Petro firmó el decreto de la consulta popular y desató una tormenta institucional: gremios hablan de “golpe de Estado”

Sin previo aviso y en medio de una semana clave para el futuro de la reforma laboral, el presidente Gustavo Petro publicó una imagen en sus redes sociales que generó polémica, su firma estampada en el decreto que convoca a una consulta popular. El gesto, simbólico pero contundente, reactivó las tensiones entre el Ejecutivo y diversos sectores económicos y políticos, que acusan al Gobierno de traspasar los límites constitucionales.

La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) fue una de las primeras en pronunciarse. En un comunicado, la entidad señaló que la medida “vulnera el principio constitucional de la separación de las ramas del poder público, consagrado en el artículo 113 de la Constitución”. A juicio del gremio, el decreto desconoce abiertamente la negativa del Senado, que ya había rechazado una primera propuesta de consulta presentada por el presidente.

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Pero, el pronunciamiento fue más allá. La Andi advirtió que la decisión podría tener efectos profundos sobre el orden democrático, al abrir la puerta a lo que considera una “extralimitación” de funciones por parte del Ejecutivo y de los ministros que habrían avalado el documento. “El carácter de Estado social de derecho implica que Colombia se compromete a perseguir los fines previstos en el artículo 2 de la Constitución, siempre dentro del marco normativo del imperio de la ley y de la propia Carta Magna”, enfatizó el gremio.

Desde el sector comercial, el rechazo fue aún más vehemente. Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, calificó la firma del decreto como “un golpe de Estado, liderado por Gustavo Petro y sus ministros”. A su juicio, al pasar por encima de la decisión del Congreso, el Ejecutivo estaría incurriendo en una “peligrosa deriva autoritaria”. Cabal pidió una revisión urgente del acto por parte de todas las instituciones del Estado, en especial la Corte Constitucional y el Consejo de Estado.

En el Congreso, el ambiente también es tenso. El decreto llega en un momento de alta fricción, justo cuando el Senado discute la reforma laboral. Petro fue enfático, está dispuesto a derogar el decreto si se acoge en el Senado el texto aprobado por la Cámara de Representantes. Sin embargo, la presión de los gremios y la posibilidad de una nueva demanda judicial complican aún más el panorama legislativo. A esto se suma la incertidumbre dentro de las propias bancadas, donde algunos congresistas comenzaron a expresar reparos sobre el uso del mecanismo de consulta popular como vía alterna para impulsar reformas estructurales. El pulso político se intensifica.

La controversia se centra en un tema de fondo que comenzó a agitar el ambiente jurídico e institucional del país, la posibilidad de que el presidente convoque una consulta popular sobre una reforma que ya fue rechazada por el Congreso. Aunque el decreto ya fue firmado y anunciado públicamente, su legalidad está en tela de juicio, y la discusión sobre los límites del poder presidencial entra en terreno complejo.

Los gremios opositores, entre ellos la Andi y Fenalco, ya preparan demandas ante la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, con el objetivo de frenar lo que consideran una maniobra contraria al orden democrático. El país se encuentra, una vez más, ante un escenario de confrontación institucional, en el que no solo están en juego el futuro de una reforma, sino el equilibrio entre poderes. Las decisiones clave ya no se limitan al Capitolio; ahora se trasladan a los estrados judiciales, donde se definirá hasta dónde puede llegar el Ejecutivo.