En una publicación reciente en su cuenta oficial de X, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció la captura de alias Máximo, identificado como Jorge Iván Arboleda Garcés, presunto integrante del Clan del Golfo.
La operación fue ejecutada por unidades del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) con apoyo de la Policía Nacional.
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Según la información divulgada por el jefe de Estado, Arboleda Garcés es señalado como responsable de la desaparición forzada y el asesinato del líder campesino Jaime Gallego, que también era dirigente político del movimiento Colombia Humana en el municipio de Vegachí, Antioquia. Los hechos ocurrieron el pasado 3 de marzo de 2025, y desde entonces las autoridades venían desarrollando acciones de inteligencia para ubicar y capturar al presunto responsable.
Arlenson González Vanegas, otro de los nombres que aparece vinculado a esta estructura criminal, contaría con una trayectoria delictiva superior a los 10 años, durante los cuales habría cometido delitos como secuestro, homicidio, hurto calificado y agravado. Asimismo, desde el año 2015 estaría involucrado en la persecución violenta contra excombatientes firmantes del acuerdo de paz, así como contra defensores de derechos humanos en la región del nordeste antioqueño.
Las autoridades también lo relacionan con actividades como el tráfico de estupefacientes, la extorsión a comunidades locales y la explotación ilegal de minerales, prácticas con las que se habría financiado buena parte de su accionar violento y que siguen afectando a varias poblaciones rurales.
Otras estructuras activas en Colombia
En el mismo mensaje, el presidente Petro se refirió a otras estructuras armadas ilegales activas en el país, particularmente al Estado Mayor Central (EMC), grupo disidente de las antiguas Farc, con presencia en los departamentos de Cauca, Valle del Cauca y Nariño. Petro señaló que las organizaciones responsables del asesinato de los indígenas Awas en la frontera con Ecuador, ocurrida en el litoral Pacífico, no pertenecían al ELN, como se había informado inicialmente, sino al EMC, específicamente a sus frentes con origen en Cauca.
El mandatario vinculó estos grupos al accionar de estructuras delictivas urbanas como las llamadas “oficinas de Cali”, y los responsabilizó de atentados recientes contra la población civil en Cali, el Valle del Cauca y el Cauca, ocurridos el pasado martes. De acuerdo con su declaración, estas acciones buscan sabotear el proceso de paz que se adelanta en la región de Nariño.
Solicitud del mandatario
En un pronunciamiento contundente, el presidente hizo un llamado directo a estas organizaciones para que rompan sus vínculos con la llamada “Junta del narcotráfico”, una organización transnacional que, según Petro, opera con sede en Dubái y representa uno de los principales motores de violencia en Colombia y América Latina. El mandatario solicitó formalmente a la Cancillería colombiana que gestione ante el gobierno de los Estados Unidos, la Unión Europea y los Emiratos Árabes Unidos, la declaración de esta Junta como una organización terrorista, dada su dimensión global en el tráfico de cocaína.
Petro denunció además que tanto el Clan del Golfo como el EMC estarían subordinados a esta Junta, lo que, según sus palabras, les permite controlar rutas estratégicas de exportación de cocaína como el Urabá antioqueño, el litoral Pacífico, el Puerto de Buenaventura, así como redes de sicariato y lavado de activos en Bogotá, incluyendo “oficinas urbanas” y grupos de delincuencia organizada.
Llamado a las autoridades colombianas
El presidente hizo un llamado a las autoridades judiciales colombianas, en particular a la fiscal general de la Nación, para que se investigue el levantamiento de la orden de captura contra Diego Marín, hecho que permitió su liberación por parte de la justicia de Portugal. Solicitó que se restablezca dicha orden de captura y se active a través de Interpol para que pueda ser detenido en cualquier país del mundo.
Finalmente, Gustavo Petro invitó tanto a los miembros de la Junta como a Diego Marín a poner fin a la violencia y someterse a la justicia colombiana. Reiteró que, si así lo desea la Fiscalía General de la Nación, podrían aplicarse los principios de la justicia restaurativa, recientemente aprobados por ley, lo que permitiría intercambiar verdad, reparación y desmantelamiento efectivo de la actividad ilegal por beneficios jurídicos.
El mensaje del presidente refuerza la postura del Gobierno Nacional frente a la criminalidad organizada y resalta la necesidad de abordar tanto el componente punitivo como el restaurativo para lograr una paz sostenible en los territorios.
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