Imputación de César Manrique por escándalo en la Ungrd quedó en manos de la Corte Suprema de Justicia

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia será la encargada de definir qué autoridad judicial debe continuar con el proceso penal contra César Manrique Soacha, exdirector del Departamento Administrativo de la Función Pública, por su presunta participación en el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

La decisión fue tomada por la jueza 66 de control de garantías de Bogotá, que, aunque inicialmente se declaró competente para continuar con el caso, resolvió remitir el expediente del alto tribunal con el fin de evitar una posible nulidad futura del proceso.

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“Dentro de dicho contexto, la renuncia a sus cargos por parte de procesados aforados o el vencimiento del periodo para el cual fueron elegidos y la subsecuente pérdida aforal, en términos del artículo 235 constitucional, no implicaba consecuencia distinta a la modificación de la autoridad que debía seguir conociendo del trámite procesal, competencia que, sin mantenerse si existía anexo entre la conducta y las funciones desempeñadas como se sabe, pero que en términos generales existiendo con exclusividad un procedimiento en las condiciones de los ordenamientos citados no generaba ningún sobresalto en la actuación procesal”, explicó la juez al argumentar su decisión.

Con esta medida, la Sala Penal deberá determinar si la imputación contra Manrique debe realizarse ante un juez ordinario de Bogotá o si, por el tipo de cargo que ostentaba al momento de los hechos, el caso debe tramitarse ante el Tribunal Superior de Bogotá. La remisión se realizará en efecto suspensivo, lo que significa que el proceso quedará temporalmente congelado hasta que se resuelva el conflicto de competencias.

La discusión gira en torno al fuero constitucional de Manrique Soacha, que fue nombrado director de Función Pública mediante el decreto 1729 del 23 de agosto de 2022, cargo al que renunció y que le fue aceptado por medio del decreto 1326 del 1 de noviembre de 2024.

En su argumentación, la jueza precisó que las conductas atribuidas al exfuncionario no guardan relación directa con sus funciones como director de Función Pública, tal como lo establece el decreto 413 de 2016, el cual delimita el objeto y funciones del departamento.

“Las conductas realizadas presuntamente por el señor Manrique y otras personas han sido ajenas al ejercicio de las funciones que el cargo de dicho Departamento Administrativo de la Función Pública le imponía”, afirmó la togada, señalando que ni el convenio en cuestión ni los hechos imputados se relacionaban con su labor institucional.

Según el análisis presentado, Manrique no tuvo relación directa ni indirecta con la celebración del convenio 96-77-CB020-02-12-023 entre la Agencia Nacional de Tierras y el Fondo Nacional para la Gestión del Riesgo, cuyo propósito era aunar esfuerzos técnicos, administrativos, jurídicos y financieros para mitigar los efectos del fenómeno de La Niña, declarado desastre nacional en 2022.

“No hay relación directa con las citas interinstitucionales entre dos entidades como la Agencia Nacional de Tierras y la Unidad Nacional del Riesgo con el propósito de agenciar la reducción de convenios de los que no hace parte y no tiene relación con el objeto de la entidad que dirigía”, explicó la juez.

Asimismo, reiteró que la Ungrd está adscrita al Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), no a Función Pública, y que el ordenador del gasto era Olmedo López, no Manrique.

Pese a lo anterior, la Fiscalía General de la Nación sostiene que Manrique Soacha, junto a otros siete exfuncionarios y contratistas, habría participado activamente en una red de corrupción que desvió más de 100.000 millones de pesos de la Ungrd.

Entre los delitos imputados se encuentran concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación y lavado de activos. Según el ente acusador, los recursos habrían sido utilizados para beneficiar a empresarios cercanos, otorgándoles contratos para suministrar plantas desalinizadoras, tanques de almacenamiento y otros elementos.

La Fiscalía también afirmó que Manrique habría recibido una suma de “3.000 millones de pesos producto de la coima solicitada del contrato celebrado por la Ungrd con la corporación Yapurutú para la adquisición de un lote de carrotanques”.

Asimismo, se indicó que Olmedo López, exdirector de la Ungrd, y Luis Carlos Barreto habrían orquestado, en colaboración con Manrique, el traslado de los recursos públicos desde la Ungrd hacia la Agencia Nacional de Tierras para facilitar los contratos cuestionados.