“El meollo del asunto es lo político”: Benedetti revela plan del Gobierno tras freno a la consulta laboral

La decisión del Consejo de Estado de suspender provisionalmente el decreto presidencial que convocaba a una consulta popular sobre la reforma laboral generó una serie de reacciones dentro del Gobierno.

Este miércoles, el ministro del Interior, Armando Benedetti, explicó cuál sería la hoja de ruta del Ejecutivo frente a este nuevo escenario judicial y político.

Según Benedetti, la atención del Gobierno no está centrada en los aspectos legales del fallo emitido por la Sección Quinta del Consejo de Estado, sino en los movimientos dentro del Congreso de la República.

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El ministro señaló que el foco está en que se avance con la conciliación del proyecto laboral aprobado parcialmente en las dos cámaras. “Lo único que preocupa ahora, realmente, es lo político. Es que Efraín Cepeda nombre a los conciliadores y que se apruebe, en gran medida, el texto del Senado, y que el Senado vote la conciliación. Ahí es donde está el meollo del asunto”.

La reforma laboral fue aprobada en segundo debate en el Senado, con un texto diferente al aprobado por la Cámara de Representantes. De acuerdo con las normas del trámite legislativo, en casos de discrepancia entre versiones, debe realizarse una conciliación entre ambas cámaras. Mientras la Cámara ya eligió a sus representantes para esta labor, el Senado aún no lo ha hecho.

Benedetti sugirió que, si el proceso legislativo culmina exitosamente, la consulta popular impulsada por el presidente Gustavo Petro no sería necesaria. De concretarse la aprobación del proyecto en el Congreso, el Ejecutivo estaría dispuesto a retirar el decreto.

“Mientras que se apruebe un buen proyecto de ley que sea progresista, lo único que queda claro e importante es que, entonces, no se necesita el decreto para convocar la consulta”.

El Consejo de Estado admitió una demanda contra el decreto con el que el Gobierno buscaba convocar a las urnas el 7 de agosto. Según la Sección Quinta, el acto administrativo no contó con todos los requisitos exigidos por la Constitución, lo que llevó a la suspensión temporal de sus efectos. Uno de los puntos señalados por el tribunal fue la ausencia del concepto previo y favorable del Senado de la República.

Frente a este argumento, el ministro del Interior afirmó que existe una diferencia de interpretación jurídica. “Lo que yo le entiendo es que se necesita un concepto previo, la ley dice que no, ya la Corte Constitucional dijo que no. Nosotros remitimos el decreto a la Corte, luego, es en la Corte Constitucional donde debe decirse si es inconstitucional o no”.

Aunque el proceso en el alto tribunal continúa su curso, el Ejecutivo observa una oportunidad para dar por cerrada la discusión si la reforma laboral logra ser aprobada antes del 20 de junio, cuando termina el periodo de sesiones ordinarias del Congreso. Esa posibilidad, según Benedetti, evitaría una controversia legal que aún se encuentra en manos de los jueces.

En el Congreso, la Cámara de Representantes ya designó a María Fernanda Carrascal, del Pacto Histórico, y a Juan Camilo Londoño, de la Alianza Verde, como conciliadores. Sin embargo, en el Senado no se han anunciado los nombres, lo cual ha generado inquietud en algunos sectores del oficialismo.

Una de las voces que se pronunció fue la senadora Aída Avella, quien expresó su preocupación a través de sus redes sociales: “Señor presidente del Senado, Efraín Cepeda. Son las 5:00 p. m., ud (usted) no ha nombrado conciliadores. La Cámara lo hizo esta mañana. Si no se anuncia mañana, no puede votarse el viernes. ¿Ud (usted) cree que esto es correcto?”.

Benedetti, por su parte, destacó que la prioridad es que el Congreso termine el trámite legislativo, pues si el proyecto se convierte en ley, cesarían las razones para continuar con el proceso de consulta ciudadana. La estrategia del Gobierno, según explicó, es avanzar en ese camino para evitar que el decreto se convierta en objeto de una eventual declaratoria de nulidad.

El Consejo de Estado, al suspender el decreto, consideró que este no cumplió con la exigencia constitucional de contar con el aval previo del Senado. Mientras tanto, el Ejecutivo sostiene que el procedimiento seguido fue correcto y que será la Corte Constitucional la que deberá pronunciarse de fondo sobre la validez del decreto.

El resultado de esta situación depende ahora de las decisiones que adopte el Legislativo en las próximas horas, especialmente del nombramiento de los conciliadores por parte del Senado, paso indispensable para que el texto final sea sometido a votación y pueda pasar a sanción presidencial.