Así como lo había adelantado en sus redes sociales, el exministro de Justicia Wilson Ruiz Orejuela, que ofició como titular de la cartera durante la administración del expresidente Iván Duque Márquez, interpuso en la tarde del martes 22 de julio de 2025 una denuncia penal contra Alfredo Saade, jefe de Despacho del presidente de la República, Gustavo Petro, por promover la reelección del hoy jefe de Estado.
“Tal como lo prometimos, a través de mi oficina de abogados radicamos la denuncia penal ante la Fiscalía contra Alfredo Saade por promover la reelección de Gustavo Petro. La imparcialidad de la función pública, no está en juego. No vamos a permitir que se pisotee la Constitución. La defendemos con hechos. Le cumplimos al país: aquí nadie está por encima de la ley", afirmó Ruiz, que también fue candidato a la Alcaldía de Cali.
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El anuncio del ex jefe de la cartera de Justicia plantearía un escenario de judicialización para Saade, que podría enfrentar investigaciones ante los entes de control, no solo la Fiscalía, también la Procuraduría, lo anterior debido a su intención de promover actos contrarios a la Constitución Nacional; y, en ese orden de ideas, un posible abuso de poder que ostenta en su actual cargo, cercano al primer mandatario.
Tras esta actuación, Ruiz recibió el apoyo del exfiscal General de la Nación Francisco Barbosa, que además es precandidato presidencial. “Estimado ex ministro, cuente también con mi compromiso en esa defensa por la democracia”, indicó el exdirector del organismo de investigación judicial, otro de los que ha expresado de forma pública sus inquietudes frente a lo dicho por Saade, autodenominado ‘pastor’.
Los argumentos de Wilson Ruiz para denunciar a Alfredo Saade
El domingo 20 de julio, durante la instalación del nuevo periodo legislativo en el Congreso, la representante Lina María Garrido hizo una dura crítica al Gobierno. Mientras el presidente Petro y su comitiva abandonaban el recinto, Saade gritó repetidamente “¡Reelección! ¡Reelección! ¡Reelección!”, en alusión a una posible continuidad del jefe de Estado, pese a la prohibición establecida en la Constitución desde 2015.
En consecuencia, el documento entregado por Ruiz al organismo investigador pide iniciar una investigación formal por presunta comisión de los delitos de prevaricato por acción, perturbación al certamen democrático y constreñimiento ilegal. Según el escrito, las declaraciones del denunciado desconocerían el marco legal e intentan introducir en el debate público una figura prohibida por la Carta Magna.
A juicio del exministro, la conducta, que se registró en su calidad de alto funcionario del Ejecutivo, representa una grave infracción a la neutralidad que deben observar los servidores públicos. “Y constituye, además, una afrenta directa al orden constitucional”, afirmó el jurista, que citó el artículo 422 del Código Penal, que sanciona este tipo de acciones por parte de quienes ocupan cargos de dirección política o administrativa.
Como material probatorio, Ruiz presentó el video oficial de la transmisión del Canal Congreso, en el fragmento 6:53:10 y solicitó la declaración de varios congresistas que estuvieron presentes: entre ellos la representante Garrido, la senadora del Centro Democrático Paloma Valencia, el representante Daniel Carvalho y el senador Efraín Cepeda, que hasta ese momento aún oficiaba como presidente del órgano legislativo.
“Este episodio es parte de una peligrosa tendencia a utilizar el poder institucional para deslizar ideas de perpetuación en el poder. Frente a ello, la ley debe ser la muralla que impida cualquier desviación autoritaria. El mandato del actual presidente termina en 2026, así lo establece la Constitución, y así se hará cumplir. No es un asunto de opinión: es un asunto de legalidad y de respeto a las reglas del juego democrático", concluyó.
Es válido destacar que Saade ha reiterado en redes sociales su posición de que se debe reelegir el mandato del hoy mandatario, y no solo eso: que se debe ejercer control hacia lo que ha denominado el “periodismo arrodillado”, lo que ameritó fuertes cuestionamientos de los políticos contrarios al Gobierno y alimentado los señalamientos de que se buscaría censurar a la prensa que no replique la agenda oficial.
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