En medio de la controversia por el decreto que convoca a una consulta popular, el senador Carlos Meisel, del Centro Democrático, anunció que fue radicada una demanda ante el Consejo de Estado para pedir que se anule la decisión del presidente Gustavo Petro.
La acción fue preparada por el equipo del también senador Miguel Uribe Turbay, quien no pudo firmarla personalmente porque se encuentra en recuperación, pero aun en estado crítico, tras haber sido víctima de un atentado en Bogotá.
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Según Meisel, el Gobierno envió el decreto a la Corte Constitucional, pero la oposición sostiene que el tribunal competente para revisar su legalidad es el Consejo de Estado.
“Radicamos nuestra demanda. Las cortes deben respetar sus competencias”, afirmó el senador. La tesis de Petro es la contraria: solo la Corte puede pronunciarse.
Meisel calificó el decreto como un “decretazo” lleno de irregularidades legales y aseguró que su demanda busca frenar un acto que, a su juicio, vulnera el marco jurídico.
En declaraciones a La FM, explicó que el texto fue firmado de forma apresurada e irregular, y que la prioridad es evitar que se consolide lo que considera un abuso de poder.
Aunque Miguel Uribe no pudo continuar con el proceso por razones obvias de salud, dejó claras instrucciones para que su bancada avanzara con las acciones jurídicas.
Meisel asumió esa tarea, que dijo es tanto política como personal.
Además de la demanda de nulidad, hay dos movimientos legales más en curso.
El representante Carlos Edward Osorio presentará una denuncia penal por prevaricato contra los ministros que firmaron el decreto, y también está en preparación una acusación formal contra el presidente Petro, que será enviada a la Comisión de Acusaciones de la Cámara.
“Tanto el presidente como sus ministros deben responder por violar la ley”, sentenció Meisel.
Las numerosas demandas que ha recibido la consulta popular
Ocho partidos políticos presentaron una demanda ante el Consejo de Estado solicitando la nulidad del acto administrativo.
Según las colectividades, el decreto representa una “grave ruptura del Estado de derecho” y pone en riesgo la separación de poderes, la legalidad y la soberanía popular.
De acuerdo con los partidos demandantes, el decreto presidencial desconoce la decisión del Senado, que el pasado 14 de mayo rechazó la propuesta de consulta popular al no alcanzar los votos necesarios para su aprobación.
En su recurso, las colectividades argumentaron que la medida refleja una “deriva autoritaria” que amenaza la estabilidad institucional del país.
Entre los fundamentos de la demanda se incluyen cuatro cargos principales: vulneración al Estado social de derecho, violación del principio de soberanía popular, extralimitación de funciones del presidente y desconocimiento del concepto previo obligatorio del Senado.
Los partidos también solicitaron al alto tribunal que adopte una medida cautelar para suspender provisionalmente los efectos del decreto.
Según explicaron, esta acción busca evitar gastos presupuestales irrecuperables y prevenir alteraciones al orden constitucional. En su declaración, insistieron en que el decreto constituye una extralimitación de funciones por parte del Ejecutivo, contraria al marco jurídico vigente.
Detrás de esta acción legal se encuentran los partidos Conservador, Cambio Radical, Centro Democrático, La U, Colombia Justa Libres, Verde Oxígeno, Liga Anticorrupción y Liberal.
Estas colectividades, además de la demanda ante el Consejo de Estado, anunciaron que presentarán denuncias ante la Comisión de Acusación y la Fiscalía General de la Nación como parte de su compromiso con la defensa de la democracia, la Constitución y el Estado de derecho.
El decreto firmado por Gustavo Petro el miércoles 11 de junio ha generado una fuerte controversia política.
A través de un mensaje en la red social X, el mandatario formalizó la convocatoria a la consulta popular, pero dejó abierta la posibilidad de derogar el decreto si el Senado aprueba la reforma laboral en los términos propuestos por la Cámara de Representantes.
“He firmado el decreto que convoca a la consulta popular. Solo se derogará antes de las urnas si los puntos que se le preguntan al pueblo para que exprese su orden constituyente son respondidos positivamente por el Congreso, poder constituido legítimo para discutir leyes”, declaró el presidente.
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