La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia ratificó la condena emitida en primera instancia contra tres exgobernadores del departamento de Putumayo, tras hallarlos responsables de delitos asociados con la administración de recursos públicos. La decisión implica la captura inmediata de Fabián Alfonso Belnavis Barreiro, Carlos Alberto Palacios Palacio y Renzo Alfonso León Vargas, quienes desempeñaron la máxima autoridad departamental en distintos periodos.
Según la investigación, los exmandatarios incurrieron en actuaciones irregulares durante la firma y ejecución de un convenio suscrito entre la Gobernación de Putumayo y la Secretaría Ejecutiva de la organización Convenio Andrés Bello (Secab). El acuerdo tenía como propósito gestionar asistencia técnica para la ejecución de obras de infraestructura en varios municipios del departamento, incluidos Santiago, Colón, Sibundoy, San Francisco, Mocoa, Puerto Leguízamo, Orito, Valle del Guamuez y San Miguel.
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Sin embargo, durante el proceso de ejecución se identificaron múltiples incumplimientos por parte de la Secab, que, pese a ello, continuó recibiendo desembolsos autorizados por la administración departamental.
“Lo expuesto anteriormente no solo pone en evidencia que el Convenio Marco y la Carta de Acuerdo 001 de 2005 fueron tramitados y celebrados de manera irregular, sino que también permite acreditar el grado de participación señalado en la sentencia y por el cual fue acusado el procesado en cuestión”, se lee en el fallo.
De acuerdo con el fallo de la Corte Suprema, los exgobernadores participaron en diferentes fases del convenio, desde la firma inicial hasta la autorización de los pagos, a pesar de tener conocimiento de los incumplimientos contractuales.
Para el alto tribunal, las actuaciones de los exgobernadores no solo ignoraron los requisitos legales básicos para la contratación pública, sino que además se impartieron órdenes encaminadas a dotar de aparente legalidad a procedimientos que no cumplían con las disposiciones vigentes. Como consecuencia de estas maniobras, las arcas del departamento registraron un detrimento patrimonial superior a los 700 millones de pesos.
En la sentencia, la Corte determinó que Fabián Alfonso Belnavis Barreiro deberá pagar una condena de 14 años de prisión por los delitos de peculado por apropiación y contrato sin cumplimiento de requisitos legales.
“Está probado que, para llevar a cabo su cometido, Fabián Alfonso Belnavis Barreiro requirió el apoyo de diversas personas, quienes,desde sus competencias, aportaron lo necesario para seguir adelante con el proceso de contratación directa con la Secab“, se lee en el texto de la corte.
Carlos Alberto Palacios Palacio, hallado culpable de los mismos delitos, deberá cumplir una pena de 10 años de cárcel. Por su parte, Renzo Alfonso León Vargas fue sentenciado a 10 años y 5 meses de prisión, al ser encontrado responsable de peculado por apropiación.
“De acuerdo con las evidencias, para conseguir su propósito criminal los procesados desplegaron un modus operandi recurriendo a la Secab y acordando que esa organización internacional aportaría algunos recursos para la ejecución del Convenio Marco y, con ello, se eludieron los postulados de la Ley 80 de 1993 para contratar de manera directa”, agregó la Sala.
El caso evidencia los riesgos que persisten en algunos esquemas de contratación pública, especialmente cuando involucran convenios interinstitucionales con organizaciones externas. Además, refuerza la línea jurisprudencial del alto tribunal sobre la responsabilidad de los funcionarios públicos en la vigilancia de los recursos y la correcta ejecución de los contratos suscritos durante su gestión.
Con esta decisión, la Corte Suprema de Justicia envía un mensaje de contundencia frente a la corrupción administrativa, ordenando que se materialice la captura de los tres exmandatarios para que cumplan sus condenas en un centro carcelario, una vez se hagan efectivas las órdenes de detención.
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