El senador y precandidato presidencial David Luna ha presentado formalmente una demanda de inconstitucionalidad ante el Consejo de Estado contra el Decreto 0639 del 11 de junio de 2025, firmado por el presidente de la República, Gustavo Petro, y los ministros de despacho.
Según Luna, este decreto —que convoca a una consulta popular nacional— presenta “gravísimos vicios legales” y está “falsamente motivado”. Argumenta que la medida ya había sido rechazada previamente por el Senado de la República y considera que su implementación constituye una provocación en un momento crítico para la democracia colombiana.
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En sus declaraciones, Luna afirmó que Colombia atraviesa “uno de los momentos más difíciles de su historia”, recordando hechos recientes como el atentado contra el también candidato presidencial Miguel Uribe y más de 24 actos terroristas en los departamentos de Valle del Cauca, Cauca y Antioquia.
En este contexto, criticó al Gobierno nacional por, según él, no adoptar medidas efectivas para fortalecer la seguridad y proteger a la ciudadanía. Además, señaló que, lejos de actuar en defensa de la democracia, el Ejecutivo ha optado por decisiones que considera contrarias al orden constitucional.
El precandidato presidencial subrayó su compromiso de enfrentar tanto los actos violentos como aquellas acciones que, en su opinión, vulneran la Constitución Política de Colombia.
“No tenemos miedo y no vamos a permitir que nos arrebaten la democracia”, declaró Luna, haciendo un llamado a las instituciones del país para que actúen en defensa de la estabilidad democrática. Enfatizó que exigir el cumplimiento de la Constitución no debe interpretarse como un acto de polarización: “Exigir no es polarizar”.
La demanda ya fue radicada ante la Secretaría Sección Quinta del Consejo de Estado y se fundamenta en el artículo 135 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Cpaca).
En ella, Luna solicita la nulidad del decreto, argumentando que su expedición contraviene principios constitucionales. La acción judicial también incluye una medida cautelar, con la cual se pretende suspender de inmediato los efectos del decreto mientras se resuelve el fondo del proceso.
El contexto político en el que se presenta esta demanda es tenso. Las diferencias entre el Ejecutivo y sectores de la oposición se han profundizado, especialmente alrededor de decisiones que, según críticos como Luna, no solo generan división, sino que también ponen en riesgo la democracia.
El candidato ha aprovechado este escenario para fortalecer su discurso en defensa del orden constitucional y la unidad nacional.
En el documento de la demanda, Luna señala que el decreto fue expedido el 11 de junio de 2025 y detalla sus disposiciones sobre la convocatoria a una consulta popular nacional.
El proceso quedó registrado bajo el radicado 17321, y fueron anexados certificados y pruebas que respaldan la solicitud, incluyendo constancias de envío, el texto completo de la demanda y la solicitud de medida cautelar.
Finalmente, Luna reiteró su preocupación por lo que considera un debilitamiento de la fuerza pública.
Criticó al Gobierno por tomar decisiones que, a su juicio, no contribuyen a garantizar la seguridad ciudadana, y reiteró su llamado a que las instituciones actúen con firmeza para defender la democracia y hacer cumplir la Constitución.
La demanda de De la Espriella
El abogado penalista Abelardo de la Espriella también presentó una demanda ante el Consejo de Estado contra el Decreto 0639 de 2025, expedido por el presidente Gustavo Petro, que convoca una consulta popular nacional.
En el documento, De la Espriella argumenta que el decreto vulnera el artículo 104 de la Constitución, el cual exige que toda consulta popular cuente previamente con el concepto favorable del Senado. Según la demanda, esta condición no se cumplió, ya que el Senado rechazó la propuesta en una sesión plenaria el 14 de mayo de 2025.
La demanda, de 16 páginas, sostiene que la decisión del Ejecutivo constituye un acto inconstitucional y representa una concentración indebida de poder, al omitir los controles democráticos establecidos.
El jurista afirma que la consulta carece de legitimidad y que el decreto contraviene el principio de separación de poderes. También señala que los considerandos del decreto son “falsos” y no cumplen con los requisitos que justifiquen su expedición, lo que, a su juicio, constituye un vicio de procedimiento.
De la Espriella solicitó medidas cautelares urgentes para suspender los efectos del decreto mientras se resuelve su legalidad. Esta solicitud se apoya en los artículos 229 y 230 de la Ley 1437 de 2011, que permiten la suspensión provisional de actos administrativos cuando hay irregularidades en su expedición.
Por su parte, el presidente Petro defendió el decreto, afirmando que la consulta solo se retirará si el Congreso responde a los puntos planteados. Sin embargo, la demanda cuestiona tanto el fondo como la forma de su emisión.
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