Durante el más reciente Consejo de Ministros, realizado el 15 de julio de 2025, el presidente Gustavo Petro expresó duras críticas al megaproyecto de Restauración de Ecosistemas Degradados del Canal del Dique. A su juicio, la obra tiene un enfoque excluyente que favorece a los sectores más privilegiados de Cartagena y descuida a las comunidades ribereñas y afrodescendientes que viven aguas abajo del canal.
“Así que entonces expandir el Canal del Dique para echar el agua sucia del río Magdalena que trae el río Bogotá al Golfo de Morrosquillo donde viven los negros y entonces se limpia la Bahía de Cartagena. Así señora ministra del Ambiente: se limpia la bahía de Cartagena, linda, los más ricos del mundo viven ahí”, expresó el jefe de Estado durante su intervención.
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En ese mismo escenario, el mandatario criticó la decisión de la Corte Constitucional que tumbó el artículo del Plan Nacional de Desarrollo que permitía implementar contribuciones por valorización. “Los señores de la bahía de Cartagena pueden pagar la obra al menos, pero sale la Corte Constitucional a decir que se prohíbe un principio fiscal universal del Estado Social de Derecho”, añadió Petro, haciendo referencia al fallo del alto tribunal que declaró inexequible dicha herramienta fiscal.
La respuesta de la Contraloría
Frente a estas declaraciones, la Contraloría General de la República envió un oficio oficial a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y al Ministerio de Ambiente, con copia a sus respectivas cabezas, Óscar Javier Torres Yarzagaray y Lena Yanina Estrada Añokazi. En el documento, fechado el 17 de julio, la entidad fiscalizadora reiteró la advertencia formulada en noviembre de 2024 sobre los riesgos asociados al proyecto, pero al mismo tiempo defendió su enfoque integral y su beneficio para las comunidades.
La carta, firmada por el contralor delegado para el sector de infraestructura, Luis Fernando Mejía Gómez, señala que el proyecto fue declarado de “importancia estratégica para la Nación” por el Documento CONPES 3594 del 10 de julio de 2009. Esto implica que no se trata simplemente de una obra para descontaminar la Bahía de Cartagena, como lo insinuó el presidente, sino de una intervención ambiental de gran envergadura.
Según la Contraloría, el megaproyecto “va mucho más allá de la descontaminación de la Bahía de Cartagena” y se extiende a 19 municipios de los departamentos de Bolívar, Atlántico y Sucre, beneficiando directamente a más de 1,5 millones de personas que viven a lo largo de los 116 km del canal, desde Calamar hasta la bahía.
Impactos ambientales, sociales y técnicos
Con el fin de brindar mayor claridad sobre la magnitud de la obra, la Contraloría expuso una lista detallada de los beneficios esperados. Entre ellos se destacan:
- Regulación activa del ingreso de caudales al canal.
- Control de sedimentos entre el Canal del Dique y las bahías de Cartagena y Barbacoas.
- Control de inundaciones y niveles de agua en la zona.
- Mitigación de la intrusión salina, que afecta las fuentes de agua dulce.
- Creación de escenarios de adaptación al cambio climático.
- Mejoras en las conexiones entre ciénagas y el canal.
- Restauración de ecosistemas en áreas como el Parque Nacional Natural Corales del Rosario y San Bernardo.
- Recuperación de rondas de ciénagas, caños y márgenes del canal.
- Aseguramiento del recurso hídrico para agua potable, riego, ganadería y pesca.
- Optimización de la navegabilidad, favoreciendo el transporte fluvial.
Desde esta perspectiva, la Contraloría subrayó que la restauración del Canal del Dique representa una oportunidad para mitigar los impactos históricos del deterioro ambiental en la región y para mejorar la calidad de vida de sus habitantes.
El debate de fondo: equidad ambiental y justicia fiscal
Las críticas del presidente Petro abren un debate más amplio sobre los principios de equidad ambiental y justicia fiscal en los grandes proyectos de infraestructura. Su denuncia apunta a que las intervenciones tienden a favorecer a los sectores económicamente más poderosos, como en el caso de la Bahía de Cartagena, mientras que las consecuencias negativas son desplazadas a comunidades históricamente vulneradas.
Por su parte, la Contraloría hace énfasis en el carácter estructural del megaproyecto y sus beneficios colectivos, pues defiende que más allá del foco sobre Cartagena, se trata de una intervención de restauración que abarca diversas poblaciones rurales, afrodescendientes e indígenas a lo largo del canal. El desafío, sin embargo, sigue siendo asegurar que la ejecución de la obra contemple mecanismos efectivos de participación y consulta con estas comunidades.
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