Más de 1.700 ciudadanos colombianos han respaldado una carta abierta que exige al Gobierno de Gustavo Petro garantías para la seguridad y el ejercicio político en el país, tras el reciente atentado contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.
De acuerdo con El Colombiano, el documento denuncia el clima de violencia política y polarización que atraviesa Colombia, y solicita respeto por la institucionalidad y la Constitución.
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La iniciativa, que comenzó con más de 400 firmas y ha crecido rápidamente, surge como respuesta al ataque contra Miguel Uribe Turbay, un hecho que los firmantes consideran no solo un atentado contra su vida, también un golpe a la libertad de pensamiento y a la democracia.
Según el texto, el país enfrenta una “preocupante crisis de intolerancia, amenazas y polarización”, lo que ha llevado a los ciudadanos a exigir medidas concretas para garantizar la seguridad de los líderes políticos y sociales.
En la carta, los firmantes piden al Gobierno nacional que sea el primero en cumplir con la Constitución y que respete la independencia de las ramas del poder público. Además, solicitan que se aseguren las condiciones necesarias para que todos los colombianos puedan ejercer su derecho a la libre expresión y participar activamente en la vida pública. “El atentado no solo representa un grave daño contra su vida, sino contra la libertad de pensamiento y la democracia”, señala el documento.
El texto también denuncia el asesinato sistemático de líderes sociales y defensores de derechos humanos en el país. Según datos de la Defensoría del Pueblo, entre enero y abril de 2025, se registraron 69 asesinatos de líderes sociales y 22 masacres que dejaron un saldo de 67 víctimas. Estas cifras reflejan la gravedad de la situación y el riesgo constante al que están expuestos quienes defienden los derechos humanos y la participación política en Colombia.
La carta busca visibilizar la problemática a nivel nacional y hace un llamado a los organismos internacionales y a gobiernos de otros países para que acompañen el proceso electoral de 2026. Los firmantes consideran fundamental que la comunidad internacional supervise y garantice la transparencia y seguridad durante las elecciones, en un contexto donde la violencia política parece haberse normalizado. “No podemos permitir que se normalice el uso de la violencia como respuesta a las diferencias ideológicas”, advierte el documento.
La iniciativa está abierta a toda la sociedad colombiana, incluyendo líderes sociales, académicos, empresarios, trabajadores, partidos políticos y precandidatos. Los ciudadanos interesados en sumarse a esta acción pueden firmar la carta a través de un enlace habilitado, indicando su nombre para formalizar su apoyo. Este llamado busca unir a diversos sectores de la sociedad en defensa de la democracia y contra la violencia.
En distintas regiones del país, ciudadanos han comenzado a organizar marchas en respaldo al senador Miguel Uribe Turbay, luego del atentado que sufrió recientemente, y como expresión de rechazo al creciente fenómeno de violencia política. Las movilizaciones, convocadas por sectores sociales y políticos, se llevarán a cabo principalmente en Medellín y en municipios del Oriente antioqueño, donde los participantes recorrerán puntos estratégicos con el propósito de visibilizar el malestar ciudadano y exigir al Gobierno garantías efectivas para el ejercicio de la participación política.
Estas acciones públicas coinciden con la difusión de una carta abierta firmada por más de 1.700 personas, en la que se insiste en la necesidad de adoptar medidas urgentes para proteger la vida e integridad de quienes asumen posturas críticas frente al poder.
El documento denuncia el aumento de agresiones, amenazas y atentados contra líderes de oposición y defensores de derechos, en un contexto que, según sus firmantes, pone en riesgo el pluralismo y la libertad de expresión en Colombia.
“No podemos seguir siendo testigos de ataques, intimidaciones y asesinatos que buscan silenciar las voces disidentes”, señala el texto, convertido en una expresión colectiva de resistencia frente a la normalización de la violencia política en el país.
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