Disidencias y Clan del Golfo imponen restricciones en veredas de Ituango y frenan clases rurales

En distintas veredas de Ituango, norte de Antioquia, las comunidades han reportado la presencia constante de personas armadas y mensajes que restringen su libre movilidad.

Según la Corporación para la Paz y el Desarrollo Social (Corpades), estas acciones han sido adjudicadas a supuestos miembros del frente 18 de las disidencias de las Farc y del Clan del Golfo, quienes estarían circulando por zonas rurales e imponiendo restricciones a la población.

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Uno de los métodos empleados por estos grupos ha sido el envío de mensajes a través de WhatsApp, en los que se imparten órdenes directas a los residentes sobre la suspensión del transporte en el área.

La información entregada por Corpades indica que las amenazas incluyen la prohibición expresa de circular en vehículos de carga, motocicletas y medios de transporte público.

Esta situación ha repercutido directamente en la actividad educativa. En varios sectores rurales de Ituango se han suspendido clases, como es el caso de la Institución Educativa La Pérez, que está conformada por 19 sedes educativas distribuidas en la zona rural.

Desde la dirección del colegio informaron que la interrupción de las clases responde a problemas “de orden público”, sin ahondar en mayores detalles.

Las autoridades locales han confirmado estos hechos. El coronel Óscar Rico, comandante del Departamento de Policía Antioquia, señaló que las intimidaciones provienen de actores ilegales que operan en confrontación entre sí, afectando directamente a la población civil.

“Lo que vemos aquí son dos estructuras que están colocando en medio y en peligro a la comunidad en general. Aquí es donde estaremos estableciendo comunicaciones oficiales con la Defensoría, con la Personería en el tema de denunciar estos hechos, porque no cabe duda que eso es una afectación gravísima a los derechos humanos y al libre desarrollo de las actividades y las comunidades”, indicó el oficial.

El mensaje difundido en la región rural también hace referencia a la posibilidad de represalias contra personas que sean identificadas como supuestos colaboradores del Clan del Golfo. Esa estructura armada también tiene presencia activa en esta parte del departamento, donde disputa el control territorial con el frente 18 de las disidencias.

Los reportes recogidos por organizaciones sociales y habitantes del sector indican que los patrullajes armados han generado temor en las comunidades, al punto que varias familias optaron por evitar cualquier desplazamiento por caminos veredales, incluso para actividades básicas como el transporte escolar o el abastecimiento de alimentos. La circulación de personas en las vías terciarias se ha reducido significativamente desde hace al menos dos días.

Ante este panorama, las autoridades civiles y policiales del departamento han informado que se están organizando acciones para intervenir en la zona. Los operativos buscarían restablecer condiciones de seguridad para que la población pueda retomar sus actividades diarias, especialmente en lo relacionado con el acceso a la educación y la movilidad entre corregimientos y veredas.

El coronel Rico reiteró que los hechos ya fueron puestos en conocimiento de organismos de control y de derechos humanos, y que se espera articular una respuesta conjunta para proteger a la población. Se están generando comunicaciones formales con la Defensoría del Pueblo, la Personería y otras entidades encargadas de velar por la garantía de los derechos de las comunidades rurales.

Desde la Gobernación de Antioquia también se ha hecho seguimiento a la situación de Ituango, que en meses recientes ha sido escenario de tensiones entre grupos armados ilegales. Este municipio, por su ubicación geográfica, ha sido históricamente considerado estratégico para rutas de movilidad de actores armados y economías ilegales, lo que ha generado múltiples afectaciones a la seguridad de sus habitantes.

Las medidas que se tomen en los próximos días serán determinantes para evitar una escalada en las restricciones impuestas por actores armados y para garantizar la prestación de servicios esenciales, como la educación rural, que ya enfrenta obstáculos logísticos y de infraestructura en zonas de difícil acceso.

Hasta el momento, no se ha confirmado desplazamiento forzado de familias, pero organismos humanitarios continúan monitoreando la situación en coordinación con las autoridades locales. Se espera que los operativos de presencia institucional ayuden a disipar el temor y permitan reactivar paulatinamente el transporte y las actividades escolares.