El 2 de julio de 2025, en el Juzgado 44 Penal del Circuito Judicial de Bogotá, se reanudó el juicio contra el expresidente de la República Álvaro Uribe Vélez por los presuntos delitos de fraude procesal y soborno a testigos en 2018.
A lo largo la audiencia, Jaime Granados, abogado defensor del líder del Centro Democrático, presentó los alegatos finales ante la jueza encargada del caso.
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El litigante sostuvo que el exparamilitar Juan Guillermo Monsalve y su entonces pareja, Deyanira Gómez, orquestaron un “entrampamiento” contra el exmandatario en 2018. Granados argumentó que existen pruebas documentales y testimoniales, presentadas en el juicio, que demuestran la “forma desesperada” en la que Monsalve buscó, en el primer mes de ese año, establecer contacto con los abogados de Uribe, e incluso con el propio expresidente.
El objetivo, según la defensa, era manifestar su supuesta intención de retractarse de los señalamientos realizados ante la Fiscalía General y en Justicia y Paz, donde había vinculado a Uribe con la conformación de grupos paramilitares en Antioquia durante los años ochenta.
Monsalve, de acuerdo con los alegatos, preguntó a su compañero de patio Enrique Pardo Hasche si tenía contactos para comunicarse con los abogados del expresidente. A raíz de esto, Uribe solicitó a Diego Cadena Ramírez que verificara la información, lo que llevó a la convocatoria de una reunión en la cárcel La Picota de Bogotá el 21 de febrero de 2018.
En esa primera ocasión, Monsalve no asistió al encuentro en las salas especiales de La Picota porque desconocía quién era Cadena y si realmente representaba a Uribe. Solo después de confirmar la identidad y representación de Cadena, Monsalve accedió a la reunión. Todo el proceso fue registrado con relojes con cámara, dispositivos cuya procedencia dentro del centro penitenciario sigue sin esclarecerse.
Para Granados, este hecho constituye la primera evidencia del supuesto intento de entrampamiento, ya que desde el inicio existía la intención de grabar la conversación “con esos aparatos” para construir la narrativa de una presión ejercida sobre Monsalve con el fin de que firmara una retractación a cambio de beneficios judiciales. La defensa señaló que la segunda prueba del entramado corresponde a una nota escrita, presuntamente de puño y letra de Monsalve, enviada a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia con una “nota aclaratoria”.
En este episodio, Deyanira Gómez desempeñó un papel central. Se reunió en una cafetería del centro de Bogotá para discutir la retractación. Cadena le indicó que la retractación debía presentarse ante la Corte Suprema de Justicia, ya que existía una indagación preliminar contra Uribe. Gómez alegó que no podía entregarla ese día porque una de sus hijas estaba enferma y ella se encontraba en el hospital, por lo que solicitó posponer la entrega. No obstante, ese mismo 2 de abril de 2018, Monsalve remitió la carta a la Corte con la nota aclaratoria y, “un minuto después”, Gómez radicó un memorial en el que denunciaba la supuesta presión ejercida sobre su pareja para retractarse.
Granados subrayó ante el tribunal: “Ahí está, Señoría, la prueba reina de que todo era un entrampamiento. Primero, esa carta fue radicada minutos después de esa conversación interceptada, donde ella decía que no podía hacerlo. Esa carta tiene una nota aclaratoria que, por tanto, le quita todo sentido a una carta de supuesta retractación”. El abogado insistió en que, según la tesis de la Fiscalía, la carta que Monsalve pretendía entregar era consecuencia de un ofrecimiento de intercambio por una acción de revisión, pero cuestionó: “¿Aparece alguna mención?”.
La defensa remarcó que, al analizar los hechos, Monsalve era quien introducía el tema de una asesoría para revisar su condena de 44 años de prisión por secuestro extorsivo. Esta dinámica también se evidenció en las reuniones grabadas por Gómez. Los alegatos de conclusión de la defensa de Álvaro Uribe Vélez continuarán durante la semana del 1 de julio al 7 del mismo mes.
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