
Juliana Guerrero Jiménez, coordinadora de gabinete del Ministerio del Interior, sigue en el ojo del huracán, tras conocerse que habría realizado vuelos misteriosos en un avión de la Policía el 19 y 20 de junio de 2025.
Pese a la férrea defensa del presidente Gustavo Petro, en la que manifestó que la funcionaria realizó una misión especial del Gobierno nacional, se conoció que Guerrero Jiménez no solo habría usado la aeronave de la institución para su vuelo a Valledupar, sino que habría utilizado un helicóptero donde habrían embarcado varios familiares y allegados cercanos con otros asuntos desde Valledupar hasta el municipio de Aguachica, en el departamento del Cesar, según información revelada por la revista Cambio.
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En diálogo con La FM, de RCN Radio, el director del medio de comunicación, Federico Gómez Lara, señaló que la misión especial que le encargó el Gobierno Petro a la funcionaria Juliana Guerrero en Valledupar obedecía al control de la Universidad Popular del Cesar.
“La verdad es otra: no hubo paz total, ni una misión secreta, ni fue un solo vuelo. Ese día, las hermanas Guerrero, además del avión, tuvieron a su servicio un cómodo helicóptero Bell 212 de la Policía para consolidar una ambición personal: tener el control absoluto de la Universidad Popular del Cesar”, señaló el periodista en la cadena radial mencionada.

A su vez, el director de Cambio indicó que desde el mes de abril de 2025, Guerrero había sido designada como representante del Gobierno para la Universidad Popular del Cesar que, según Gómez Lara, había iniciado la estrategia para tener el control del alma mater.
“Ella hace un acuerdo con el rector actual, una persona, digamos, muy, muy cercana a ella, son de la misma región, para empezar un cabildeo, un lobby, que buscaba cambiar los estatutos de la universidad para derogar una norma vigente desde 2004 que prohibía la reelección inmediata del rector. Hoy en día, como está estipulado, el rector debe renunciar tres meses antes, si pretende presentarse a la reelección (...) llegan con esa jugada y empiezan a hacer la socialización entre los consejeros. Y Juliana dice o transmite el mensaje de que se trataba de una orden expresa del Presidente de la República que quería cambiar los estatutos de la universidad”, indicó.
Además, el comunicador reveló que esto generó confusión en el Consejo del centro universitario, y recordaron que este episodio se había vivido en la Universidad del Atlántico.

“Algunos consejeros dijeron: ‘Oiga, necesitamos una confirmación oficial de que esto en efecto es una orden del Presidente, porque no nos cuadra’. Obviamente, ahí Juliana estaba aprovechando una realidad que todos conocemos y es que hablar con el presidente Petro es muy difícil (...) Sin esa confirmación, los consejeros no se midieron al tema. Y lo que hicieron Guerrero y su comitiva fue salirse de la sesión y alterar el orden del día para sacar de la agenda de discusión la reforma de los estatutos”, manifestó.
Igualmente, Gómez Lara sostuvo que este episodio ha generado una leve división entre el presidente Gustavo Petro y el ministro del Interior, Armando Benedetti, ya que, según el director de Cambio, “se están tirando la pelota mutuamente” en la que intentarían evadir su responsabilidad en el supuesto control del centro universitario del Caribe colombiano.
“Al preguntarle al ministro Benedetti si Juliana tenía la facultad de pedir un avión como si fuera un Uber, me dijo que no tiene esa facultad y que él no podía comentar más”, añadió.

También, en diálogo con Blu Radio, el director de Cambio señaló que el costo de los vuelos hacia el departamento del Cesar fue por encima de 127 millones de pesos, aunque recalcó que eso solo fue de la gasolina de las aeronaves.
“Esta investigación sobre Juliana Guerrero, arrancó hace unos meses desde el Consejo de Ministros (4 de febrero) en el que el presidente la presentó de manera formal al país. Hizo un paso de cámara, una alusión a ella diciendo que era una joven y rebelde. Ahí empezamos a subir a la pista al personaje”, afirmó.
Aliado conservador en rector de la Universidad Popular del Cesar
Además, el director de Cambio, Federico Gómez Lara, indicó que tras el intento fallido, Guerrero y compañía intentaron otra estrategia para impulsar la reforma a los estatutos de la universidad.
“De alguna manera le sueltan la mano al rector Róber Romero y encuentran en René Segundo Hernández, otra persona muy cercana a ella, un posible candidato a rector que impulse sus intereses”, indicó a La FM.

Frente al primero, según reveló El Tiempo, se supo que es cercano al representante a la Cámara del Partido Conservador, Alfredo Ape Cuello Baute, uno de los congresistas que ha ayudado al Gobierno Petro en el trámite de las reformas sociales.
Con más de 20 años en el legislativo, Cuello Baute ha consolidado su poder en el departamento del Cesar, ya que 17 de los 25 alcaldes cuentan con su respaldo. Según la Fundación Paz y Reconciliación, Pares, ha sido un aliado del clan Gnecco, aunque este grupo familiar pertenece al partido de la U.

Por su respaldo a la reforma pensional, la dirección del Partido Conservador le ordenó una medida cautelar y quitarle voz y voto. Sin embargo, según datos de La Silla Vacía, su apoyo a la propuesta del Gobierno Petro se habría traducido en contratos con un valor aproximado 24 mil millones de pesos en obras públicas para el departamento.
También, informó El Tiempo, Ape Cuello fue investigado por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia por supuestos nexos con grupo paramilitares, aunque en 2010 fue absuelto de la investigación al no encontrar material probatorio en su contra.
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