
La historia de Deicy Johana Zapata, empleada de una tienda D1 en Ituango, Antioquia, puso nuevamente en el centro del debate las condiciones laborales en la reconocida cadena de supermercado con precios bajos. Un accidente que ella califica como laboral derivó no solo en el deterioro progresivo de su salud, sino en una nueva indagación oficial que ya fue abierta por el Ministerio de Trabajo.
El hecho ocurrió el 30 de mayo. Ese día, mientras organizaba productos para lavar la loza, una estiba que debía movilizar se resbaló y atrapó su dedo con fuerza. “No logré sujetar la estiba. Me machaqué el dedo”, relató la trabajadora. A pesar del fuerte dolor, logró mover la estructura y continuó su jornada hasta finalizar el turno. Pero el daño ya estaba hecho. Días después, y con el dedo visiblemente afectado, recibió un diagnóstico que la dejó devastada: “Mi dedo empeora día tras día. Un médico tratante me dijo que cabía dentro de las posibilidades que mi dedo tuviera que ser amputado”.
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Aunque reportó lo ocurrido ante la empresa y acudió a la ARL correspondiente, el accidente fue clasificado como un incidente común, no laboral. “En la EPS me confirmaron una fractura y tiene laceración”, aseguró Zapata, que considera injusta y preocupante la manera como se está manejando su caso, especialmente por el impacto físico, emocional y laboral que tiene.
La situación llegó a oídos del Ministerio de Trabajo, que no solo decidió compartir públicamente el testimonio de la afectada, sino que anunció oficialmente una investigación para establecer si hay lugar a sanciones. Esta nueva actuación se suma a las ya existentes contra la compañía, luego de que se identificaran patrones preocupantes en la relación entre D1 y sus empleados en distintas regiones del país.
Sandra Muñoz, viceministra (e) de Relaciones Laborales e Inspección y directora de Inspección, Vigilancia y Control del Ministerio, expresó su preocupación: “Específicamente en la tienda de Ituango, hacemos un llamado a que la ARL responda porque posiblemente tenemos una grave afectación a la salud y seguridad de esta trabajadora”. Según señaló, el ministerio ya había venido haciendo seguimiento a múltiples quejas relacionadas con el ambiente de trabajo en la cadena.

Zapata, por su parte, no solo pide ayuda para que su lesión sea tratada con la debida seriedad, también para que se respeten otros de sus derechos. En su testimonio, también compartido por la cartera de Trabajo, indicó que se le estaría vulnerando su derecho a la lactancia, ya que no le brindan las garantías para amamantar a su hijo. Esta situación fue evaluada a la luz de la Ley 2306 de 2023, que protege los derechos de las madres trabajadoras y la primera infancia.
“Estoy pidiendo un S.O.S.”, afirmó Zapata, con voz firme pero marcada por la desesperación. Lo que comenzó como un accidente silencioso en una pequeña tienda se convirtió ahora en un símbolo de una discusión más grande sobre la precarización del empleo en el sector retail.

Aunque la cadena D1 reiteró en pronunciamientos recientes que sus operaciones se ajustan plenamente al marco normativo colombiano y que todas sus prácticas laborales cumplen con lo estipulado en la ley, los hallazgos del Ministerio de Trabajo y las nuevas acciones investigativas abiertas por la entidad indican posibles deficiencias en la manera como la compañía gestiona los casos relacionados con salud ocupacional.
En particular, preocupa que algunos protocolos internos para reportar, atender y dar seguimiento a accidentes laborales no estén funcionando de manera eficaz en determinadas tiendas, lo que podría estar dejando a trabajadores sin la protección adecuada en situaciones críticas.
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