La Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia desestimó la recusación interpuesta por Sandra Ortiz, exfuncionaria de la Presidencia, envuelta en un proceso judicial por su presunta participación en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). Así, autorizó que la fiscal General de la Nación continúe tomando decisiones en la investigación sobre el caso.
La decisión del alto tribunal permite a la fiscal General continuar con plena competencia en el expediente que involucra a la exconsejera presidencial para las regiones, informó Semana.
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Ortiz había solicitado la separación de Camargo de la investigación tras alegar una falta de garantías procesales, con el objetivo de impedir que la funcionaria tuviera acceso y dirigiera los procedimientos y acercamientos en el proceso legal. No obstante, la Corte encontró infundada la recusación y desestimó los argumentos presentados por la defensa.
Durante mayo de 2025, se conoció que la exfuncionaria presentó una carta ofreciendo colaboración a la Fiscalía General de la Nación, en la que anexó nueva evidencia sobre el desvío de cuantiosos recursos públicos en la Ungrd.
Pese a lo anterior, aseguró que la fiscal general bloqueó dichos acercamientos y suspendió cualquier acuerdo, razón por la cual avanzó la acusación en su contra por los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias de servidor público.
La fiscal delegada que lidera las investigaciones afirmó públicamente, en rueda de prensa, que los aportes de Ortiz no reunían los requisitos necesarios para sustentar los hechos bajo indagación.
Desde diciembre del 2024, Sandra Ortiz permanece privada de la libertad en una guarnición militar, enfrentando el proceso en medio del escándalo que ha salpicado a numerosos funcionarios públicos.
Fiscal Luz Adriana Camargo urge a la JEP cerrar procesos y definir la situación jurídica de excombatientes ante riesgo de parálisis judicial
La Fiscalía General de la Nación encendió las alarmas respecto a la falta de definición judicial sobre exintegrantes de las antiguas Farc sometidos a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
En una carta remitida a las salas de justicia del tribunal de paz, la fiscal Luz Adriana Camargo señaló que la ausencia de decisiones integrales y en plazo razonable pone en riesgo tanto la legitimidad del sistema como el derecho de las víctimas a la reparación.
El documento expone que, aunque la jurisdicción ordinaria debe abstenerse de investigar hechos ya asumidos por la JEP, los expedientes en la justicia transicional solo cubren una proporción reducida del universo de procesos que la propia Fiscalía ha transferido.
Camargo detalló que, de los cerca de 223.000 casos identificados y reportados con casi 197.000 víctimas y alrededor de 280.000 indiciados, la JEP apenas ha priorizado un número limitado de expedientes en sus llamados macrocasos.
Por ejemplo, en el caso de secuestro, la Sala de Reconocimiento de Verdad solo ha trabajado sobre 62 expedientes que abarcan a siete comparecientes del antiguo Secretariado, pese a existir más de 6.100 investigaciones abiertas.
La fiscal destacó que esta parcialidad deja sin resolución numerosos procesos, y sostiene que la selección de expedientes realizada por la JEP excluye “la totalidad de investigaciones relacionadas con el fenómeno delictivo que abarca el macrocaso ni la totalidad de indiciados o vinculados con su comisión, lo cual deja a esas actuaciones sin un cierre judicial y en indefinición la situación jurídica de los procesados”.
En el caso de reclutamiento de menores y violencia intrafilas, la situación es similar: solo se ha avanzado sobre una fracción de las más de 4.200 investigaciones aportadas.
La preocupación se extiende a la figura de la selección negativa, un mecanismo previsto para descartar expedientes fuera del interés prioritario y cerrar jurídicamente la situación de comparecientes; hasta la fecha, solo 705 personas –144 de ellas ex-Farc– han sido beneficiadas con esta modalidad, un número que la Fiscalía considera insuficiente para resolver el volumen de casos pendientes.
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