Mientras en el Congreso aún resuenan los ecos del fallido intento por aprobar la consulta popular propuesta por el Gobierno, el nuevo ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, irrumpió en el escenario político con una posición tajante, el presidente Gustavo Petro sí podría convocarla mediante un decreto, saltándose así el visto bueno del Senado.
La polémica se desató tras la sesión plenaria en la que la consulta fue negada por un estrecho margen, 49 votos en contra y 47 a favor. Pero Montealegre va más allá de los números. Según explicó, el trámite legislativo estuvo plagado de irregularidades graves que, a su juicio, vulneraron el debido proceso parlamentario.
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Para sustentar su postura, el ministro apuntó tres fallos puntuales durante la votación. El primero fue que, “el presidente del Senado cerró abruptamente la votación, cuando una de las senadoras tenía la expectativa legítima de participar en la misma”.
El segundo, “el secretario general cambió el sentido de un voto por el ‘sí’, para volverlo ‘no’, cuando estaba cerrada la votación”. Y el tercero, “no se dio paso a la apelación que se hizo en forma inmediata ante estos vicios. Sin tramitar la impugnación, no se podía dar por finalizada la sesión”.
En ese contexto, Montealegre consideró que el Ejecutivo tiene vía libre para emitir el decreto y convocar la consulta directamente, argumentando que el Congreso incurrió en vicios de procedimiento que le restan legitimidad a la negativa.
Pero el debate jurídico no termina ahí. Uno de los puntos más sensibles del asunto es quién debe ejercer el control de legalidad sobre ese posible decreto presidencial. Para el ministro, ese rol le corresponde exclusivamente a la Corte Constitucional. “La Corte no controla antes de la consulta, sino después”, afirmó, desmarcándose de quienes sostienen que el Consejo de Estado podría intervenir de manera anticipada.
Sin embargo, esta visión fue rápidamente cuestionada por voces dentro del Congreso. La representante a la Cámara por la Alianza Verde, Katherine Miranda, respondió con dureza: “Olvida el ‘erudito’ Montealegre que la Corte sí puede pronunciarse antes de que se haga la consulta”, dijo, citando antecedentes jurisprudenciales.
Miranda hizo alusión concreta a la sentencia C-525 de 2023, en la que el alto tribunal adoptó un enfoque preventivo al revisar la Ley de Paz Total. En ese fallo, según recordó, la Corte reconoció que podía intervenir de forma anticipada si existía riesgo real para los principios constitucionales fundamentales: “Si bien la Corte ha sido tradicionalmente reacia a fallar de forma anticipada, en sentencias como la C-525 de 2023, frente a la Ley de paz total, adoptó una doctrina de constitucionalidad condicionada con enfoque preventivo, reconociendo el deber del tribunal de intervenir cuando el diseño normativo plantea riesgos reales y previsibles para los principios constitucionales fundamentales, aún antes de su aplicación concreta”.
Lo cierto es que, con esta declaración, Montealegre no solo respaldó la estrategia jurídica del Gobierno, también avivó un debate institucional de fondo, al poner sobre la mesa los límites del poder presidencial frente a las decisiones del Congreso y el papel de la Corte Constitucional en escenarios marcados por tensiones políticas y legales.
El ministro del “decretazo”
Eduardo Montealegre Lynett, actual ministro de Justicia, nació en Ibagué el 14 de octubre de 1957. Es abogado del Externado de Colombia, donde se graduó en 1982, y se especializó en derecho penal en esa misma universidad y en la de Bonn, Alemania. También estudió derecho constitucional en Erlangen.
Inició su carrera judicial como sustanciador, juez penal y conjuez en tribunales de Bogotá y Cundinamarca. Fue viceprocurador general entre 1997 y 2001, magistrado de la Corte Constitucional y, en 2012, nombrado Fiscal General.
Ese mismo año integró una comisión que propuso reformar la justicia penal militar. Más recientemente, fue reconocido como víctima en el proceso penal contra Álvaro Uribe por soborno y fraude procesal. Montealegre y el exvicefiscal Perdomo acusan al abogado Diego Cadena de fabricar testimonios en su contra. Ha sido docente universitario y su papel en el Gobierno de Petro es clave para impulsar la consulta popular por decreto.
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