La circular emitida por la Superintendencia de Notariado y Registro establece que los propietarios de predios rurales en zonas priorizadas para la reforma agraria deben notificar a la Agencia Nacional de Tierras (ANT) antes de realizar cualquier transacción de compraventa. Esta disposición, que forma parte del Decreto 033 de 2025, otorga a la ANT una opción preferencial de compra sobre estos terrenos, lo que generó inquietudes sobre el alcance de la medida y sus implicaciones para la propiedad privada.
Con esta iniciativa, el Gobierno busca regular la adquisición de tierras rurales en municipios seleccionados como parte de su política de reforma agraria, otorgando a la ANT un plazo de 15 días hábiles para manifestar su interés en adquirir los predios antes de que puedan ser vendidos a terceros.
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De igual manera, la nueva normativa exige que cualquier ciudadano interesado en vender una finca o terreno rural en las áreas priorizadas debe primero informar a la ANT sobre la intención de venta. La circular de la Superintendencia señaló textualmente: “Los ciudadanos deberán informar a la ANT, previo a iniciar el proceso de escrituración sobre los negocios jurídicos que dispongan o prometan disponer del derecho real de dominio sobre los predios (...) para que dicha entidad pueda ejercer la opción privilegiada de compra”. Esta obligación recae sobre los propietarios de predios rurales en los municipios que el Gobierno ha identificado como prioritarios para la implementación de la reforma agraria.
Entre las voces críticas al decreto está la senadora de la República por el Centro Democrático, María Fernanda Cabal, que demandó ante el Consejo de Estado el decreto del Gobierno nacional. Según sus consideraciones, la resolución despoja a los campesinos de sus derechos.
“La propiedad privada es pilar de una sociedad libre. No permitiremos que el Gobierno abuse del poder para despojar a los campesinos de sus derechos mediante decretos arbitrarios”, señaló la precandidata presidencial.
Y agregó: “No tiene ningún sustento legal que se obligue a los propietarios de tierra tener que pedirle permiso como si fuera preferente, ofrecérsela a la Agencia Nacional de Tierras. No existe ni sustento legal ni está en la Constitución y la ley”.
Según la legisladora, la intención de esta acción judicial es que se suspenda de manera provisional el decreto, que trae consigo un daño considerable a los propietarios rurales y a la inversión en el campo.
Además, explicó que cerca de 82 municipios empezarán a ver sus efectos, porque genera incertidumbre sobre el ejercicio pleno de la propiedad y sobre los negocios jurídicos en zonas rurales.
Bajo la misma línea, la congresista Paloma Valencia aseguró que “la Agencia Nacional de Tierras puede detener la venta entre particulares y terminar comprando el predio. Es una nueva amenaza a la propiedad privada rural”.
Por su parte, la exministra de Agricultura, Cecilia López, expresó su preocupación por el alcance de la medida. Así mismo, cuestionó la decisión señalando que la norma ya existía, aunque con limitaciones, y objetó la generalización de su aplicación en el contexto actual.
“Esta norma ya existe, pero esa tiene limitaciones. Yo no soy abogada, pero esa norma tal como está se aplica en ciertas circunstancias, aunque no se puede generalizar qué es lo que está haciendo la ministra (…) el objeto de la reforma agraria es comprar tierras, pero yo creo que lo que están haciendo, y usando el lenguaje que están usando miembros del gobierno, es quitarles la tierra a los ricos”, declaró la exfuncionaria.
Con respecto a las críticas desde las diferentes orillas políticas, el Gobierno nacional argumentó que el decreto busca mejorar el acceso a tierras e impulsar la repartición de parcelas entre los grupos históricamente marginados en el país.
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