Bogotá intensificó controles de inspección a bares que violan las normas del ruido: establecimientos de Chapinero fueron los primeros castigados

Dos bares en la localidad de Chapinero, en Bogotá, reabrieron sus puertas tras haber sido clausurados por incumplir las normas ambientales relacionadas con el ruido, según detalló la Secretaría Distrital de Ambiente. Los establecimientos, que habían sido sellados previamente, retomaron sus actividades sin cumplir las medidas exigidas por las autoridades, lo que llevó a la imposición de nuevas sanciones por parte de la Alcaldía Local y la Policía Nacional.

De acuerdo con la entidad, los operativos de seguimiento y control se llevaron a cabo durante el fin de semana en la zona de rumba de la calle 84, un sector conocido por su actividad nocturna. En estas acciones, se verificó que los dos bares habían retirado los sellos de suspensión de actividades sin autorización y sin implementar las medidas técnicas requeridas para mitigar el impacto del ruido en la comunidad. Como resultado, las autoridades impusieron comparendos y medidas correctivas por violar los actos administrativos previamente establecidos.

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La secretaria de Ambiente de Bogotá, Adriana Soto, destacó la importancia de estas intervenciones para garantizar la tranquilidad de los ciudadanos. “Los bares que habían sido sellados en Chapinero por incumplir la norma de ruido reabrieron sus puertas sin adoptar las medidas exigidas”.

Seguidamente, la funcionaria explicó que: “En un operativo de seguimiento con la Alcaldía Local y la Policía, verificamos la reincidencia y se impusieron comparendos y medidas correctivas por violación de los actos administrativos. Reiteramos el llamado a los establecimientos de comercio a respetar las normas ambientales y cumplir las medidas impuestas, para evitar sanciones más severas. Nuestro objetivo es claro: seguiremos poniéndole orden al ruido en Bogotá y protegiendo la tranquilidad de los ciudadanos. Porque aquí sí pasa”.

Estos son los bares que abrieron sin autorización

Uno de los casos corresponde al bar El Andén Cantina, que había sido clausurado durante un operativo liderado por el alcalde Carlos Fernando Galán y la dependencia de Ambiente. A este establecimiento se le exigió realizar trabajos de insonorización para proteger la convivencia y el bienestar de los vecinos. Sin embargo, el bar retiró los sellos de suspensión de actividades sin autorización y reanudó su operación sin cumplir con las exigencias técnicas, lo que constituye una violación al acto administrativo.

El segundo caso involucra al establecimiento conocido anteriormente como Canalla, que ahora opera bajo el nombre de Cretina. Este bar también debía implementar medidas de insonorización, pero durante la visita de seguimiento se constató que no se habían realizado las acciones necesarias para controlar la emisión de ruido. Asimismo, se detectó un cambio de razón social y de administrador, una práctica que, según las autoridades, no exime al establecimiento de cumplir con las obligaciones ambientales impuestas.

La dependencia enfatizó que los bares y discotecas que han sido clausurados deben permanecer cerrados hasta que se verifique el cumplimiento total de los requerimientos establecidos en las medidas preventivas. En los casos en los que se evidencie un incumplimiento, como ocurrió con estos dos establecimientos, las autoridades pondrán los hechos en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación para que se adelanten las investigaciones correspondientes.

Por su parte, el director de Control Ambiental, Daniel Páez, subrayó el compromiso institucional con la legalidad y la defensa del derecho al descanso de los vecinos del sector. “Estas acciones reflejan el compromiso institucional con la legalidad y la defensa del derecho al descanso de los vecinos del sector, a quienes escuchamos”.

Páez, además añadió que: “Los establecimientos que no cumplan con la normatividad ambiental seguirán siendo objeto de medidas preventivas y, de ser procedente, sancionatorias. Además, en los casos como estos en los que se evidencia un incumplimiento de las medidas preventivas impuestas, pondremos los hechos en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación”.

Sanciones que serán impuestas a quienes violen la ley contra el ruido

La Ley 2450 de 2025, conocida como la Ley contra el ruido, establece un marco normativo para regular los comportamientos que afectan la tranquilidad y las relaciones respetuosas entre las personas en Colombia. Según lo dispuesto en el artículo 33 de esta legislación, se identifican una serie de conductas que, al generar molestias o perturbar la convivencia, están sujetas a medidas correctivas específicas. Entre las principales disposiciones, se encuentra la regulación de ruidos y actividades que impacten negativamente el entorno auditivo en zonas residenciales y espacios públicos.

De acuerdo con la normativa, en los vecindarios o lugares de habitación, se prohíbe perturbar el sosiego mediante sonidos o ruidos provenientes de actividades como fiestas, reuniones o eventos similares que afecten la convivencia.

En estos casos, las autoridades de policía están facultadas para intervenir y desactivar temporalmente la fuente del ruido si el responsable se niega a hacerlo. Asimismo, se regula el uso de dispositivos, maquinaria o cualquier medio que emita sonidos o vibraciones, salvo que estos provengan de construcciones o reparaciones realizadas en horarios permitidos. También se incluyen actividades privadas que, al trascender al ámbito público, alteren la tranquilidad de las personas.

La Ley 2450 de 2025 también detalla las medidas correctivas aplicables a quienes incurran en estas conductas. Por ejemplo, las infracciones relacionadas con ruidos en vecindarios o lugares de habitación están sujetas a una Multa General tipo 4, además de la posible disolución de reuniones o actividades que involucren aglomeraciones de público no complejas.

La Secretaría de Ambiente de Bogotá reiteró su llamado a los establecimientos de comercio a respetar las normas ambientales y a cumplir con las medidas impuestas para evitar sanciones más severas. Las acciones buscan garantizar la convivencia y el derecho a un ambiente sano, protegiendo tanto a los residentes como a los visitantes de la ciudad.