La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra Ingrid Lorena Correa Sánchez, que se desempeñó como personera del municipio de Arbeláez, en Cundinamarca, hasta el 30 de septiembre de 2022. La decisión se enmarca en una investigación por presuntas irregularidades cometidas durante el proceso electoral legislativo llevado a cabo en marzo de ese año.
Según la Procuraduría Provincial de Instrucción de Fusagasugá, la exfuncionaria habría intervenido indebidamente en asuntos relacionados con la organización y supervisión de las elecciones legislativas celebradas el 13 de marzo de 2022. La intervención de Correa Sánchez se habría dado a pesar de que, por ley, debía declararse impedida debido a su parentesco en cuarto grado de consanguinidad con la entonces candidata al Senado Angélica Lozano.
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El ente de control analiza la participación de la exfuncionaria en reuniones organizadas para coordinar tareas relacionadas con el proceso electoral, en las que, al parecer, asistió en calidad de personera municipal.
Estas actividades, propias del rol del Ministerio Público en la vigilancia del certamen electoral, podrían haberse realizado a pesar del impedimento legal que regía para Correa Sánchez por su vínculo familiar con una aspirante al Congreso.
De manera preliminar, la Procuraduría ha calificado la conducta como una posible falta disciplinaria gravísima cometida con dolo, lo que significa que pudo haber actuado de forma consciente y voluntaria en contravía de las normas que regulan el ejercicio del cargo público en contextos electorales.
La investigación continuará con el objetivo de establecer si hubo o no responsabilidad disciplinaria por parte de la exfuncionaria. De comprobarse los señalamientos, podría enfrentar sanciones conforme al régimen disciplinario vigente para servidores públicos.
El proceso hace parte del ejercicio de control preventivo y sancionatorio de la Procuraduría General de la Nación en materia de transparencia y garantías en procesos electorales.
Procuraduría investiga millonario contrato de Ecopetrol con firma internacional y traslada el caso a la Fiscalía
La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria contra tres funcionarios de alto nivel de Ecopetrol por presuntas irregularidades en la contratación de la firma internacional Covington & Burling LLP, proceso en el que se habría comprometido una suma que supera los cinco millones de dólares.
La decisión fue adoptada por la Procuraduría Tercera Delegada para la Contratación Estatal, que determinó que existen méritos suficientes para indagar posibles anomalías en la planeación, celebración y ejecución del contrato CW207382, suscrito inicialmente con la firma estadounidense, así como en la firma de un otrosí el 31 de diciembre de 2024 que incrementó sustancialmente su valor.
Los funcionarios bajo investigación son Alberto José Vergara Monterrosa, director corporativo de Cumplimiento; Luis Felipe Rivera García, vicepresidente corporativo de Ciencia, Tecnología e Información; y Ludwig Wilson Mejía, adscrito a la Gerencia de Abastecimiento. La actuación disciplinaria también incluye la acumulación de otro proceso en curso que se adelantaba en la Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación Estatal, dado que ambos expedientes comparten hechos y actores involucrados.
El contrato en cuestión, inicialmente pactado por un valor de 875.000 dólares, fue ampliado a 5,8 millones de dólares mediante un otrosí firmado a finales de 2024. Esta modificación contractual, según versiones internas de la compañía, se realizó sin contar con la autorización previa de la junta directiva ni del presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa.
De acuerdo con la información preliminar, el contrato fue suscrito para obtener asesoría legal relacionada con investigaciones y cuestionamientos que implican directamente al presidente de la compañía. Sin embargo, la ampliación de su valor ha generado una fuerte controversia pública, así como tensiones internas en la organización.
La Procuraduría inició el proceso de oficio tras la publicación de reportajes periodísticos que revelaron posibles inconsistencias en el trámite contractual. Como parte de las diligencias, también se decidió remitir el expediente a la Fiscalía General de la Nación, al considerar que podría haber elementos constitutivos de eventuales delitos, además de faltas disciplinarias.
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