuros, los pagos se habrían hecho por cada caja de banano exportada desde su filial Banadex. Pero las implicaciones van más allá del dinero. Según la fundación, Chiquita también facilitó la entrada de armamento a través de sus puertos en Urabá, una acusación que agrava la responsabilidad de la compañía en el contexto del conflicto armado y que podría configurar participación directa en crímenes de lesa humanidad según estándares internacionales.

A pesar de la contundencia del fallo, el proceso judicial aún no concluye. Dentro del expediente se encuentran otros cuatro empresarios bananeros que habrían colaborado con las AUC a través de la Convivir Papagayo, una estructura que, bajo el pretexto de la seguridad privada, funcionó como engranaje del paramilitarismo en la región, facilitando su consolidación territorial y operativa.