El Consejo de Estado fijó para el miércoles 20 de agosto de 2025 la audiencia pública del caso que busca la pérdida de investidura contra David Racero, representante a la Cámara del Pacto Histórico.
En el fallo emitido, el alto tribunal admitió una serie de pruebas documentales y testimoniales para esclarecer las presuntas irregularidades relacionadas con la vinculación y funciones de Jhon Leonardo García Lara, quien ocupó el cargo de asistente grado II en la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) de Racero entre noviembre de 2020 y enero de 2021.
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“Fijase como fecha, hora y modalidad para la realización de la audiencia pública de que tratan los artículos 11 y 12 de la Ley 1881 de 2018, el veinte (20) de agosto de 2025 a las 9:30 am, diligencia que se realizará de manera virtual a través de la plataforma tecnológica Microsoft Teams, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 186 ibidem modificado por el artículo 46 de la Ley 2080 de 2021 en consonancia con el artículo 7 de la Ley 2213 de 2022”, se lee en el documento.
Entre las pruebas decretadas figuran certificaciones laborales, constancias de pago de salarios, registros de llamadas telefónicas entre Racero y su exasistente, así como un informe técnico forense sobre supuestos mensajes de WhatsApp que fueron publicados en medios de comunicación.
También, el Consejo de Estado instó a los operadores de telefonía móvil que, en un plazo de tres días desde la recepción de la comunicación, remitan los registros de celdas de llamadas telefónicas entre David Racero y Jhon Leonardo García correspondientes al periodo comprendido entre noviembre de 2020 y agosto de 2022.
Además, el tribunal ha requerido a la Dirección de Investigación Criminal (Dijín) y al Cuerpo Técnico de la Fiscalía General de la Nación para que elabore un informe técnico, realizado por peritos informáticos forenses, para determinar la autenticidad de los mensajes de datos involucrados en el caso.
“... para que en el término de tres (3) días contados a partir de la fecha de recibo de la correspondiente comunicación, remitan un informe técnico elaborado por peritos informáticos forenses con la finalidad de establecer o determinar la autenticidad de los mensajes de datos que fueron publicados en distintos medios de comunicación, realizados mediante la aplicación de mensajería instantánea para teléfonos inteligentes “WhatsApp””, indicó el alto tribunal en el fallo.
Por qué es investigado David Racero
El caso obedece a unos audios en donde el congresista de Gobierno habría ordenado a integrantes de su UTL en actividades ajenas a sus funciones oficiales.
Según información revelada por El Tiempo, García Lara se habría hecho cargo de un minimercado de frutas y verduras, popularmente conocido como fruver.
En los audios revelados por el citado medio de comunicación, se escucha como el actual congresista del Pacto Histórico estaría dando instrucciones precisas al integrante de su UTL, relacionadas con un mercado y el dinero destinado para su compra.
“¡Leonardo! Hoy no le entregue, porfa, la plata a don Nelson. Yo ya le entregué una que tenía aquí en el carro, le entregué $1 millón para la compra de mañana, porque la idea no es comprar mañana mucho, porque mañana el mercado no es que sea así mucho, es básico. Entonces, digamos, como que él va a estructurar para comprar”, se oye en el diálogo divulgado a la opinión pública.
Ante esta situación, David Racero ha manifestado que está colaborando con una investigación en la Corte Suprema de Justicia para indagar sobre su presunta responsabilidad en el hecho.
“La idea de que me atribuyan información falsa me preocupa, de ahí este pronunciamiento. Pero confieso que la idea de que en verdad tengan acceso a mis comunicaciones privadas me espanta; está en juego mi intimidad y la de mi familia”, aseveró el congresista en un extenso comunicado.
Por su parte, John Leonardo García Lara negó trabajar en el fruver y evitó proporcionar mayores detalles sobre el caso. En declaraciones recogidas en El Tiempo, el funcionario afirmó: “No estoy en la obligación de responderles nada”.
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