En medio de la creciente presión financiera que enfrenta el sistema de subsidios energéticos en Colombia, una nueva controversia se encendió antes incluso de que el Congreso reciba formalmente el próximo proyecto de ley de tarifas que el Gobierno planea radicar en julio. Desde ya, la propuesta genera resistencia en varios sectores, y no es para menos, en su diseño actual, abriría la puerta a que algunos usuarios terminen cubriendo de nuevo una deuda que ya saldaron años atrás.
La advertencia la hizo Camilo Sánchez, presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco), que no solo cuestionó el contenido del borrador legislativo, sino que expresó sus dudas sobre su viabilidad política. “Es un globito”, dijo tajante al referirse al proyecto, señalando que la propuesta luce más como una promesa sin futuro que como una solución estructural.
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Pero detrás de ese “globito”, como lo llamó Sánchez, hay una preocupación de fondo que afecta directamente el bolsillo de miles de colombianos. En concreto, el borrador contempla que los estratos 4, 5 y 6 asuman, a través de cobros adicionales, parte de la deuda acumulada por la opción tarifaria durante la pandemia.
“Tenemos un problema gravísimo, es que la opción tarifaria ya se pagó en Bogotá, ya se pagó en Medellín, ya se pagó en Cali”, advirtió Sánchez. Esa deuda surgió cuando, durante los confinamientos por el covid-19, el Gobierno decidió congelar las tarifas de electricidad para proteger a los usuarios más vulnerables. El diferimiento permitió alivios inmediatos, pero generó una cuenta que, cinco años después, aún está siendo cobrada en varios departamentos como Tolima, Quindío, Bolívar y Caldas.
El temor de Andesco es que el nuevo proyecto termine cargando ese pasivo, ya saldado por muchos, sobre hombros de contribuyentes que no tienen por qué asumirlo nuevamente. En otras palabras, el sistema podría estar configurado para que algunos usuarios paguen dos veces por el mismo servicio.
En paralelo, tanto el Gobierno como los gremios del sector parecen estar de acuerdo en al menos un punto, la actual política de subsidios no es sostenible en el tiempo. Los recursos disponibles ya no alcanzan. Según explicó Sánchez, el dinero destinado a subsidiar la electricidad en 2025 prácticamente ya se gastó en cubrir los rezagos del año anterior.
“Recientemente se pagaron al sector 2.5 billones de pesos, pero aún se necesitan alrededor de 4 billones más para completar los subsidios que están recibiendo los usuarios este año”, detalló el dirigente gremial. Ese desbalance deja a la política energética en una cuerda floja, especialmente porque el número de beneficiarios no para de crecer.
“No es sostenible hacia el futuro de subsidios como estamos, con la cantidad de personas coladas que hay. Hay que hacer un estudio importante en ese proceso, pero no podemos pedirle a la gente que ya pagó que vuelva a pagar, como se está diciendo, con la opción tarifaria”, sentenció Sánchez.
Crecen las tensiones
El debate sobre el nuevo proyecto de ley de tarifas llega en un momento crítico para la política energética del país. Más allá de la discusión técnica, lo que está en juego son implicaciones profundas para la equidad social y la estabilidad económica de millones de hogares. Si se aprueba un esquema que obliga a ciertos usuarios a asumir de nuevo una deuda ya cancelada, se estaría rompiendo un principio básico de justicia tributaria, generando desconfianza en las decisiones públicas y aumentando el descontento ciudadano.
Además, trasladar esa carga a los estratos medios y altos podría agravar tensiones sociales, especialmente en un contexto de inflación persistente y pérdida de poder adquisitivo. Por otro lado, la falta de sostenibilidad en el sistema de subsidios compromete la viabilidad financiera de las empresas prestadoras, amenaza la continuidad del servicio en zonas vulnerables y deja en evidencia la urgencia de una reforma estructural con enfoque técnico y redistributivo.
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