La Fiscalía General de la Nación informó este 12 de junio la captura y judicialización de tres presuntos integrantes de una célula del frente Armando Ríos, conocido como E1, de las disidencias de las Farc.
Los detenidos estarían implicados en el reclutamiento forzado de al menos cuarenta menores de edad en los departamentos de Meta, Guaviare, Vaupés, Arauca y Cauca, principalmente en comunidades indígenas, indicó un comunicado de la Fiscalía General de la Nación el jueves 12 de junio de 2025.
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Los capturados fueron identificados como José Lisandro Díaz Isaza, alias Liso; Jhonatan Estiven Amaya Castillo, alias Tío; y Jhon Durango Reyes, alias Toribío.
De igual forma, el ente investigador destacó que se les imputaron los delitos de concierto para delinquir agravado, reclutamiento ilícito y fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido o privativo de las Fuerzas Armadas, o explosivos.
Ninguno de los procesados aceptó los cargos y, por decisión de un juez de control de garantías, se les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.
Detenidos son señalados de liderar red para reclutar menores de edad para disidencias de las Farc: los roles
De acuerdo con la investigación, liderada por la Dirección Especializada contra la Criminalidad Organizada, alias Tío sería el cabecilla de la célula miliciana y el encargado de identificar a las víctimas, priorizando a menores indígenas en situación de alta vulnerabilidad.
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Estos menores, según la Fiscalía, eran localizados en instituciones educativas de difícil acceso.
Alias Tío se hacía pasar por estudiante, y habría utilizado engaños, regalos y dinero para atraer a los menores, además de recurrir a la intimidación para inducirlos a unirse al grupo armado.
Después los menores eran entregados a otros miembros de la estructura y trasladados a las denominadas “escuelas” del grupo ilegal.
Una vez incorporados, los menores eran asignados a frentes armados y utilizados en actividades bélicas, incluyendo enfrentamientos con la Fuerza Pública y grupos rivales.
Junto a alias Tío, “Toribío” se encargaba del transporte de los menores que eran reclutados: su prioridad eran los jóvenes indígenas
Por su parte, alias Toribio habría facilitado el transporte fluvial de las víctimas desde internados y comunidades indígenas hasta los campamentos del grupo armado.
La Fiscalía documentó al menos cuarenta casos de reclutamiento en los cinco departamentos mencionados. Las capturas se realizaron en Carurú, Vaupés, durante operativos conjuntos entre el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), la Sijin de la Policía Nacional, la Brigada 31 del Ejército Nacional y la Fuerza Aeroespacial Colombiana.
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En los procedimientos fueron incautados cuatro teléfonos celulares, que serán analizados como parte de la investigación sobre la estructura criminal.
Con estas acciones las autoridades buscan combatir el reclutamiento de menores por parte de grupos armados ilegales en Colombia, una situación que ya ha sido denunciada en varias ocasiones por parte la Defensoría del Pueblo.
Hay zozobra por cuenta de un comunicado difundido por el Estado Mayor Central de la Farc
El comunicado difundido por el Estado Mayor Central de las Farc incluyó un elemento inusual: un código QR que permite a los lectores verificar la autenticidad del panfleto, hecho que evidencia la intención de consolidar su propaganda en un entorno digital y de alta desconfianza.
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El grupo insurgente advirtió a la población civil sobre el uso de drones y la amenaza de nuevos carros con explosivos en el suroccidente de Colombia, en medio de una escalada de ataques que ya ha dejado víctimas mortales y heridos en los departamentos de Cauca y Valle del Cauca.
El comunicado se emitió el martes 10 de junio, tras una serie de atentados en la región. El texto, firmado por el Estado Mayor Central de las Farc, contiene una serie de advertencias dirigidas a la población civil, a la que insta a mantenerse alejada de cuarteles, vehículos institucionales y personal de la Fuerza Pública, bajo el argumento de que los ataques tienen como objetivo principal a los militares.
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El documento detalló: “Si miran un carro acondicionado con explosivos o personal nuestro maniobrando drones, eviten acercarse o manipularlos, es por su seguridad”, una de las diez recomendaciones incluidas en el mensaje..
Además de las amenazas directas, el comunicado acusa al Estado colombiano de reactivar el conflicto armado mediante alianzas con fuerzas extranjeras, en particular con la presencia militar de Estados Unidos en el país.
El texto también denuncia una supuesta expansión del paramilitarismo y la implementación de proyectos extractivos en territorios bajo control de la organización, y según la facción disidente, justificaría la continuidad de sus acciones armadas.
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En palabras del comunicado: “La guerra contra las Farc EP es porque quieren perpetuar el paramilitarismo e impulsar megaproyectos en áreas donde nosotros hacemos presencia”.
El documento incluye una serie de medidas de seguridad para los civiles, entre ellas evitar estaciones de policía, instalaciones militares y puntos de control, y abstenerse de colaborar con patrullas oficiales.
Además, plantea la hipótesis de que las Fuerzas Armadas podrían estar utilizando a civiles como escudos humanos, una acusación que ha sido recurrente en la narrativa de estos grupos armados.
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