El bono pensional dirigido a más de tres millones de colombianos tomará un nuevo rumbo de gestión. El Gobierno Nacional definió que el pago y administración de este subsidio no estará en manos de Colpensiones, sino del Departamento de Prosperidad Social (DPS).
Este ajuste fue confirmado después de que el presidente de Colpensiones advirtiera sobre la falta de recursos para cubrir la transferencia, lo que generó preocupación entre potenciales beneficiarios.
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En entrevista con Red+ Noticias, Iván Daniel Jaramillo, viceministro de Empleo y Pensiones del Ministerio del Trabajo, explicó que la afirmación de “no hay plata” hecha por el presidente de Colpensiones obedece a un tema legal más que financiero.
Jaramillo detalló que, mientras la reforma pensional aún no entre en vigor, Colpensiones carece de título legal para gestionar estos recursos y proceder con los desembolsos requeridos para la nueva transferencia monetaria.
Los recursos para el pago de la renta básica solidaria ya están asegurados en el presupuesto nacional. El viceministro sostuvo que, una vez la reforma pensional entre en vigencia, podrán empezar las entregas a los beneficiarios de forma progresiva, tal como se contempla en los artículos 3 y 17 de la Ley 2381.
Así, la cobertura proyectada para diciembre de 2025 incluye a 3,1 millones de personas en condiciones de pobreza extrema, pobreza monetaria y vulnerabilidad. Actualmente, solo 1,7 millones de adultos mayores reciben el subsidio Colombia Mayor.
La administración del nuevo pilar solidario, creado en el marco de la reforma, quedará a cargo de Prosperidad Social. Carolina Hoyos Villamil, directora encargada del DPS, subrayó que la entidad ya tiene en marcha una estrategia para garantizar la identificación y pago progresivo de los beneficiarios, con el objetivo de alcanzar la meta en diciembre de 2025.
Este avance, ordenado directamente por el presidente Gustavo Petro, busca que la ampliación de cobertura no represente una interrupción para quienes hoy reciben transferencias de Colombia Mayor.
“Aquí no se trata de falta de recursos, sino de que, sin la ley vigente, Colpensiones no tiene competencia legal para asumir ese gasto. Pero el fondo está apropiado; si la reforma estuviera en vigencia, ya estarían cubiertos los 3,1 millones de adultos mayores”, precisó el viceministro Jaramillo.
La renta básica solidaria equivaldrá a 230.000 pesos mensuales, cifra establecida como el umbral de la línea de pobreza extrema. Esta suma se entregará por hasta 12 mensualidades al año, dependiendo de la fecha de vinculación de cada beneficiario.
El programa busca reemplazar y ampliar el actual Colombia Mayor, que reconocía 80.000 pesos mensuales a 1,7 millones de adultos mayores en pobreza extrema y que, para mayores de 80 años, el Gobierno aumentó a 225.000 pesos.
“Con Colombia Mayor, la entidad entrega un subsidio de 80.000 pesos a alrededor de 1,7 millones de adultos mayores que se encuentran en pobreza extrema; este Gobierno logró aumentarlo a 225.000 pesos para los mayores de 80 años. Ahora, con el Pilar Solidario, en el marco de la Reforma Pensional, se entregará una renta básica solidaria mensual de 230.000 pesos –un ingreso equivalente a la línea de pobreza extrema–, a más de 3 millones 100 mil personas mayores”, expresó la directora (e) del DPS.
Según el Gobierno, esta política permitirá reducir la pobreza monetaria extrema en 2,5 puntos porcentuales para 2025 y en 6,4 puntos para 2026. Las estimaciones oficiales, basadas en la Gran Encuesta Integrada de Hogares de 2023, sugieren que la renta básica solidaria podría beneficiar a más de 156.000 adultos mayores este año, cifra que ascendería a 400.000 en 2026.
Carolina Hoyos aclaró los mecanismos de implementación del programa. La inscripción será individual y gratuita, sin intermediarios ni costos asociados.
Entre los principales requisitos de acceso, las personas deberán acreditar nacionalidad colombiana, residencia en el país durante los diez años previos a la solicitud, y cumplir con los siguientes parámetros de edad: hombres de al menos 65 años y mujeres de 60 años, o personas con discapacidad desde los 55 años (hombres) o 50 años (mujeres) y con una pérdida de capacidad laboral igual o superior al 50%. Además, no podrán contar con una pensión reconocida.
Los beneficiarios serán seleccionados a partir de registros oficiales, incluidos aquellos de comunidades étnicas, campesinas y cuidadoras de personas con discapacidad.
Prosperidad Social implementará un sistema de seguimiento anual para evaluar la eficiencia del programa, ajustar procedimientos y responder oportunamente a las necesidades detectadas entre los beneficiarios.
Quienes accedan al subsidio podrán salir del programa únicamente por fallecimiento, descubrimiento de fraude o falsedad documental, solicitud de retiro voluntario o incumplimientos no subsanados durante seis meses. La sucesiva depuración del padrón se hará de manera permanente para asegurar la transparencia y el correcto destino de los recursos.
El presidente Gustavo Petro reiteró la importancia de este nuevo esquema: brindar protección social efectiva a la población mayor, incluyendo los sectores tradicionalmente excluidos del sistema pensional formal. Con el Pilar Solidario, el Gobierno espera materializar la justicia redistributiva y fortalecer un modelo de garantía de derechos para la vejez.
“El Pilar Solidario es justicia social, es redistribución y es la garantía de una vejez con dignidad para quienes toda su vida trabajaron sin reconocimiento”, afirmó Hoyos Villamil.
La administración del subsidio desde Prosperidad Social y no Colpensiones responde a parámetros de especialización de funciones.
El DPS ya tiene experiencia en la gestión de transferencias y subsidios sociales, mientras que Colpensiones se concentra en la administración del régimen pensional contributivo. El Gobierno confía en que este diseño institucional garantizará eficiencia en los pagos e inclusión de la población objetivo.
Con la entrada en vigencia de la reforma pensional, la Renta Básica Solidaria se convertirá en una política pública estructural, destinada a cerrar las brechas históricas y proteger a los adultos mayores en condiciones de mayor vulnerabilidad en Colombia.
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