Ministro de Salud insistió en que las EPS sí tienen una deuda de más de 100 billones: aseguró que viene desde el gobierno de Andrés Pastrana

El Ministerio de Salud dio detalles sobre la cifra de más de cien billones de pesos que, según el presidente Gustavo Petro, representaría la deuda acumulada de las Empresas Promotoras de Salud (EPS) en Colombia, una suma muy superior a la estimada por la Contraloría General de la República.

El ministro Guillermo Jaramillo, en diálogo con W Radio, explicó que la magnitud de este pasivo se entiende mejor si se observa cómo se han venido acumulando obligaciones financieras desde administraciones pasadas, partiendo, incluso, desde el gobierno de Andrés Pastrana hasta la actualidad.

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Según el jefe de la cartera de Salud, el cálculo presentado por el presidente Petro toma como base un periodo de más de tres décadas.

Esto contrasta con el informe oficial de la Contraloría, que ubica las deudas acumuladas de las EPS en más de 32 billones de pesos.

Para el Gobierno Petro, esa cifra se queda corta frente a la realidad, ya que no refleja la totalidad de compromisos financieros arrastrados por liquidaciones de entidades y otros factores que se han repetido a lo largo de los años.

Uno de los puntos que subrayó Jaramillo es la liquidación de once EPS durante la administración de Iván Duque.

Según el ministro, estas entidades reconocieron deudas cercanas a los diez billones de pesos, pero solo habrían respondido efectivamente por un billón, dejando un saldo que afecta de forma directa a clínicas, hospitales, laboratorios y operadores farmacéuticos.

“Duque liquidó once EPS, ellas aceptaron diez billones de deuda y no pagaron sino un billón. Si nosotros ahora hacemos lo mismo ninguna de estas EPS tendría con qué pagar esa deuda, entonces se quedarían afectados las clínicas, los hospitales, los laboratorios y los gestores farmacéuticos. Ahí es donde está lo que es el presidente dijo, si llevamos eso a la cifra de pesos constantes, la deuda sería muy superior a lo que está presentando la Contraloría”, dijo Jaramillo en la entrevista con W Radio.

Para el Ministerio, este rezago financiero no solo golpea al sector público, sino que genera una carga para alcaldías, gobernaciones, el Gobierno central y prestadores particulares de servicios de salud.

Jaramillo insistió en que, aunque el Gobierno habla de EPS en una situación crítica —incluso usando la metáfora de “cuidados intensivos”—, no se busca eliminarlas, sino mantenerlas bajo una lógica distinta de operación y flujo de recursos.

Según expuso, la idea es que sigan gestionando los servicios de salud, pero con un esquema de pago directo por las labores efectivamente realizadas, sin entregarles recursos de forma anticipada.

Otro de los aspectos señalados por el ministro fue la necesidad de auditorías más rigurosas, pues advirtió que no existen balances claros y actualizados para los años 2023 y 2024.

Para Jaramillo, los informes financieros que se presentaron en el pasado no reflejaron la verdadera situación, ocultando una crisis que se ha ido profundizando con el tiempo.

“Los datos de la de la Contraloría vienen desde el 2020, entonces no es la misma deuda del 2000 al 2020 que del 2020 al 2024. El presidente Petro dijo que debíamos llevar esto a valores constantes y tomar toda la deuda que viene, no de este Gobierno ni desde Duque, ni Santos, ni Uribe, sino desde el gobierno de Pastrana, por esto el presidente afirma que esto puede llegar a ser, por lo menos, de cien billones de pesos”, agregó.

El cálculo oficial que maneja la Contraloría toma como referencia datos desde 2020, pero el presidente Petro ha insistido en que la deuda real debe calcularse con base en valores constantes, incorporando la inflación acumulada y la totalidad de pasivos desde gobiernos anteriores, lo que, a juicio del Gobierno, explicaría por qué la cifra podría superar ampliamente los cien billones de pesos.

El debate sobre la magnitud de esta deuda se da en medio de un contexto de tensión con el sector salud, marcado por la discusión de la reforma y los ajustes que se vienen implementando para garantizar la sostenibilidad del sistema y la continuidad en la prestación de los servicios a millones de usuarios en todo el país.