El resguardo Gitó Dokabú, localizado en el departamento de Risaralda, fue escenario de un caso de maltrato a una menor de 17 años, según declaró la Defensora del Pueblo, Iris Marín.
Este caso captó la atención luego de que un video del incidente se hiciera viral en las redes sociales. El contenido muestra cómo la adolescente fue atada al techo de una choza y golpeada con palos de caña por varios hombres.
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Un acto que Marín describe como evidencia de una “agresividad estructural contra las mujeres”, y no simplemente un caso aislado.
La viralización del video en las plataformas digitales provocó una ola de reacciones de indignación y ha llevado a numerosas exigencias de justicia.
En este contexto de creciente preocupación, Juliana Dminico, representante de la Confederación de la Gran Nación emberá, habló sobre la gravedad del problema.
Dminico afirmó que estos actos de violencia no son incidentes aislados, sino que representan “solo la punta del iceberg” de un fenómeno más amplio de agresiones sistemáticas que afectan a múltiples territorios indígenas en Colombia.
De esta manera, la representante aseguró que la violencia contra las mujeres y los niños, es el pan de cada día. Por esto, es necesario iniciar un diálogo para eliminar estas prácticas: “no podemos permitir que el maltrato se excuse como una práctica cultural”, indicó Juliana al medio mencionado.
Además, la líder indígena detalló que las denuncias de este tipo de actos deben estar acompañadas de garantías para las víctimas y así evitar las consecuencias. “El temor a represalias y la falta de una infraestructura adecuada para manejar estas denuncias permiten que la violencia continúe”, agregó Dominica.
Sus declaraciones resaltan la necesidad urgente de abordar las condiciones de violencia y abuso que continúan afectando a las comunidades indígenas, reflejando un problema estructural que demanda atención de las autoridades y de la sociedad en su conjunto.
“Nuestra lucha como mujeres indígenas no es solo por nuestros derechos, sino por la protección de todas nuestras comunidades. No podemos quedarnos calladas ante estos abusos”, concluyó.
Piden al Ministerio del Interior protección y normas que cuiden a las mujeres indígenas
En un contexto de preocupación creciente por la seguridad y los derechos de las mujeres y niñas en comunidades indígenas, particularmente tras un reciente caso de violencia, organizaciones y líderes han pedido una intervención urgente.
Ángela Maya, rectora del colegio Dachi Dada Kera, encabeza una solicitud dirigida al Ministerio del Interior, buscando medidas concretas para proteger a las mujeres indígenas.
Paralelamente, el gobernador de Risaralda, Juan Diego Patiño, emitió un contundente mensaje de rechazo, sumando su voz a quienes demandan respuestas inmediatas. La Procuraduría General de la Nación también ha intervenido, pidiendo una investigación exhaustiva para asegurar el bienestar de jóvenes indígenas.
Según W Radio, los líderes indígenas del resguardo Gitó Dokabú han tomado medidas, deteniendo a los responsables del maltrato tras la circulación de un video.
Dario Restrepo Nembaregama, autoridad del resguardo, reiteró su rechazo a lo ocurrido, confirmando que los autores del delito se encuentran bajo la jurisdicción especial indígena.
Además, indicó que se están llevando a cabo discusiones con la Fiscalía General de la Nación para determinar una sanción penal adecuada. Caracol Radio detalló que la defensora del Pueblo, Iris Marín, afirmó que el incidente es una muestra de violencia sistemática, no es atribuible a sanciones impuestas por la jurisdicción indígena, y no debe verse como un hecho aislado.
La funcionaria resaltó que la violencia estructural y sistemática afecta a niñas y mujeres de diferentes culturas, y que ninguna práctica cultural debe prevalecer sobre el bienestar infantil.
En respuesta, mujeres indígenas de varios resguardos en Pueblo Rico han organizado una asamblea para manifestar su postura y exigir soluciones. Destacaron que la violencia contra las mujeres indígenas es una problemática histórica que ha permanecido en gran medida silenciada.
Las participantes instaron a que estas situaciones sean abordadas con un enfoque tanto interno como desde una colaboración con las instituciones gubernamentales, subrayando la necesidad de articular esfuerzos para enfrentar este problema persistente.
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