
El país amanece con una nueva crisis, después de que el gremio de arroceros pusiera en marcha, desde las 7:00 a. m. de este lunes 14 de julio, un nuevo paro nacional indefinido que ha generado bloqueos en vías estratégicas y el cese de actividades en varios departamentos clave para la producción de arroz.
Los agricultores han anunciado la medida tras sostener que los recientes esfuerzos del Gobierno resultan insuficientes para enfrentar los problemas estructurales que aquejan a miles de productores en regiones como Tolima, Huila, Meta, Santander y Casanare.
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Los organizadores del paro han implementado un esquema de bloqueos viales bajo la modalidad de seis horas de cierre por cada hora habilitada al tránsito, lo que afecta especialmente corredores como el municipio de Saldaña, el cruce entre Armero y Líbano y la intersección vial Chicoral–Bogotá–Ibagué, ruta fundamental para la conexión de varios departamentos con Bogotá y el occidente del país.
Además del departamento de Tolima, otras regiones como Arauca, Guaviare, Córdoba y Sucre se han unido a la convocatoria de protesta para exigir mejoras en las condiciones del mercado que consideran inviable y concentrado.
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De hecho, una vez iniciado el paro, los traumatismos en las principales vías del país empezó a sentirse de inmediato. Por ejemplo, la vía al Llano, a la altura del sector de Llano Lindo, fue una de primeras en ser bloqueada por completo en ambos sentidos, según informó la concesión.
Asimismo, vías como la de Lorica–San Bernardo del Viento, en Córdoba, también reportan fuerte represamiento vehicular por cuenta de las manifestaciones de los agricultores.
El detonante del nuevo paro arrocero sería los “repetitivos incumplimientos” de los acuerdos firmados en el mes de marzo, ahora en entredicho por el gremio arrocero, que acusan al Ministerio de Agricultura y al Gobierno nacional de desatender compromisos clave para asegurar la rentabilidad del sector.
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Los líderes del movimiento denuncian que las promesas recientes del Gobierno no resuelven los acuerdos pactados, mientras los pequeños y medianos productores enfrentan pérdidas estimadas entre $2.500.000 y $2.800.000 por hectárea cosechada, lo que ha minado la sostenibilidad financiera de numerosas familias.
Las mesas de trabajo y reuniones previas al paro, celebradas en municipios como Chicoral, Saldaña y Armero, concentraron a los firmantes del acuerdo previo de Chicoral, alcanzado a inicios de 2025, para definir tanto la hora exacta como los detalles logísticos del nuevo cese de actividades.
El gremio arrocero destacó que la crisis actual resulta aún más grave que la presenciada al comienzo del año, cuando una protesta similar paralizó grandes extensiones productivas en el país.
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Entre las principales exigencias planteadas por los arroceros figuran el establecimiento de precios justos para el arroz nacional, una regulación más eficaz en la producción y comercialización, mayor protección al cultivo semestral de arroz por su importancia en la seguridad alimentaria, revisión de los tratados de libre comercio vigentes y el cumplimiento inmediato de los compromisos asumidos por el Ejecutivo.
El grupo en paro ha dejado en claro que no retomarán el diálogo formal hasta que no haya presencia de representantes del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Superintendencia de Industria y Comercio y de la industria molinera.
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“El gremio no participará en nuevas mesas de diálogo si no están presentes Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Ministerio Ambiente y Desarrollo Sostenible, Superintendencia de Industria y Comercio. Además, de los representantes de la industria molinera”, señalaron.
Con el propósito de darle manejo organizado a la protesta, las organizaciones han designado una comisión oficial integrada por agricultores y productores, la cual será la única habilitada para conducir futuras negociaciones y para manejar la comunicación con los medios.

“La comisión oficial de agricultores y productores que representará al sector en eventuales negociaciones ya fue definida”, agregaron los líderes del gremio, quienes advirtieron que cualquier avance sobre el estado del paro o los posibles diálogos será comunicado exclusivamente por estos voceros.
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Desde el Gobierno solo se ha dado a conocer un proyecto de resolución —publicado por el Ministerio de Agricultura para comentarios— con el objetivo de implementar un régimen de libertad regulada de precios para el arroz paddy verde. Dicha propuesta contempla fijar en conjunto un valor para el producto, en un intento de evitar pérdidas ante la volatilidad de los precios debido a factores como insumos, logística y costos de agua.
El Ministerio de Agricultura puntualizó que la situación de mercado del arroz se agrava con el reciente reporte del inventario nacional, que en junio de 2025 ascendió a 534.940 toneladas, lo cual representa un aumento del 67,8% con respecto a la media de la última década.
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Según la cartera agrícola, el exceso de oferta no ha sido absorbido adecuadamente por el sistema de comercialización vigente, lo que a su vez amplifica la necesidad de ajustar temporalmente el sistema de precios para evitar más afectaciones a los productores.
Hasta el momento, no se ha emitido un pronunciamiento oficial por parte del Ministerio de Agricultura sobre la movilización actual. El gremio sostiene que la medida de paro no se levantará hasta que se presenten respuestas estructurales que permitan superar la crisis y garanticen condiciones dignas y sostenibles para el sector arrocero colombiano.
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