Presidente del Consejo de Estado se refirió al decreto que le quita competencia en tutelas contra Gustavo Petro: “No va en la dirección correcta”

La firma del Decreto 0799 por parte del presidente Gustavo Petro, elaborado por el Ministerio de Justicia, generó una nueva ola de críticas contra el Gobierno, al establecer que las tutelas que se interpongan contra el mandatario ya no tendrán como destino preferente el Consejo de Estado.

En conversación con W Radio, Luis Alberto Álvarez, presidente del Consejo de Estado, cuestionó duramente el decreto, y afirmó que la decisión del Gobierno genera “desazón” e “incertidumbre”.

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“Esta es una decisión que a mi modo de ver no va en la dirección correcta. Yo creo que desarticular el reparto de asuntos de tutela sin ninguna consideración objetiva, proporcional y razonable lo que deja la sensación es que se quiere generar una tensión adicional al clima que se viene viviendo con las Cortes. Es arrebatar una atribución”, indicó Álvarez.

El presidente del alto tribunal afirmó al citado medio de comunicación que la decisión generará un impacto contra la unificación jurisprudencial.

“En últimas lo que se está es diseminando en una gran cantidad de jueces esa competencia en detrimento de la unidad, de la coherencia y la necesidad de unificación de jurisprudencia que la tenía o la tiene el Consejo de Estado, entonces no parece conveniente ni proporcional en ese orden que se entregue el conocimiento de las tutelas a jueces de una inferior jerarquía cuando lo viene haciendo un órgano como el Consejo de Estado”, afirmó el presidente del Consejo de Estado a W Radio.

En conversación con La FM de RCN Radio, Luis Alberto Álvarez reconoció que el presidente puede reglamentar reyes, pero precisó que el decreto omitió un paso legal, que, según el magistrado, es necesario, debido a que el Ministerio de Justicia no consultó con la Sala de Consulta y Servicio Civil del propio Consejo de Estado, como lo menciona el artículo 113 de la Ley 1437 de 2011.

“El presidente puede tomar esa decisión, pero la ley exige que primero escuche a la Sala de Consulta. Esa consulta no es vinculante, pero sí obligatoria”, indicó el magistrado a La FM de RCN Radio.

Cuestionó la conveniencia del decreto, ya que considera que esta medida afecta el control judicial de las instituciones sobre los actos del mandatario.

“No es proporcional ni razonable que actos de máxima jerarquía sean juzgados por jueces sin la misma dignidad institucional que el Consejo de Estado”, aseveró el presidente del Consejo de Estado al citado medio de comunicación.

Luis Alberto Álvarez cuestionó los argumentos del decreto, debido a que afirman en el documento que la medida busca acercar a los colombianos a la justicia.

“Genera incertidumbre en un momento en que se necesita seguridad jurídica y paz social”, aseveró el magistrado.

Y agregó: “No hay ninguna agenda en el Consejo de Estado. Hemos protegido derechos del presidente y también los hemos limitado cuando ha sido necesario. No somos un tribunal contra nadie, somos jueces del Estado de derecho”.

El presidente del Consejo de Estado aseguró en La FM de RCN Radio aseguró que cualquier demanda contra el decreto sería conocida por la Sección Primera del tribunal, despacho encargado de dichos actos administrativos.

Finalmente, el presidente del Consejo de Estado le pidió a los colombianos defender la justicia y respetar las instituciones.

“Un país sin justicia es un país inviable. Las cortes no están para complacer ni para atacar, sino para hacer cumplir la Constitución”, aseveró Luis Alberto Álvarez.

El decreto será denunciado por la senadora María Fernanda Cabal. A través de sus redes sociales, la congresista del Centro Democrático anunció que interpondrá acciones contra el documento que considera “una amenaza directa al Estado de Derecho“.

Cabal también calificó el texto como una clara violación de las leyes por parte del mandatario y del ministro de Justicia, Eduardo Montealegre.

Para argumentar su posición, la congresista citó el artículo 152 de la Constitución Política de Colombia, que establece que cualquier iniciativa que busque modificar el aparato judicial, así como la administración judicial, debe ser tramitada bajo los parámetros de una ley estatuaria en el Congreso.