El ELN reaccionó a propuesta de Gustavo Petro de darles beneficios a cabecillas de bandas criminales: “Trata muy favorablemente al paramilitarismo”

El proyecto de ley de sometimiento que fue radicado por el Gobierno de Gustavo Petro ante el Congreso de la República ha generado varios cuestionamientos, no solo en varios sectores políticos y judiciales del país, sino que se suman varios grupos armados ilegales.

Es el caso del Ejército de Liberación Nacional (ELN), que por medio de un comunicado publicado en su revista digital Voces emite varios cuestionamientos a la iniciativa presentada por el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, en la noche del 20 de julio de 2025.

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Según el grupo insurgente, la iniciativa, presentada bajo la política de paz total, representa un giro en la política de justicia que, lejos de buscar una solución política al conflicto armado en Colombia, prioriza la legalización de bandas criminales y deja de lado a las insurgencias con agenda política.

“El Ministerio de Justicia ha pasado de hablar del ‘sometimiento de estas bandas’, como lo pretendía en el Proyecto de ley radicado en 2023, a dar un ‘tratamiento penal diferenciado’, que incluye mecanismos de la justicia transicional y que trata muy favorablemente al paramilitarismo, responsable de la agudización de la guerra contra la sociedad en distintas regiones del país”, afirmó el grupo guerrillero en su misiva.

Ventajas para el Clan del Golfo y disidencias de las Farc, según el ELN

Así mismo, el grupo guerrillero enfatizó que la propuesta del Ejecutivo otorga ventajas jurídicas a grupos como el Clan del Golfo y a estructuras conformadas por exintegrantes de las Farc que quedaron excluidos de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

“La ya mencionada priorización de beneficios jurídicos para paramilitares, la acompañan de menciones y disposiciones específicas que beneficiarán especialmente a los narcoparamilitares del Clan del Golfo, responsables del derramamiento de sangre de comunidades campesinas y pueblos étnicos en todo el territorio nacional”, indicaron en el comunicado los líderes del grupo guerrillero.

Además, cuestiona al Gobierno Petro de varios incumplimientos con dicha organización ilegal, como la exclusión de la lista de grupos armados organizados.

“Mientras permanecen en las cárceles y son asesinados jóvenes de la Primera Línea, el mensaje que se le transmite al país es que, para este Gobierno su prioridad en la agenda de construcción de paz, es la de entregar beneficios al paramilitarismo, el arma de guerra preferida del plan imperialista”, comentaron.

Idea de “pacificación”

De igual manera, el ELN califica la iniciativa como una “idea de pacificación” y no de paz genuina, ya que, según el grupo, el proyecto desconoce el carácter político del conflicto armado colombiano.

“Mientras no se nombran por ningún lado a los directos beneficiarios de esta iniciativa, como lo que son: paramilitares, se intensifica el desconocimiento del delito político; pues, ni siquiera se menciona en este marco jurídico la existencia de ‘organizaciones armadas rebeldes con carácter político’, como lo hacía el Proyecto de ley radicado en 2023, sino que con algo de pudor mencionan, los delitos contra el orden constitucional vigente”, añadieron.

También, critican que “en una iniciativa orientada a abordar el tratamiento penal y los beneficios jurídicos para paramilitares, traquetos y narcotraficantes, se incluya bajo estas definiciones a los jóvenes de la Primera Línea y a quienes hacen uso legítimo de la protesta social, como si tuvieran relación o parecido alguno con esas estructuras criminales”.

Por último, el ELN indicó que la iniciativa representa una oportunidad perdida para avanzar hacia una paz que incluya a todos los actores armados y aborde las raíces políticas de la violencia en el país.

“Sigue siendo esta una definición de paz muy distante a la que hemos propuesto de justicia social y cambios diseñados con la participación de la sociedad”, concluyeron.

Que dice el proyecto de ley de sometimiento

Durante la radicación del proyecto en la Cámara de Representantes, el ministro Eduardo Montealegre afirmó que el objetivo de la iniciativa “no es premiar a los criminales, sino darle al Estado herramientas para acabar con la violencia, proteger a las comunidades y fortalecer la justicia”.

El texto, compuesto por 54 artículos, establece rebajas de pena de entre el 40 por ciento y el 60 por ciento para quienes aporten verdad y contribuyan al desmantelamiento de las estructuras criminales.

Además, menciona que los criminales que se acojan al sometimiento podrán conservar hasta el 12 por ciento de los bienes obtenidos ilícitamente.