Casi una semana después de que se conociera el reciente informe financiero de las EPS en Colombia, emitido por la Contraloría General de la República, el presidente Gustavo Petro respondió a las críticas.
Según el informe, las entidades promotoras de salud que fueron intervenidas por el Gobierno nacional son las que mayores deudas acumulan, pese intermediación del Ejecutivo para subsanar los problemas de las EPS.
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Frente al informe, Petro aseguró que, contrario a las críticas de diferentes sectores políticos, la principal misión del Gobierno con las EPS no es mejorar sus estados financieros, sino acabar con las irregularidades que, desde un principio, motivaron su intervención por parte de la Superintendencia de Salud.
“Las deudas más grandes son las de las EPS hoy intervenidas, porque por eso se intervinieron, porque ya no podían asegurar a sus pacientes. El 89% de los afiliado(a)s están en EPS que no tienen reservas técnicas y ya no pueden asegurar a sus pacientes. Un sistema insostenible. La intervención no es para pagar deudas, sino para quitar algunas irregularidades, ojalá todas, de su administración (sic)”, escribió el jefe de Estado.
Las palabras del presidente se dan apenas después de que se conociera que la situación financiera de las Entidades Promotoras de Salud (EPS) intervenidas se ha agravado, según expuso el reciente informe elaborado por la Vicecontraloría General de la República sobre el estado del aseguramiento en salud para el año 2024.
La evaluación revela que, a pesar de que desde 2023 los giros a las EPS aumentaron de $78 billones a más de $87 billones en 2024, la estabilidad financiera de estas entidades permanece frágil y alarmante, especialmente en aquellas sometidas a intervención forzosa.
Ademas, el informe sostiene que las medidas adoptadas por la Superintendencia de Salud no han resuelto los problemas fundamentales que aquejan al sistema.
De hecho, el vicecontralor general, Carlos Mario Zuluaga, quien lideró la realización del documento, señaló en una entrevista concedida a El Colombiano que aumentar la inyección de recursos no puede considerarse la solución definitiva a la crisis de las EPS.
Durante su intervención, Zuluaga fue tajante al señalar el carácter estructural de los problemas del sistema de salud colombiano y cuestionó la eficiencia de las intervenciones estatales sobre las aseguradoras.
Uno de los puntos más preocupantes que resaltó el informe fue el incremento de las peticiones, quejas y reclamos (PQR), que pasaron de 1.300.000 en 2023 a 1.600.000 en 2024, siendo los principales motivos la dificultad para acceder a citas médicas y la entrega oportuna de medicamentos.
El análisis financiero a 31 de diciembre de 2024 reveló que las EPS presentan un pasivo cercano a los $32,9 billones, cifra especialmente significativa entre las instituciones que agrupan al mayor número de afiliados.
Actualmente, unos 29 millones de colombianos están inscritos en EPS intervenidas o bajo medidas forzosas, una población que se ha incrementado en los últimos meses. El vicecontralor hizo énfasis en que la acumulación de pasivos, la liquidación de EPS y el fracaso de las intervenciones gubernamentales se han mantenido a lo largo de los años, lo que evidencia la falta de una transformación significativa del modelo.
“Esa falla estructural tiene que ver con las transferencias de afiliados a otras que funcionan regularmente y que al cabo de dos o tres años terminan colapsadas por su incapacidad para atender esos traslados. Eso se ve reflejado en las cifras de EPS liquidadas e intervenidas en todas estas décadas, lo cual pone en evidencia que se acumulan pasivos, que se liquidan EPS, que las intervenciones no han resultado ni en este ni en ningún gobierno”, señaló el funcionario al diario nacional.
Al referirse a la actuación de la Superintendencia de Salud, Zuluaga explicó que el modelo instaurado con la Ley 100 de 1993 ha dejado de ser sostenible. Cuando se implementó dicha ley existían 157 EPS, pero para 2025 solo quedan 29 EPS.
El funcionario señaló que la transferencia masiva de afiliados a las pocas entidades que funcionan regularmente termina colapsando el sistema, ya que estas no cuentan con la capacidad para recibir y atender la demanda. Según el informe, las intervenciones no han logrado recuperar a las aseguradoras ni bajo gobiernos anteriores ni en el actual.
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