El señalamiento sobre la falta de cumplimiento de ciertas determinaciones judiciales en materia electoral resurge mientras persiste la preocupación por la transparencia y el manejo de los comicios en Colombia, según declaraciones del ministro del Interior, Armando Benedetti, sobre las próximas elecciones electorales 2026, en Colombia.
Armando Benedetti subrayó en su cuenta oficial de X, antes Twitter, que tanto la Registraduría Nacional como otras entidades mencionadas en una sentencia del Consejo de Estado no han aplicado plenamente las acciones estructurales requeridas para el sistema electoral, a pesar de que han pasado más de cinco años desde la emisión del fallo.
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“Gobierno nacional ha mostrado inquietudes frente a una sentencia del Consejo de Estado que solicita a la Registraduría implementar urgentemente correctivos estructurales para nuestro sistema electoral. Entre esos correctivos está que el software de escrutinio sea de propiedad estatal. Más de cinco años han pasado y las entidades ahí mencionadas han incumplido parcialmente estas determinaciones”, dijo Benedetti.
Entre las directrices resaltadas se encuentra el mandato de que el software de escrutinio pase a ser de propiedad estatal.
Según informó el ministro del Interior, la inquietud del Gobierno nacional se centra en la respuesta institucional ante el fallo proferido tras la controversia por las curules del Partido Mira.
Esa sentencia del Consejo de Estado ordenó, entre otras medidas, que el escrutinio sea administrado a través de un software bajo control público.
En palabras del exembajador de Colombia ante la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), la restitución de las curules al Partido Mira se produjo casi al final de la legislatura, lo que permitió visibilizar deficiencias y la necesidad urgente de reformas de fondo en la infraestructura tecnológica electoral.
Tal como publicó el propio Benedetti, la sentencia en cuestión trasciende el caso puntual de restitución de escaños y pone sobre la mesa la necesidad de que el software de escrutinio no permanezca en manos privadas.
El dirigente remarcó que corresponde al registrador nacional y al presidente del Consejo Nacional Electoral evaluar cuáles serán los pasos para avanzar en la implementación de esta exigencia, o en su defecto, dejar sentadas las bases para futuras administraciones sobre la gestión estatal del sistema.
Además, agregó que la esencia de la orden recae en que “básicamente ahí lo que se quiere es que el software sea estatal, dice el Consejo de Estado. Y no sé desde qué punto de qué forma el señor registrador del presidente del Consejo Nacional Electoral para el escrutinio. Nosotros podamos implementar o dejar las premisas a un futuro de que eso deba ser así”. Así lo consignó el exfuncionario, planteando el interrogante sobre la viabilidad y los mecanismos para cumplir la orden a corto y mediano plazo.
De acuerdo con lo detallado por Benedetti, la sentencia menciona no solo la titularidad estatal del software, sino también condiciones como la auditoría independiente, la trazabilidad, la seguridad y la transparencia en la consolidación de los datos electorales.
Estas exigencias incluyen asegurar el registro confiable y la hora exacta en que los usuarios efectúan operaciones durante los escrutinios, pues según el exsenador, es precisamente en esa fase donde suelen detectarse los mayores problemas.
La discusión no solamente se remite al cumplimiento formal del fallo, sino que aspira a establecer estándares de confianza, transparencia y seguridad que resguarden la legitimidad de los procesos electorales en Colombia. La inquietud también obliga a la reflexión institucional sobre la responsabilidad de la Registraduría Nacional y el Consejo Nacional Electoral al momento de sacar adelante los cambios ordenados por la justicia y demandados desde distintos sectores políticos.
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