
Durante una sesión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas dedicada a la situación en Colombia, la delegación de Estados Unidos lanzó fuertes críticas contra la estrategia de “paz total” del Gobierno de Gustavo Petro.
Señalaron que la violencia ha aumentado y que la forma desordenada en que se negocia con los grupos armados ilegales está poniendo en riesgo la estabilidad del país.
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En respuesta, el viceministro colombiano de Asuntos Multilaterales, Mauricio Jaramillo Jassir, reconoció la complejidad de la situación, pero defendió el enfoque gubernamental basado en la apertura del diálogo con aquellos actores dispuestos a someterse a la justicia.
La representante estadounidense Ting Wu expresó con claridad la postura de su país: “La paz total debe dar resultados tangibles”.
Wu advirtió que “proteger a criminales a efectos políticos socava toda perspectiva de una paz duradera” y alertó sobre el peligro de que Colombia se vea arrastrada a “un conflicto mayor” si se mantienen los errores en la gestión del proceso de paz.
Esta advertencia reflejó la preocupación internacional sobre la escalada de violencia y la fragilidad de los avances desde la firma de los Acuerdos de Paz de 2016.
Según la delegación estadounidense, la estrategia del Gobierno Petro de abrir múltiples mesas de negociación simultáneamente con diversos grupos armados, lejos de reducir los ataques, ha generado incentivos para que estos actores ilegales redoblen sus acciones violentas con el fin de mejorar su posición en las negociaciones.
“Lamentamos que en lugar de reducir la violencia, el gobierno colombiano se precipite para negociar de forma desorganizada con grupos múltiples, lo que ha generado incentivos para que estos grupos redoblen sus ataques intentando mejorar su postura de negociación”, afirmó la representante Wu.
Analistas y diplomáticos interpretaron estas declaraciones como una advertencia sobre los riesgos de una estrategia percibida por Washington como caótica, sin control ni resultados concretos.
Wu fue enfática en señalar que “los progresos limitados contra los narcogrupos, combinado con políticas lentas está echando por tierra los éxitos de las últimas décadas”.

La representante norteamericana hizo un llamado al Gobierno colombiano para que refuerce su presencia en las zonas rurales, donde el fraccionamiento de las antiguas Farc, la expansión territorial del ELN y la actividad de otros grupos paramilitares han profundizado la inseguridad.
En su análisis, Estados Unidos considera que la falta de determinación y coordinación en algunas partes del Ejecutivo ha permitido que la impunidad crezca y que los grupos armados ilegales operen con mayor libertad, afectando la estabilidad social y política.
Durante la misma sesión, el Consejo de Seguridad condenó unánimemente el atentado contra el candidato presidencial Miguel Uribe Turbay y exigió que se agilicen las investigaciones para llevar a los responsables ante la justicia.
El Reino Unido reconoció ciertos avances en la reducción de la violencia política, pero instó al Gobierno colombiano a mostrar mayor voluntad en la implementación del Acuerdo de Paz y a garantizar la financiación necesaria antes de concluir su mandato.
Por otro lado, las delegaciones de China y Rusia centraron sus intervenciones en la necesidad de controlar los repuntes de violencia en las regiones más afectadas.
Ambos países expresaron confianza en que Colombia evitará una recaída en la violencia política y destacaron la importancia de las primeras decisiones que adoptará la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
El representante chino solicitó aumentar el despliegue de seguridad en los puntos críticos del país, mientras que la delegación rusa advirtió que el vacío dejado por el Estado ha facilitado la expansión de grupos armados que “han demostrado no tener voluntad de paz”.
Moscú consideró esencial que el Gobierno recurra al uso de la fuerza para restablecer el orden y la tranquilidad.
Frente a estas críticas y recomendaciones, el viceministro Mauricio Jaramillo Jassir reconoció que “Colombia atraviesa un momento complejo”, pero aseguró que el Gobierno de Gustavo Petro mantiene firme su compromiso con la defensa de las garantías políticas y los derechos fundamentales, “sin distinción de ideologías o posturas”.
Jaramillo defendió el enfoque del Ejecutivo y admitió que existen regiones donde la seguridad sigue siendo crítica.

“Somos conscientes de las dificultades en seguridad de algunas regiones por la acción de grupos que han decidido no tomar la mano de paz del Gobierno. Nuestra apuesta es persistir en los diálogos y procesos de sometimiento con quienes estén dispuestos”, explicó el viceministro.
El funcionario insistió en que la voluntad del Estado es mantener abiertos los canales de diálogo, especialmente con aquellos grupos que muestren disposición para avanzar en procesos de paz o someterse a la justicia.
Sin embargo, admitió que la violencia persiste, particularmente en zonas donde algunos actores se han negado a participar en las negociaciones.
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