La Sección Quinta del Consejo de Estado ya notificó la decisión de suspender provisionalmente, mediante medida cautelar, el decreto 0639 de 2025 que convoca la consulta popular, al presidente Gustavo Petro.
La notificación también está dirigida al Consejo Nacional Electoral (CNE), a la Registraduría y al presidente de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez.
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En el oficio dirigido al registrador nacional, Hernán Penagos, la Sección Quinta del Consejo de Estado comunicó que se adoptó una medida cautelar dentro del proceso de nulidad contra dicho decreto.
El Consejo de Estado decidió “suspender provisionalmente los efectos jurídicos del Decreto 0639 de 2025”, que establece la convocatoria a la consulta y dicta disposiciones asociadas.
Junto con la notificación, el Consejo le indica a la Registraduría que debe abstenerse de continuar cualquier actuación relacionada con ese trámite. “En el ámbito de su competencia, sírvase proceder conforme con lo ordenado, de manera inmediata”, se lee en el documento.
La comunicación fue firmada electrónicamente por la secretaria de la Sección Quinta, Ethel Sariah Mariño Mesa, y está acompañada de una copia del auto judicial, que contiene los fundamentos de la decisión adoptada por la corporación.
En el informe del alto tribunal se lee que tras “la lectura de los artículos 104 de la Constitución Política, y 50 y 31 b) de las leyes 134 de 1994 y 1757 de 2015, respectivamente, se concluye la exigencia de que, previo a convocar al pueblo una decisión de trascendencia nacional, se requiere concepto favorable del Senado de la República, el cual, en efecto, en este preciso caso no existe”.
La Sección Quinta del Consejo de Estado admitió la demanda que pretende anular el decreto 0639 de 2025, al considerar que se trata de un acto con implicaciones electorales expedido por una autoridad nacional para activar un mecanismo de participación ciudadana, como lo es la consulta popular. Junto con la admisión, el tribunal decidió suspender de manera provisional los efectos del decreto.
La Sala argumentó que la convocatoria a la consulta no cuenta con el concepto previo favorable del Senado de la República, exigido por el artículo 104 de la Constitución Política.
Este requisito, que fue omitido por el Gobierno nacional, es obligatorio para llevar a cabo una consulta de alcance nacional, pese a que el presidente Gustavo Petro sostuvo lo contrario.
La medida cautelar fue adoptada tras una solicitud urgente presentada por varios demandantes, entre ellos el presidente del Senado, Efraín Cepeda. El pronunciamiento representa un nuevo ejercicio de control sobre los actos administrativos con implicaciones en procesos electorales y evidencia la revisión estricta que puede ejercer el alto tribunal frente a este tipo de decisiones.
Con la admisión de la demanda y la suspensión inmediata del decreto, el Gobierno enfrenta un nuevo obstáculo jurídico en su intención de llevar a cabo la consulta.
Por esta decisión, congresistas de distintos sectores reaccionaron. Carlos Fernando Motoa, de Cambio Radical, celebró la decisión del Consejo de Estado.
“El Gobierno debe cambiar rápidamente de asesores jurídicos. El ‘decretazo’ es inconstitucional y lo que ha hecho el Consejo de Estado con la demanda que presentamos es respetar la separación de poderes y calmar los ánimos de dictador que ha mostrado el presidente de la República”, indicó Motoa en declaraciones a Caracol Radio.
Efraín Cepeda, senador del Partido Conservador y presidente del Senado de la República, afirmó que la decisión del alto tribunal tiene como objetivo la protección del Estado de Derecho.
“La decisión busca proteger el Estado de Derecho y evitar un daño irreparable. Este auto resalta la importancia de la separación de poderes y el rol de los mecanismos de pesos y contrapesos en el sistema democrático. Todo nuestro apoyo al Consejo de Estado y a la justicia en general”, afirmó Cepeda.
Nadia Blel, también del Partido Conservador, aseveró que la decisión del Consejo de Estado es una “voz de esperanza” para la democracia y los colombianos.
“Es una voz de esperanza para todos los colombianos, pero especialmente para la democracia. Esta es una noticia que nos alegra a los defensores de la legalidad y el orden constitucional. Lo más importante es que suspende esos efectos. Por lo tanto, mientras el Consejo adelanta esta investigación, el presidente, el Gobierno, el registrador, no podrán utilizar recursos de los colombianos”, expresó la presidenta de la colectividad.
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